La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acaba de retratar la peor crisis humanitaria en la historia reciente de México: más de 128 mil personas desaparecidas hasta junio de 2025 y al menos 70 mil cuerpos sin identificar en las morgues del país. Chiapas, aunque menos visible en las estadísticas nacionales, no es una excepción.
En la entidad, cientos de familias buscan a sus seres queridos en medio de territorios controlados por el crimen organizado y rutas migratorias que se tragan a los hombres y mujeres que cruzan su geografía.
El informe, presentado el 11 de mayo en la capital del país, señala que la desaparición es una práctica generalizada que ocurre en todo el territorio nacional. Si bien los focos rojos se concentran en Jalisco, Estado de México y Tamaulipas, organizaciones de derechos humanos en Chiapas alertan que la indiferencia oficial ha normalizado la ausencia de cientos de campesinos, migrantes, jóvenes y defensores comunitarios en regiones como la Sierra, el Soconusco y los Altos.
La CIDH reconoció el valor de los colectivos de búsqueda —muchos de ellos encabezados por mujeres— que diariamente se juegan la vida para exhumar fosas clandestinas. En Chiapas, grupos como la Familia de Desaparecidos de la Frailesca llevan años señalando la complicidad entre funcionarios locales y grupos criminales, una de las aristas más oscuras que la Comisión subraya en sus 40 recomendaciones.
Entre las exigencias al Estado mexicano: una estrategia de prevención con enfoque territorial, recursos efectivos para la búsqueda inmediata, y una investigación forense capaz de identificar los cuerpos que se acumulan sin nombre en las morgues. También pide frenar la criminalización y las amenazas contra las madres buscadoras.
El gobierno de Claudia Sheinbaum —que ha cuestionado informes previos de la ONU— envió a dos subsecretarios a “escuchar” la presentación. Pero la Secretaría de Gobernación ya había tildado de “exageradas” las cifras, pese a que el registro oficial supera los 133 mil casos. Los colectivos fueron contundentes: no quieren más trámites burocráticos. Exigen justicia para los casos de tortura, ejecución extrajudicial y desaparición forzada.
Mientras el país se alista para el Mundial 2026, en Chiapas y el resto de México hay madres que aún recorren cerros, barrancas y caminos de terracería buscando un pedazo de verdad. La CIDH fue clara: la impunidad estructural es la norma. Y el Estado sigue debiendo una respuesta a más de 133 mil familias.