La Corte es cómplice de los diputados y partidos políticos que, en 2008, aprobaron la contra-reforma energética. Esa vez decidieron la autorización para que Pemex otorgara contratos de exploración y producción de hidrocarburos. Esa “reforma” es lesiva a la nación; ahora se confirma.
Validan la inconstitucionalidad
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó el acuerdo mediante el cual el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia desechó en abril pasado, por notoriamente improcedente, la controversia constitucional que promovió la Cámara de Diputados, referente a los contratos de servicios para la evaluación, el desarrollo y la producción de hidrocarburos en las áreas de Magallanes, Carrizo y Santuario, en la región sur (Méndez A., en La Jornada, 17 ago 2011).
Ortiz había desechado esa controversia, pero el Legislativo interpuso el recurso de reclamación correspondiente ante el pleno de la Corte.
En la resolución, avalada por la mayoría de los ministros, se determinó desechar la controversia bajo el argumento jurídico de que existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, de conformidad con el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución, en virtud de que los actos impugnados no afectan el interés legítimo de la Cámara de diputados.
El criterio de los ministros ha sido que los diputados no están defendiendo sus propias
atribuciones con estas demandas, sino ejerciendo una especie de vigilancia legal oficiosa sobre actos administrativos concretos del Ejecutivo federal, función que no les corresponde.
Diputados y ministros farsantes
Los diputados, aparentando preocupación por la entrega de contratos a empresas extranjeras para la exploración y producción de hidrocarburos, cuestión explícitamente prohibida por la Constitución política del país, interpusieron una controversia constitucional ante la SCJN sabiendo que la perderían.
¿Porqué decimos que sabían el resultado final y solamente aparentaban? Muy sencillo, ellos mismos aprobaron la contra-reforma energética en 2008. Sí, no hemos olvidado que TODOS los partidos políticos y personeros electoreros avalaron el atraco.
De acuerdo a las reformas regresivas a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo y a la Ley de Pemex, los legisladores autorizaron que la paraestatal otorgue contratos en TODAS las actividades del proceso de trabajo petrolero. Eso incluye a la exploración y producción de hidrocarburos.
Hasta los asesores y supuestos “expertos” de AMLO defendieron que se otorgaran contratos. En consecuencia, los enemigos de Pemex procedieron a establecer un nuevo régimen de contratación. Con esa base, iniciaron el proceso de licitación para los primeros campos maduros ubicados en el sureste mexicano.
Antes de que la Corte resolviera, la licitación se había iniciado, estando apunto de decidirse al respecto. Ahora, lo harán apoyándose en el veredicto de la Corte que, desde luego, ni siquiera estudió el fondo del asunto.
La Corte, cómplice de la traición a la nación, simplemente se refirió al artículo 105 de la Constitución, referido a los asuntos que debe atender, y concluyó que la controversia es improcedente porque no afecta el interés de la Cámara de diputados.
Se trata de una nueva burla porque no se afectarán los intereses particulares de los legisladores pero sí los de la nación, que es lo verdaderamente importante.
Su constitución es el TLC
Ante la resolución de la Corte, los diputados no harán nada, simplemente repetirán que el otorgamiento de contratos es constitucional. Así lo determinó la Corte, dirán. Entonces, Coppel y sus mafias procederán con todo el maquillaje legalizado por diputados y ministros.
Con ello se confirma que la Constitución de los partidos políticos, poder ejecutivo, legislativo y judicial, es el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Norteamérica. El artículo 27 constitucional, párrafos cuarto y sexto en materia de hidrocarburos ya no existe, ha sido sustituido por el Anexo 602.3 del TLC.
Bajo esos principios, no tiene razón de ser ni las Cámaras de Senadores y Diputados, ni la SCJN y demás organismos judiciales. Esas serían apenas oficinas en México del gobierno norteamericano. México, como nación sería inexistente, lo que habría es un simple condado.
