De las intimidaciones a los golpes: Aumenta la violencia en Zacualpan por grupos


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En fechas recientes el conflicto en la comunidad indígena de Zacualpan, Comala, ha pasado de las agresiones verbales e intimidaciones a los golpes, jaloneos y actos violentos de parte de los grupos priistas en contra de la organización ambientalista Bios Iguana y los habitantes opositores al proyecto minero.
A pesar de que los agresores son un grupo minoritario dentro de la comunidad, quienes simpatizan con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y apoyan al comisario de bienes comunales depuesto Carlos Guzmán, sus agresiones se han vuelto cada vez más violentas sin que las autoridades actúen al respecto.
La situación comenzó a empeorar desde el pasado 24 de agosto, cuando dicho grupo de priistas tomó con violencia la administración del balneario “Ojo de Agua”, donde agredieron con un golpe en la cabeza a una mujer de la tercera edad, ataque en el que utilizaron una piedra, provocándole una herida de 4 centímetros.
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A pesar de que elementos policiacos detuvieron a la agresora, quien fue remitida al ministerio público de Comala, se le otorgó la libertad después de pagar una fianza, por lo que se reintegró al grupo de personas que generan conflictos, amenazas y un ambiente de violencia.
Después de esa fecha las agresiones no bajaron de intensidad. En una reunión celebrada en la comunidad el 26 de agosto, a la que asistieron funcionarios municipales de Comala, las mismas personas ligadas al PRI y al excomisario ingresaron de manera agresiva retando, jaloneando y empujando a los servidores públicos, además de registrarse una trifulca al término de la audiencia, en donde no hubo ningún detenido, a pesar de que resultaron varias mujeres agredidas y con sangre en el rostro.
Apenas 5 días después, cuando el párroco de Apatzingán, Michoacán, Gregorio López ‘El padre Goyo’ visitó la comunidad, la comitiva –en la que se encontraban miembros de Bios Iguana-, fue recibida con pedradas y actos agresivos del mismo grupo que apoya la instalación del proyecto minero en el territorio indígena.

Por su parte, el diputado local Donaldo Zúñiga –quien se encontraba en la audiencia del día 26 de agosto y que también fue agredido verbalmente por el grupo violento-, dijo en entrevista paraColima 3.0 que “hay amenazas de uno de los grupos que señalan que de no llegar a acuerdos van a realizar actos más violentos”, refiriéndose a las personas que tomaron con violencia la administración del balneario de la comunidad.
En días pasados, en la red social Facebook surgió una página llamada “Movimiento anti bios iguana”, en la que se hacen acusaciones a la organización ambientalista, calificándola de fraudulenta; página en la que se intenta crear un ambiente de división aún más fuerte del que existe hasta ahora dentro de la comunidad, puesto que el administrador del portal –créditos que se adjudica un anónimo pero que se asume como presunto ex funcionario-, señala “estas con nosotros o eres del monto(n)..!!!” (Sic).
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Al respecto, Alejandro Bueno, activista de Bios Iguana, publicó en su cuenta de Facebook que “las acusaciones que Bios Iguana ha recibido por parte de medios oficialistas (…), así como de actores políticos de influencia en comuneros desinformados o confundidos, han ido desde vincularlos con el narcotráfico hasta con grupos violentos y muchas veces también de extorsionadores (…), pero parece que un nuevo ataque ahora desde las redes sociales se avecina y para que podamos garantizar que la lucha en equipo siga igual de exitosa, necesitamos unir fuerzas y apoyar a quienes nos apoyan”.
Hasta el momento, la organización ambientalista que apoya jurídicamente a los habitantes de Zacualpan en la lucha emprendida para declararse como territorio libre de minería, han insistido en no caer en provocaciones de los grupos violentos, no obstante, han actuado en apoyo a los habitantes afectados denunciando ante la Procuraduría General de la República a las personas que han cometido las agresiones.
Actualmente en la comunidad se vive un ambiente de tensión, puesto que las autoridades no han realizado acciones para garantizar la seguridad de los habitantes y frenar las intimidaciones, amenazas y agresiones.
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