MADERAS DEL PUEBLO DEL SURESTE, A.C.
“Por una Sociedad Justa, en Armonía con la Naturaleza”
Mayo 21, 2014
COMUNICADO PÚBLICO
SE DESATA UNA NUEVA Y AGRESIVA CAMPAÑA DE INTERESES PRIVATIZADORES DE LOS ESTRATÉGICOS BIENES NATURALES COMUNES DE LA SELVA LACANDONA Y DE LA RESERVA DE BIOSFERA MONTES AZULES, DISFRAZADOS DE “AMBIENTALISTAS”, VIOLANDO DERECHOS INDÍGENAS Y CRIMINALIZANDO LA PROTESTA SOCIAL
- La Selva Lacandona, es una bio-región estratégica, poseedora de valiosos y estratégicos bienes naturales comunes, como son el agua con sus caudalosos cauces; la biodiversidad con sus reservorios genéticos, plantas medicinales y bellezas escénicas; así como la extensa cobertura vegetal y lo que ella implica en captura de carbono y regulación climática, todo lo cual ha hecho de esta región, un botín, cuya apropiación y control sea ambicionado por gigantescas corporaciones multinacionales, agroalimentarias, farmacéuticas, petroleras, embotelladoras de agua, automotrices y generadoras de energía eléctrica, quienes hoy día, al amparo de políticas mundiales emitidas por organismos multilaterales, se disfrazan de “verdes ambientalistas”, siendo apoyadas por gobiernos nacionales y locales, con el impulso de acciones y programas como son el establecimiento y la imposición de Áreas Naturales Protegidas bajo control gubernamental; el pago por servicios ambientales; los proyectos de “eco”-turismo; Redd+, entre otros.
- Para una eficiente instrumentación de estas políticas, estas multinacionales del “capitalismo verde”, requieren de Ongs conservacionistas –de nivel internacional y local- y de Centros de Investigación, que actúen como “contrapartes” y operadores de campo, como en la Lacandona, ha sido el caso de la estadounidense, Conservación Internacional (CI), y de “Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable, AC”; “Natura Ecosistemas Mexicanos, AC” y el “Centro Interdisciplinario de Biodiversidad y Ambiente” (CeIBA), éstas tres últimas, auspiciadas y operadas –directa o indirectamente- por Julia Carabias y Javier de la Maza.
- Para su implantación y expansión, el capitalismo verde requiere –y exige- de territorios sin pueblos indígenas ni comunidades, máxime si éstos presentan una activa resistencia social y una reivindicación de sus derechos colectivos.
- Es por ello que en la Selva Lacandona, lo gobiernos -federal y estatal-, entre 2003 y 2012 impulsaron y desarrollaron una agresiva política de despeje territorial y despojo social, que, violentando derechos colectivos fundamentales, implicó la reubicación forzosa y el desalojo violento, de 45 pequeños poblados indígenas tseltales, tsotsiles y ch’oles, asentados dentro o en las inmediaciones de la Reserva de Biosfera Montes Azules, llegándose al caso de la impune masacre operada contra el pequeño poblado de Viejo Velazco (13 de noviembre, 2006) que costó la vida a una mujer embarazada, seis ancianos y dos agresores.
- Para justificar jurídicamente este despojo, el Estado mexicano se basó en el histórico fraude agrario cometido desde marzo de 1972, cuando –para facilitar el saqueo de maderas preciosas- ilegalmente emite el decreto presidencial de Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales, a favor de la llamada “Comunidad Zona Lacandona”, mediante el cual se reconoce y titula -de forma totalmente ilegal- 614 mil hectáreas de la selva a favor de únicamente 66 familias de origen Maya Caribe -mal llamadas “Lacandonas”- habitantes entonces de sólo 3 poblados (Lacanjá Chansayab; Nahá y Metzabok), lo cual significó la flagrante violación de los derechos agrarios y humanos, y un verdadero despojo, para 47 poblados tseltales, tsotsiles, ch´oles y tojolabales, asentados desde los años 50´s y 60´s, principalmente en la subregión de Las Cañadas, todos ellos con procesos agrarios legalmente instaurados (17 de ellos incluso, con Resolución Presidencial emitida).
Esta ilegítima e ilegal maniobra agraria, se complementó en 1978, con la inclusión -por decreto y en calidad de “subcomuneros”- de los jefes de familia de los poblados de “Frontera Echeverría” (de origen ch´ol – hoy Frontera Corozal) y Manuel Velazco Suárez (de origen tseltal – hoy Nueva Palestina) producto del primer proceso de reubicación forzosa ejercida en el periodo 1974-1976, sobre los 47 poblados citados, 21 de los cuales aceptan su reubicación y concentración en las dos “aldeas modelo” señaladas (Frontera Corozal y Nueva Palestina).Cabe señalar que los otros veintiséis poblados de Las Cañadas, amenazados de desalojo violento desde 1974, que se niegan a ser reubicados, crean, para su defensa y lucha agraria, la Unión de Ejidos Quiptic Ta Lecubtesel (1975), bajo la bandera de “No a la Brecha Lacandona”, Unión que devino en la Unión de Uniones y Grupos Campesinos Solidarios del estado de Chiapas (1981) surgiendo de esa raíz común, tanto las actuales ARICs (Independiente y Democrática y la Unión de Uniones Histórica) como el propio Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
