Informe de la Delegación Investigadora que visitó a Chiapas, México del 20 al 27 de marzo de 2010 para indagar sobre el asesinato de Mariano Abarca

INFORME
de la Delegación Investigadora que visitó a Chiapas, México
del 20 al 27 de marzo de 2010 para indagar sobre el asesinato
de Mariano Abarca Roblero y las actividades de Blackfire Exploration Ltd.


Resumen ejecutivo

Este informe es producto del viaje de una delegación a Chiapas, México, con el fin de investigar las actividades de la compañía minera privada canadiense Blackfire Exploration Ltd., con sede en Calgary. La delegación se integró a instancias de la Red Mexicana de Afectados por la Minería después del asesinato el 27 de noviembre de 2009 del activista ambientalista y opositor a las minas Mariano Abarca. La delegación visitó el municipio de Chicomuselo; los ejidos donde la mina Payback de Blackfire está ubicada; la ciudad vecina de San Cristóbal de las Casas; la capital del estado, Tuxtla Gutiérrez y, finalmente, la Embajada de Canadá en el Distrito Federal.
La delegación descubrió que, una vez que se hubieran otorgado por parte del gobierno federal de México concesiones para aprovechar el subsuelo (los minerales) en la zona, la compañía procedió a negociar acuerdos con organizaciones municipales y ejidales para tener derecho a la superficie también.1 Estos acuerdos fueron de carácter secreto y dudoso, además de que dejaron desprotegidos a los miembros de las comunidades locales, otorgándoles muy pocos beneficios derivados de la explotación de la mina de barita. La delegación tiene preocupaciones serias sobre la rendición de cuentas de los diversos niveles de gobierno en México con respecto a los beneficios que debieron haber recibido las comunidades afectadas por la mina.

El sitio de la mina Payback, propiedad de Blackfire, es parecido a una cantera, tiene una extensión aproximada de unos 15,000 metros cuadrados y está dividido en dos áreas principales de extracción. La vegetación boscosa ha sido removida para exponer las vetas de barita. La mina está ubicada en una zona montañosa empinada. Miembros de ejidos vecinos expresaron su preocupación por el impacto ambiental, especialmente respecto de los flujos y la calidad del agua, y el riesgo de derrumbes. Los residentes de Chicomuselo también expresaron su preocupación por nuevas grietas que han aparecido en los muros de sus casas debido al tránsito de camiones cargados con material pétreo por las calles del pueblo.

No hubo indicaciones visibles de que Blackfire haya tomado alguna medida preventiva para mitigar el riesgo en su mina a cielo abierto. El día 7 de diciembre de 2009, la institución del estado de Chiapas encargada de proteger el medio ambiente (la Secretaría de Medio Ambiente y Vivienda, SEMAVI) emitió una orden de clausura, poniendo fin temporal durante un periodo no definido a las actividades del proyecto a causa de violaciones ambientales. Tenemos entendido que la compañía está apelando esta clausura en los tribunales civiles del estado de Chiapas. Sin embargo, la mayoría de las personas con las que la delegación se entrevistó en Chiapas planteó claramente que deseaba que la compañía abandonara la zona de manera permanente.
Los impactos sociales de la mina de barita de Blackfire en el municipio de Chicomuselo son profundos, particularmente a raíz del asesinato de Mariano Abarca el 27 de noviembre de 2009. Las tensiones en la comunidad han bajado un poco desde la clausura de la mina, pero la casa de Abarca sigue bajo protección policiaca las 24 horas del día.
Actualmente seis personas se encuentran encarceladas y acusadas del asesinato de Mariano. La familia Abarca considera que en última instancia es la compañía Blackfire la responsable de la violencia que siguió a la apertura de la mina y que culminó en el asesinato de Mariano.






