Irresponsablemente, la cúpula smeíta propone reformar regresivamente a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Proponen un Sistema Federal de Electricidad en sustitución del Sistema Eléctrico Nacionalizado. Se trata de una ocurrencia privatizadora.
Ocurrencias e improvisación
Martín Esparza, con la brújula política perdida pero con la provocación afinada, ahora propone manosear más a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE) mediante reformas regresivas. Para ello cabildea con algunos diputados federales, entre ellos, los del PT y Convergencia que se han sumado de bruces al llamado de López Obrador, así como, Luis de Videragay, eventual candidato del PRI a gobernador del Estado de México.
En 1992, Jorge Sánchez, secretario general en turno del SME, apoyó a Salinas de Gortari y viceversa, para reformar a la LSPEE, tal como se propuso en el Tratado de Libre Comercio (TLC). Con las modificaciones regresivas, se inició el proceso de privatización eléctrica furtiva que al día de hoy rebasa el 50% de la capacidad de generación eléctrica total a nivel nacional en manos privadas.
Hoy, las reformas podrían ser peores. Aquella vez, el pacto fue a cambio de la creación de Luz y Fuerza del Centro (LFC), en las peores condiciones operativas y financieras. Esta vez, sería a cambio de la creación de una empresa eléctrica para Esparza y Cía.
¿Sistema Federal de Electricidad?
Esparza ha declarado a los medios que en la LSPEE hay un “vacío jurídico” porque esta señala que debe crearse un organismo para la región central y no se ha creado (sic). Se refiere al párrafo segundo del artículo 4o transitorio de la LSPEE. Pero se trata de una interpretación chistosa. El susodicho organismo, LFC, fue creado en 1994; más aún, fue extinguido en 2009. Pareciera que Esparza no lo sabe.
Si para “llenar” el vacío jurídico se creara otro organismo, éste no duraría tres días y volvería a quebrar. Entonces, se tendría que crear otro nuevo, y así sucesivamente. De entrada, ese no es un procedimiento parlamentario usual.
A la supuesta nueva empresa ya le pusieron nombre: Comisión de Electricidad del Centro. Se trata de un nombre erróneo. ¿Porqué Comisión? Ese nombrecito es equivocado aún para la Comisión Federal de Electricidad (CFE), denominación típica de las muchas comisiones que acostumbraba formar Cárdenas en los años 30 ́s. El México de hoy, sin embargo, es otro. Lo mismo puede decirse de la industria eléctrica.
Esparza insiste en promover una empresa para él solito (y probablemente sus seguidores del grupo “verde”). Eso dice pero el manoseo es mayor.
Para “fundamentar” su ocurrencia, propone la creación de un Sistema Federal de Electricidad (SFE), a cargo de dos organismos, uno la CFE y, otro, la nueva Comisión.
Probablemente estudiaron las implicaciones. Se trata de algo muy grave para la nación. ¿Para qué un Sistema Federal de Electricidad si existe un Sistema Eléctrico Nacional (SEN)?
Este SEN está interconectado en todo el país y es el resultado de la integración de la industria eléctrica nacionalizada. Habría, entonces, que despedazar a la LSPEE, misma que conquistamos en 1975 los electricistas de la Tendencia Democrática del SUTERM con la negativa explícita del SME.
Esta ley la propusimos con dos grandes objetivos: uno, reafirmar a la nacionalización de la industria eléctrica y, dos, establecer el concepto de servicio público. Ambas cuestiones las logramos.
En 1992, con las reformas salinistas, el concepto de servicio público de energía eléctrica fue pervertido. Hoy, con las pretensiones de Esparza se pervertiría la nacionalización misma.
Ya actualmente, existe un acelerado proceso de des-nacionalización eléctrica. Las propuestas de Esparza, lejos de resolver ningún problema, contribuirían a despedazar a la industria de los mexicanos a cambio de un feudo inviable.
Si el Sistema Federal de Electricidad se constituyera por la CFE y por la Comisión del Centro, las modificaciones a la LSPEE serán muy amplias. Se empezaría por redefinir, torcidamente, al proceso de trabajo eléctrico, especialmente las disposiciones relacionadas con la planeación eléctrica y demás funciones constitucionales. Luego, habría que eliminar al artículo 7o de la LSPEE. Este indica que la CFE es el organismo encargado de proporcionar el servicio público a nivel nacional.
Con la reforma de Esparza lo anterior se suprimiría para indicar que, en el centro del país, la responsabilidad sería de la nueva Comisión y, en el resto, sería la CFE. Esto es,
se llevaría a la categoría de la legislación, así sea secundaria, toda la tergiversación conceptual del SME sostenida durante los últimos 50 años.
Según ese “concepto”, LFC era todo el universo, lo demás no importaba. Todo lo bueno estaba en LFC, lo malo en CFE y “si privatizan a CFE que lo hagan, no nos importa”. Es decir, se trata de una visión de empresa contrapuesta a la de industria. Peor aún, el Sistema que propone Esparza no solamente es a conveniencia, sino absurdo.
El esquema de Esparza plantea reorganizar a la industria eléctrica nacionalizada que es única a nivel nacional, con un mismo proceso de trabajo, ahora en dos, como si en México hubiera dos naciones, una en el centro y otra en el resto del país.
