Camacho Quiroz no tiene idea del papel que le ha tocado jugar al firmar esa iniciativa de ley, pues de haberla leído no podría dejar de reírse de sí mismo por lo contradictorio de sus medianas iniciativas humanistas en contraste con la implementación de un Estado Militar en México
por Félix Santana Ángeles
El diputado federal priista, César Camacho Quiroz, ha comprado un boleto en la historia de México no por su gris interinato como gobernador del Estado de México en 1995, cuando en titular del Ejecutivo mexiquense en ese entonces, Emilio Chuayffet, se iba a la Secretaría de Gobernación, llamado por Ernesto Zedillo; tampoco por usar sus exclusivos relojes Patek Philipe Nautilus, con un costo de medio millón de pesos, sino por su desempeño como legislador en el Congreso de la Unión.
Evidentemente su aportación legislativa, como senador y diputado hasta el momento, ha sido un claro ejemplo de mediocridad, pues basta ver la web del Congreso para conocer el contenido de su trabajo como legislador, con iniciativas tan vacuas como declarar el 17 de septiembre “Día nacional contra la desaparición forzada de personas”, o la intensión de crear un Centro de Estudios de los Derechos Humanos de Población Vulnerable.
El desempeño legislativo de César Camacho conocería las grandes ligas, el 27 de octubre de 2016, cuando fue designado por Humberto Castillejos, el consejero jurídico de la Presidencia de la República y por los servicios de inteligencia de las fuerzas armadas, para ser portavoz y firmante de una iniciativa de Ley de Seguridad Interior junto con la también priista Martha Sofía Tamayo Morales.
La iniciativa presentada no es resultado intelectual de los priistas en cuestión, sino parte de un entramado institucional que inició con la reglamentación al artículo 29 Constitucional que permite establecer el Estado de Excepción en México a solicitud del presidente, con la cual se suspenden los derechos y garantías que pueden ser obstáculo para hacer frente a una situación de emergencia como en caso de invasión, perturbación grave de la paz pública y otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto.
Un engranaje más que progresivamente ha consolidado la superioridad de las fuerzas armadas son las reformas al Código de Justicia Militar de abril de 2016, que faculta a la autoridad militar a ejercer funciones civiles en tiempos de paz, facultando a los juzgados de control militares la posibilidad de ordenar cateos en casos de disciplina militar relacionados con crimen organizado, homicidio doloso y violentos con armas de fuego o explosivos.
Además autoriza a los militares a catear domicilios y en los tres niveles de gobierno las oficinas los poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial, organismos constitucionales autónomos o instalaciones de la Policía o el Ministerio público, intervenir comunicaciones privadas e incluso ubicar en tiempo real dispositivos móviles de telecomunicación.
El poder en México no despacha desde el Palacio Nacional o la residencia oficial de Los Pinos, sino en los cuarteles militares, y habrá que recordar que el pasado 20 de noviembre en el Campo Marte, Enrique Peña Nieto encabezó la ceremonia de 167 ascensos al grado inmediato, entre los cuales 70 asumieron como nuevos generales.
Un dato adicional que puede ayudar a entender a esta casta de privilegios llamada ejército mexicano se puede encontrar en el tabulador de sueldos de la Secretaría de la Defensa Nacional, en la que se especifica que un coronel tiene un sueldo mensual bruto de 92 mil 439 pesos, un general brigadier cobra un salario de 121 mil 433, un general de Brigada 158 mil 601 y un general de división 179 mil 87 pesos.
Como parte de este entramado de fortalecimiento financiero, legal e institucional de las fuerzas armadas, la Ley de Seguridad Interior fue promovida desde el 2015 por el PAN a través de Fernando Yunes, quien también planteaba algunas modificaciones a la Ley de Seguridad Nacional, bajo el argumento de proteger a los militares.
En la cronología de hechos no deja de llamar la atención el ataque que sufrieron efectivos militares en Sinaloa, la madrugada del 30 de setiembre de 2016, donde el general Alfonso Duarte Múgica, comandante de la Tercera Región Militar, aseguró que fueron emboscados resultando cinco soldados muertos, 10 lesionados y dos ilesos luego de una agresión con fusiles AK-47, AR-15, Barret 0.50 y granadas de fragmentación de uso exclusivo del ejército mexicano.
La respuesta retórica del secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, fue una abierta amenaza por “el alevoso y cobarde ataque de bestias criminales”. La respuesta legislativa del Estado a esta cuestionable agresión a las fuerzas armadas, que algunos analistas aseguran fue un montaje e incluso un auto-atentado, es la iniciativa de ley del deslucido legislador Camacho Quiroz.
En la iniciativa de ley de Seguridad Interior se legalizan una serie de acciones que realizan al margen de la Constitución las fuerzas federales, incluyendo a las fuerzas armadas, con el pretexto de lograr una normalización del orden interno institucional en un área geográfica del país.
Con esta ley los patrullajes del ejército y la marina, hasta hoy ilegales, contarán con un marco jurídico que les permitirá libertad de acción, además de establecer bases de operaciones móviles y fijas, puestos de seguridad, intercepción terrestre, áreas y marítima, reconocimientos, escoltas de seguridad y brindar seguridad a las instalaciones estratégicas.
En materia de transparencia resultará un marco legal opaco al clasificar la información de “inaccesible” por su característica de Seguridad Nacional; también permite a las autoridades utilizar cualquier método para la obtención de información, lo que implica un retroceso en materia de derechos humanos, porque la tortura, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales o el secuestro se han convertido en los instrumentos generadores de inteligencia más socorridos por las fuerzas policíacas y militares de nuestro país.
La implementación de esta ley dispone de toda la capacidad de las fuerzas armadas como ultima ratio del Poder Nacional para imponer el orden a partir de la emisión de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior muy similar a la que se implementa en los estados de Excepción del artículo 29 Constitucional, en la que para autorizarla se debe especificar la amenaza, su impacto, área geográfica, estadísticas de los hechos y las áreas de insuficiencias operativas para enfrentarla.
En los últimos años hemos transitado lentamente hacia un Estado Militar, donde la guerra en contra del narco sólo es una fachada que ha permitido la consolidación de emporios económicos basados en el tráfico de drogas, el saqueo de los recursos naturales, control de territorios o rutas comerciales, desplazando a comunidades enteras, ejecutando o abatiendo a líderes sociales que se resisten a la implementación del comercio más salvaje y que significa el uso y administración de la muerte para facilitar la neocolonización y saqueo de los recursos naturales (necropolítica), implementada desde los poderes fácticos y apoyada por el Estado con máquinas de guerra, institucionales o paramilitares, al servicio de los poderes económicos supranacionales.
Conociendo el sistema político mexicano, no resultará extraño que antes de que concluya el periodo legislativo, el PAN y el PRI con sus aliados, durante las fiestas de diciembre, en plenos festejos guadalupanos, el Congreso de la Unión aprobará la iniciativa del exgobernador mexiquense, desplazando de facto el poder militar al poder político electoral.
Camacho Quiroz no tiene idea del papel que le ha tocado jugar al firmar esa iniciativa de ley, pues de haberla leído no podría dejar de reírse de sí mismo por lo contradictorio de sus medianas iniciativas humanistas en contraste con la implementación de un Estado Militar en México; habrá que recordarle lo que Napoleón Bonaparte expresó hace 217 años, “las bayonetas sirven para tomar el poder, pero no para sentarse en ellas”.