1 El ejido es una forma de tenencia de la tierra usufructuada por la comunidad y administrada por un consejo electo integrado por miembros del propio ejido. Hasta antes de que se cambiara el artículo 27 de la Constitución mexicana en 1992, en preparación para la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica en 1994, estaba prohibido que la tierra ejidal fuera fraccionada o vendida.


hace un llamado a las autoridades mexicanas para que intensifiquen su investigación y eviten que ésta se politice aún más de lo que ya está.
Este informe viene acompañado por una serie de recomendaciones que ponen en la mira a los actores centrales de este caso trágico, en un esfuerzo por buscar reparar el daño hecho a los más afectados por la operación minera de Blackfire en Chiapas, y al mismo tiempo por promover un cambio en la manera en que las compañías extractoras de recursos naturales que operan fuera de Canadá son reglamentadas por Ottawa.
Entre las recomendaciones de la delegación se encuentran:
• que Blackfire se retire de Chicomuselo y de Chiapas y que ponga un alto a la demanda que interpuso en el sistema judicial chiapaneco para revocar la orden de clausura emitida el 7 de diciembre de 2009 por la Secretaría de Medio Ambiente y Vivienda de Chiapas (SEMAVI);

• que Blackfire presente una disculpa pública por los actos de intimidación llevados a cabo por sus empleados, con referencia especial al asesinato del activista ambiental Mariano Abarca Roblero, por el que varios empleados de la empresa han sido encarcelados, mientras otros siguen prófugos;
• que se presente una moción de censura de todos los partidos a las actividades de Blackfire en Chiapas para ser votada en el Parlamento de Canadá;
• que el Parlamento de Canadá debata y promulgue las iniciativas C-300 y C-354 cuanto antes;
• que la Real Policía Montada Canadiense (RCMP) abra una investigación a fondo de las relaciones de Blackfire con las autoridades municipales de Chicomuselo de acuerdo con la denuncia presentada por nueve organizaciones canadienses ante la RCMP el 10 de marzo por violaciones a lo estipulado en la Ley sobre la Corrupción de Autoridades Públicas Extranjeras.

Primera parte: El contexto


A. Los antecedentes de la delegación

En enero de 2010, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) invitó a varias organizaciones canadienses a que enviaran una comisión investigadora a Chiapas después de una serie de acontecimientos ocurridos en 2009 que culminaron el 27 de noviembre de ese año con el trágico asesinato de Mariano Abarca Roblero, activista ambientalista y miembro de REMA (ver abajo la imagen de un homenaje a Mariano).
Cinco organizaciones canadienses (Common Frontiers, Council of Canadians, MiningWatch Canada, Sierra Club Canada y United Steelworkers) formaron un grupo de trabajo ad hoc para darle seguimiento a las actividades de la empresa minera Blackfire en el municipio de Chicomuselo.

Cuando llegó la invitación, rápidamente se decidió enviar una delegación canadiense para indagar con mayor detenimiento las circunstancias del asesinato de Mariano Abarca y preparar un informe sobre el caso.

Una delegación de tres personas, representantes de Common Frontiers, United Steelworkers and MiningWatch Canada respectivamente, llegaron a Chiapas el 20 de marzo de 2010 para iniciar su investigación. El itinerario y la lista de participantes se encuentran en el Anexo 1.
También debe tomarse en cuenta que el 10 de marzo de 2010, el grupo de trabajo ad hoc presentó una denuncia ante la Real Policía Montada Canadiense (RMPC), en contra de Blackfire por violaciones de la Ley sobre la Corrupción de Autoridades Públicas Extranjeras. La denuncia completa se encuentra en el Anexo

2.
B. La historia de Chicomuselo

El municipio de Chicomuselo se sitúa en el sur del estado de Chiapas, México, cerca de la frontera con Guatemala.

A pesar de que existen pocos estudios sobre el pasado pre-hispánico de la región, se sabe que el pueblo de Chicomuselo fue fundado originalmente por los mayas, y en el año 700 d. C. fue ocupado por emigrantes huastecos provenientes de la región de San Luis Potosí. El pueblo de Chicomuselo fue refundado por los españoles después de 1528 debido a su ubicación estratégica como punto de tránsito entre Comalapa y San Cristóbal de las Casas. Hoy, por lo general, los habitantes de la zona no se identifican como indígenas, aun cuando muchos sean de ascendencia maya y huasteca.