Manoseo a la legislación eléctrica
Independientemente de las aberraciones políticas, la viabilidad de la empresa de Esparza está en entredicho. Así como su iniciativa de ley la mantienen en secreto, lo mismo ocurre con los correspondientes estudios técnico-económicos y de factibilidad.
¿Cuál sería el objeto de esa Comisión? Dirán: proporcionar el servicio público de energía eléctrica en el Valle de México. Suena aparentemente claro pero es erróneo. Esa facultad corresponde a la CFE en tanto representa a la industria eléctrica nacionalizada y el Valle de México no se ha separado de la República Mexicana. La nacionalización se ha pervertido pero no se ha extinguido.
¿Qué funciones tendría la Comisión? Dirán: las que indica la Constitución. ¿Porqué, acaso la Constitución se aplica para dos naciones diferentes inexistentes? ¡No! Lo que indica la Constitución, en materia eléctrica, son funciones constitucionalmente estratégicas a cargo exclusivo del Estado, a través de la CFE.
Por lo demás, la Comisión de Esparza NO puede ni podría generar energía eléctrica aunque lo quisiese. La infraestructura eléctrica a cargo de LFC jamás pasó de los históricos 847 MW, con una capacidad de generación siempre inferior al 1% del total nacional. Para abastecer de energía a la región, primero las compañías extranjeras y, luego, LFC se vieron obligadas a comprar “en bloque” a la CFE la energía que distribuían.
Ni con buena voluntad es posible que, de la noche a la mañana, por decreto, se genere energía eléctrica en la zona. Eso podrá hacerse por la CFE y eso a través de permisos PIE otorgados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE). ¿Apoco la nueva Comisión, antes de ser creada, ya tiene planes de generación eléctrica y los proyectos se construyen solos o en unos cuantos días? ¡NO¡ Cualquier nueva empresa eléctrica tendría que comprar “en bloque” la energía a distribuir.
Para generar, de entrada, se necesita capacidad financiera. ¿La tendría la nueva Comisión y para qué? Ya existe el organismo responsable y, en todo caso, debía impulsarse que los nuevos proyectos de generación en el centro los haga la CFE mediante administración directa. Claro que para ello, es preciso estar dentro del proceso de trabajo y de la institución, cuestión a la que se negó Esparza.
En tales condiciones, la creación de una empresa (eléctrica) dentro de la industria (eléctrica) es una contradicción que tiene como propósito seguir manoseando la LSPEE, misma que el SME jamás defendió sino a la inversa:
Esa iniciativa serviría de buen pretexto al gobierno neoliberal,
transnacionales, banqueros y empresarios nacionales interesados en “abrir” completamente la industria eléctrica al capital privado. Por supuesto, ya ni siquiera se podría llamar industria eléctrica nacionalizada sino, si acaso, industria eléctrica mexicana. Pareciera lo mismo pero es radicalmente distinto.
Política basada en mentiras
Esparza ha argumentado que con la nueva empresa se va a “regularizar el servicio”. A los usuarios les ha dicho que “bajarán las tarifas eléctricas”. Son burdas mentiras.
En la región hay algunos problemas pero el servicio público de energía eléctrica NO se ha interrumpido. ¿Qué servicio va a regularizar Esparza quien por lo demás nunca ha trabajado de electricista?
Para la nueva empresa no existe siquiera una plantilla básica de operación. Con las numerosas liquidaciones, la estructura operativa se derrumbó. La industria eléctrica incluye actividades administrativas pero éstas no son las fundamentales.
Ninguna nueva empresa eléctrica tiene facultades para decidir sus tarifas eléctricas. Este es un asunto nacional. En la medida en que la privatización ha llevado a la elevación furtiva de las tarifas eléctricas, éstas seguirán aumentando mientras siga creciendo la privatización. Sin revertir la privatización no podrá corregirse la estructura tarifaria desigual e inequitativa.
Por lo demás, entregarle a Esparza “su” empresa eléctrica es posible, bastaría otorgarle un permiso de la CRE para que se vuelva empresario eléctrico privado. Ese es el camino que tiene previsto Salinitas.
Por supuesto, no sobrevivirían, al poco tiempo tendrían que aliarse con las transnacionales. El SME vivió una amarga experiencia en 1915, cuando la huelga contra la telefónica Ericsson. En esa ocasión, Carranza terminó por entregarles la empresa para que la administraran. Luis N. Morones resultó ser el gerente. Al poco tiempo, tuvieron que reconocer el fracaso.
Hoy es diferente, para eso están las transnacionales. Pero el modelo es incorrecto. Lo que procede es apoyar y defender a la industria eléctrica nacionalizada. El SME ha tenido múltiples oportunidades pero siempre se negó a la integración industrial. Desde fuera es muy difícil subsistir y se crean condiciones viciadas que conducen a un camino reaccionario.
Las propuestas de Esparza deben rechazarse concientemente por ser lesivas a los trabajadores y a la nación. Ya es bastante haber sacrificado a 44 mil electricistas. El individuo que se ostenta como su representante responde políticamente al interés de las transnacionales.
