Familia Pasta de Conchos
En lo que va del 2012 han fallecido 25 trabajadores más en la región carbonífera de Coahuila. El total de mineros del carbón siniestrados desde 2006 hasta la fecha es de 147 (2006, 77; 2007, 3; 2008, 1; 2009, 8; 2010, 13 mineros y 2011, 30 más), caídos en pocitos, tajos y minas subterráneas de carbón, plantas de beneficio y transporte del carbón. Por lo que, a 78 meses del siniestro ocurrido en Pasta de Conchos que nos arrancó a 65 seres queridos, seguimos señalando que las condiciones de inseguridad laboral configuran primero, una crisis humanitaria por la cantidad de familiares afectados, no sólo huérfanos y viudas y segundo, una sistemática violación de derechos humanos laborales.
Llamamos a la CIDH que declare la admisibilidad de nuestro caso e inicie el litigio contra el Estado mexicano
Por ello, el Informe Especial sobre las condiciones de Seguridad e Higiene en la Zona Carbonífera del Estado de Coahuila de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (nov. 2011), concluye: “El análisis de la información obtenida evidencia que las condiciones en las que se realizan los trabajos de explotación del carbón distan mucho de ser las idóneas para asegurar un trabajo digno, conforme a lo establecido en el artículo 123 constitucional y los diversos instrumentos internacionales en que el Estado mexicano es parte, en tanto que no se da cumplimiento a las medidas de seguridad e higiene indispensables para efectuar dicha actividad, además de que las acciones emprendidas por el Estado no son suficientes para garantizar la integridad de los trabajadores, lo que contraviene sus derechos humanos a la legalidad, seguridad jurídica, seguridad personal e, incluso, a la vida”.
Situación que ha sido denunciada por las familias de los trabajadores en continuas movilizaciones desde 2006. Un cambio de timón para la minería del carbón implica, según lo venimos diciendo: a) el reinicio del rescate de los caídos en Pasta de Conchos; b) la reparación del daño de los siniestros acontecidos entre 2006 y los que van de 2012; c) la creación de la Comisión Nacional Reguladora del Carbón para resolver de raíz la problemática productiva de la región, oriente el desarrollo económico sustentable del sector y llene los vacíos legales que hacen posible las minas clandestinas y la violación de los derechos humanos laborales; d) la ratificación de los Convenios 176, 152, 81 y 138 de la Organización Internacional del Trabajo; e) PRODEMI ha de ser auditado y la relación con la CFE replanteada; y f) ciudadanizar el seguimiento, la observancia y fiscalización de estos procesos, mediante la ampliación de lo que la OIT llama “interlocutores sociales”, entre los cuales, nuestra organización ha sido reconocida por la misma OIT. Adyacente a estos cambios de fondo, es pertinente la debida actuación de la autoridad que ante los últimos hechos (15 mineros fallecidos en 15 días) ha respondido con suspensiones provisionales y definitivas (14 y 18 pocitos respectivamente), inspecciones extraordinarias y cumplimiento de medidas precautorias (SE, oficio 05712) y propuestas que van en la línea de una mejoría integral y cualitativa (rendir informes de actividades, aplicar sanciones más severas, suspensión inminente de actividades, recuperación ambiental, clausuras por protección civil, inclusión de penas privativas de libertad a fin de inhibir actos de negligencia patronal, etc.), ante las cuales sólo podemos esperar su implementación ya que aún hay tiempo para ellas, antes de que se agote el tiempo de esta administración, tal como ocurrió con la clausura definitiva del Pocito 3 de BINSA (Melchor González Veléz e Hilda Griselda Montemayor Marines, propietarios y Alfonso González Garza y los hermanos Jesús María y Edmundo Montemayor Seguy, concesionarios), segunda clausura en la historia de la región y del país.
Tal implementación de medidas de mejoría integral y cualitativa como de cambios de fondo, sólo se logrará si se pone en el centro de la problemática a los mineros del carbón y sus familias y no los intereses particulares, sean empresariales o sindicales, económicos o de poder. En este sentido, resulta arrogante y prepotente del sindicato minero, excluir miopemente a quienes no seamos sindicalistas o afines a su organización, so pretexto de actuar sedicentemente o de tenernos infundadamente como auxiliares de las empresas. En el caso reciente de la Mina VII Saltillito de Minosa, el sindicato minero y su dirigente máximo ignoran la actuación de la CNDH instruyendo la suspensión de actividades en la mina (oficio 63246 del 3 de agosto) y la competencia que en ello tenemos todos los defensores y defensoras de derechos humanos (tal como lo manifestamos en nuestros comunicados del 4 y 6 de agosto). De mantenerse el sindicato minero que dirige Napoleón Gómez en su postura inflexible de descalificar otros esfuerzos, seguirá siendo parte del problema y no de la solución.
De igual forma, ante la revisión que pretende hacerse el Partido Acción Nacional, para nuestra organización de familiares dolientes, esta resulta insuficiente y no autocrítica, si no incorporan su postura mayoritariamente insensible y pro empresarial en el caso del rescate de nuestros seres queridos. Será creíble su pretensión si se revisa críticamente, de cara a sus más caros principios y valores, el papel jugado en el caso, por los binomios Fox-Salazar y Calderón-Lozano.
Finalmente, hacemos un llamado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que declare la admisibilidad de nuestro caso e inicie el litigio contra el Estado mexicano por la violación a los derechos humanos de los 65 mineros y sus familiares y como ya lo señalamos a que la autoridad ministerial competente investigue los hechos de la Mina VII.
A una voz ¡RESCATE YA!
ORGANIZACIÓN FAMILIA PASTA DE CONCHOS, CEREAL, EQUIPO NACIONAL DE PASTORAL LABORAL
La vida vale más que el carbón, por lo que seguiremos en campaña Por una cuerda de vida para los mineros del carbón y sus familias.
Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos