A tres años de la desaparición en Iguala, Guerrero, de los 43 normalistas de Ayotzinapa, organizaciones defensoras de los derechos humanos denunciaron la ausencia de la aplicación de justicia para el caso por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto.
“El gobierno de México todavía no provee una versión concluyente de qué fue lo que ocurrió con los 43 estudiantes, quienes desaparecieron de forma forzada la noche del 26 de septiembre de 2014”, denunció la organización Washington Office on Latin América (WOLA, por sus siglas en inglés) con sede en la capital estadunidense.
La organización alertó que han pasado tres años sin que se dé solución al escándalo, pese a las evidencias que existen de que los estudiantes fueron víctimas de ataques violentos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado mexicano.
“Ni el gobierno ha identificado ni castigado a los responsables del crimen, no existe una investigación enfocada en los funcionarios que manejaron el caso y quienes pudieron haber obstruido la justicia”, enfatiza WOLA en un comunicado de prensa.
En este mismo tenor la organización dedicada a velar y defender los derechos humanos en América Latina, subrayó que “es injustificable” el avance tan lento de las investigaciones que lleva a cabo el gobierno de Peña Nieto del caso con mayor notoriedad a nivel internacional en los últimos años sobre la falta de respeto a la integridad de las garantías individuales en México.
“Esto resalta la urgente necesidad de continuar respaldando a los familiares de los estudiantes en su búsqueda de justicia y de la verdad”, añade WOLA.
El hecho de que a tres años de la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa no haya concluido una investigación para esclarecer el crimen, WOLA lo considera como evidencia de la “falta de compromiso del gobierno de Peña en la defensa e integridad los derechos humanos” de los mexicanos.
“La falta de progresos en el caso al que el gobierno de México consideró como la investigación más exhaustiva en la historia del país, junto con la obstrucción a la justicia y el montaje de evidencias por parte de funcionarios públicos para impedir una autentica investigación, simboliza una impunidad esparcida en el problemático sistema judicial mexicano y la ausencia de determinación política y de credibilidad por parte del gobierno para investigar y sancionar las violaciones de derechos humanos”, indicó Maureen Meyer, encargada del departamento de México en la organización defensora de los derechos humanos.
WOLA recuerda cómo la teoría del gobierno sobre lo ocurrido con los 43 normalistas sigue siendo “la verdad histórica”, que es la versión del exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, de que los jóvenes fueron incinerados en un basurero.
La “verdad histórica” del gobierno de Peña Nieto fue desmentida por las investigaciones y conclusiones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estado Americanos (OEA).
En su informe final, dado a conocer en abril de 2016, el GIEI concluyó que la hipótesis del gobierno mexicano era científicamente imposible de haber ocurrido. Entre sus conclusiones, el GIEI denunció el montaje de evidencias por parte del gobierno mexicano.
Los expertos también consideraron como posibilidad del crimen el que los estudiantes hayan sido víctimas del ataque por parte de las fuerzas de seguridad porque sin saber viajaban a Iguala en un autobús que transportaba una carga de heroína, cuyo destino final era el mercado negro de Estados Unidos.
El GIEI hizo varias recomendaciones al gobierno de Peña Nieto para esclarecer el caso y acelerar las investigaciones, sin embargo, el mes pasado la CIDH, luego de un viaje a México, expresó preocupación por la falta de compromisos y de avances en las averiguaciones del crimen por parte de las autoridades mexicanas.
Imágenes: Ivan Carmona
Toluca Edomex
