Al menos en cinco aspectos la nueva Ley de Seguridad es inconstitucional, pues incluye actuación de fuerzas armadas sin subordinarse a autoridades civiles.
Análisis PR
“La Ley de Seguridad Interior es inconstitucional en al menos cinco aspectos que incluyen opacidad, rendición de cuentas y ambigüedad”, advirtió el especialista Ernesto López Portillo, secretario técnico del Foro Mexicano para la Seguridad Democrática.
Este foro fue creado en octubre del año pasado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México.
Según López Portillo, “la ley contraviene directamente el artículo 21 constitucional al autorizar a las fuerzas armadas realizar tareas de seguridad pública y de investigación, además de que emplea conceptos ambiguos que permiten usar la fuerza del Estado en forma arbitraria.
La tercera falla es que posibilita que las Fuerzas Armadas actúen sin subordinarse a las autoridades civiles”, según un boletín de la Universidad Iberoamericana.
En contravención de la propia Constitución, “cuando en ningún concepto constitucional e instrumento jurídico internacional firmado por México se autoriza que las fuerzas armadas tengan el mando en tareas de seguridad pública”, señaló el especialista.
Como cuarto punto controversial, López Portillo señala que anula mecanismos de control y de rendición de cuentas y, finalmente, que viola los principios fundamentales de derecho de transparencia y acceso a la información.
“(Estos son ejemplos) de los ángulos de inconstitucionalidad que este Foro Mexicano para la Seguridad Democrática espera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conozca, y por lo tanto invalide la Ley de Seguridad Interior”, señaló López Portillo, según la Ibero.
El también consultor en temas de seguridad adelantó que “si la Corte no considera inconstitucional la ley, el Foro promoverá otras medidas jurídicas y reformas que por la vía civil mejoren a las instituciones policiales y el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Para que podamos frenar el proceso de militarización tenemos que propiciar, promover y lograr un fortalecimiento de las autoridades civiles”, mencionó.
“México ya tiene, antes incluso de esta ley, un problema grave de opacidad y de falta de rendición de cuentas en el uso de la fuerza por parte de la policía y las fuerzas armadas, con esta ley se generan hipótesis jurídicas de despliegue sin controles, sin visibilidad, sin posibilidad de supervisión por parte de la autoridad civil, a manos de la autoridad militar”.
