Representantes de 11 municipios de la Sierra Madre de Chiapas acordaron ayer constituir “batallones de autodefensa” civil, con la finalidad específica de evitar que grupos mineros de origen canadiense realicen extracción de minerales, en especial oro, titanio y barita, en esa región.
“La única preocupación de los grupos de autodefensa civil es defender su territorio, su patrimonio, el agua y el medio ambiente, ante la invasión de empresas extranjeras y complicidad con autoridades federales mexicanas”, dijo uno de los dirigentes del movimiento de integración de “batallones”.
En la localidad de El Pizarrín, perteneciente al municipio de Motozintla, se reunieron ayer unos dos mil representantes municipales, quienes acordaron la formación de los grupos de autodefensa cuya tarea inmediata será patrullar la región para impedir la actividad de las empresas mineras extranjeras.
Entre los congregados en dicha localidad –a 15 kilómetros de Motozintla— había sobre todo indígenas mames, cachiquel y mocho, varones y mujeres, jóvenes y adultos mayores, la mayoría con el rostro cubierto con pasamontañas y mostrando carteles alusivos a su movimiento.
Se trata de la localidad donde en octubre de 2012 grupos de inconformes con los resultados electorales quemaron la alcaldía y le dieron un ultimátum a los gobiernos federal y del estado para que cancelaran los 52 permisos de explotación minera otorgados a empresas extranjeras.
Los representantes municipales llegaron de los municipios de Bella Vista, Bejucal de Ocampo, La Grandeza, Mazapa de Madero, Escuintla, Acacoyagua, Siltepec, Motozintla, Frontera Comalapa, El Porvenir y Chicomuselo.
Dirigentes que se abstuvieron de dar sus nombres anunciaron que los habitantes de la región se declaran, asimismo, en huelga de pagos por consumo de energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad, hasta que los legisladores federales autoricen una tarifa justa para Chiapas.
Dijeron que las empresas mineras canadienses Cristina I y II, Titán I y II, que operan en el municipio de Acacoyagua; Grecia, en el municipio de Chicomuselo, y Nueva Francia, en el municipio de Motozintla, causan daño a la fauna y la flora y envenenan el agua que consumen los pobladores.
Ríos que desembocan en manglares –detallaron— afectan los mantos freáticos con filtraciones de alta contaminación de residuos sólidos.
Los representantes comunitarios hicieron un llamado al presidente Enrique Peña Nieto, al gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, y a los legisladores para que “escuchen la petición de los indígenas”, consistente en la cancelación definitiva de la exploración y explotación de las minas, así como de la riqueza forestal en la reserva de El Triunfo y La Sierra Madre.
Adelantaron que de ser atendidas sus demandas tomarán la justicia en sus manos, por lo cual responsabilizaron de inmediato a las autoridades de lo que pueda ocurrir como resultado de la integración de los batallones de autodefensa.
“Están advertidos, si alguien entra a las minas no nos hacemos responsables, la gente ya sabe lo que tiene que hacer, con eso les decimos todo”, dijo uno de los representantes.
Adicionalmente, demandaron la pavimentación de caminos, la instrumentación de programas sociales y fin al aumento de precios de la canasta básica.
Los representantes comunitarios aseguraron que la falta de interés del gobierno federal y del estado los obligó a conformar los batallones de autodefensa civil para defender su patrimonio, que son los recursos naturales de la región.
“La única preocupación de los grupos de autodefensa civil es defender su territorio, su patrimonio, el agua y el medio ambiente, ante la invasión de empresas extranjeras y complicidad con autoridades federales mexicanas”, dijo uno de los dirigentes del movimiento de integración de “batallones”.
En la localidad de El Pizarrín, perteneciente al municipio de Motozintla, se reunieron ayer unos dos mil representantes municipales, quienes acordaron la formación de los grupos de autodefensa cuya tarea inmediata será patrullar la región para impedir la actividad de las empresas mineras extranjeras.
Entre los congregados en dicha localidad –a 15 kilómetros de Motozintla— había sobre todo indígenas mames, cachiquel y mocho, varones y mujeres, jóvenes y adultos mayores, la mayoría con el rostro cubierto con pasamontañas y mostrando carteles alusivos a su movimiento.
Se trata de la localidad donde en octubre de 2012 grupos de inconformes con los resultados electorales quemaron la alcaldía y le dieron un ultimátum a los gobiernos federal y del estado para que cancelaran los 52 permisos de explotación minera otorgados a empresas extranjeras.
Los representantes municipales llegaron de los municipios de Bella Vista, Bejucal de Ocampo, La Grandeza, Mazapa de Madero, Escuintla, Acacoyagua, Siltepec, Motozintla, Frontera Comalapa, El Porvenir y Chicomuselo.
Dirigentes que se abstuvieron de dar sus nombres anunciaron que los habitantes de la región se declaran, asimismo, en huelga de pagos por consumo de energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad, hasta que los legisladores federales autoricen una tarifa justa para Chiapas.
Dijeron que las empresas mineras canadienses Cristina I y II, Titán I y II, que operan en el municipio de Acacoyagua; Grecia, en el municipio de Chicomuselo, y Nueva Francia, en el municipio de Motozintla, causan daño a la fauna y la flora y envenenan el agua que consumen los pobladores.
Ríos que desembocan en manglares –detallaron— afectan los mantos freáticos con filtraciones de alta contaminación de residuos sólidos.
Los representantes comunitarios hicieron un llamado al presidente Enrique Peña Nieto, al gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, y a los legisladores para que “escuchen la petición de los indígenas”, consistente en la cancelación definitiva de la exploración y explotación de las minas, así como de la riqueza forestal en la reserva de El Triunfo y La Sierra Madre.
Adelantaron que de ser atendidas sus demandas tomarán la justicia en sus manos, por lo cual responsabilizaron de inmediato a las autoridades de lo que pueda ocurrir como resultado de la integración de los batallones de autodefensa.
“Están advertidos, si alguien entra a las minas no nos hacemos responsables, la gente ya sabe lo que tiene que hacer, con eso les decimos todo”, dijo uno de los representantes.
Adicionalmente, demandaron la pavimentación de caminos, la instrumentación de programas sociales y fin al aumento de precios de la canasta básica.
Los representantes comunitarios aseguraron que la falta de interés del gobierno federal y del estado los obligó a conformar los batallones de autodefensa civil para defender su patrimonio, que son los recursos naturales de la región.