La población se dedica al cultivo de la tierra y muchos miembros de la comunidad practican la agricultura de subsistencia, con la siembra de maíz, frijoles, arroz, nuez de la India, café, sorgo, frutas y verduras, al igual que la ganadería, la pesca y la acuacultura en forma limitada. La producción del café ha disminuido significativamente desde 1994, al igual que los precios del maíz y el frijol. Este fenómeno ha contribuido a un incremento en la migración de Chicomuselo a otros centros urbanos y a los Estados Unidos de América. Una pequeña minoría de residentes locales se gana la vida como proveedores de transporte, educadores y empleados públicos.
Existen ciertos indicios históricos de que ha habido explotación minera en Chicomuselo en el pasado, probablemente de plomo, pero actualmente poco se sabe sobre esas actividades.

C. La presencia de Blackfire en Chicomuselo

Blackfire Exploration Ltd. es una empresa privada con sede en Calgary. Sus directivos y ejecutivos son ciudadanos mexicanos y canadienses, y la Mina Payback en Chiapas es la única mina de la empresa que está en producción. Payback está ubicada en el ejido Grecia en el municipio de Chicomuselo, Chiapas.2 La empresa también ha construido un camino de acceso que atraviesa el ejido Nueva Morelia. Ambos ejidos están ubicados en el municipio de Chicomuselo.

3
De acuerdo con el Reconocimiento Geológico de los Estados Unidos (U.S. Geological Survey), Blackfire Exploration Ltd. produjo 5,000 toneladas métricas mensuales de barita de una veta de alta calidad que medía 12 metros de ancho y 1,200 metros de largo (ver abajo una imagen de barita de la mina Payback).4 El mismo documento plantea que la empresa tenía planes de incrementar la extracción a 20,000 toneladas métricas al mes para finales de 2009. No se sabe cuánta barita estaba produciendo Blackfire justo antes de ser clausurada la mina.

2 Ver http://www.blackfireexploration.com/default.asp?id=14. 3 El ejido es una forma de tenencia de la tierra usufructuada por la comunidad y administrada por un consejo electo integrado por miembros del propio ejido. Hasta antes de que se cambiara el artículo 27 de la Constitución mexicana en 1992, estaba prohibido que la tierra ejidal fuera fraccionada o vendida. 4 Ver http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/barite/myb1-2008-barit.pdf.

El precio promedio por tonelada de barita fue de US$47.60, aun cuando el precio puede variar significativamente de acuerdo con la calidad del mineral.5 Recientemente ha habido un boom en la producción de barita que se asocia con un incremento en la exploración en busca de petróleo y gas natural, ya que la barita se utiliza fundamentalmente en la perforación de pozos petroleros. También puede ser utilizada en la producción de sustancias químicas y el vidrio, en la elaboración de alimentos y en la fabricación de televisores, computadoras y vehículos. Se cree que la mayoría, si no es que toda la barita extraída en Chicomuselo, fue vendida a la empresa petrolera estatal PEMEX en México.

A nivel mundial se producen 8,050,000 toneladas métricas de barita y los cuatro países productores más importantes son la India, China, Marruecos y Estados Unidos.6
A la delegación se le informó que los habitantes locales supieron por primera vez de los intereses mineros en la región al percatarse de que desconocidos estaban recolectando muestras de material pétreo de la superficie, en la orilla de los ríos, o de la presencia de camiones propiedad de Blackfire. El permiso de explotación fue otorgado al inicio a una empresa mexicana denominada Caracol. Se cree que los permisos originales en el ejido Grecia fueron vendidos a Blackfire en 2005. Blackfire posee nueve permisos adicionales en el municipio de Chicomuselo, y dos más en otras partes de Chiapas. La empresa también declara que contienen probables reservas de magnetita y titanio. La delegación no investigó los otros permisos o depósitos minerales.


D. Panorama general de la reglamentación minera en Chiapas

En México, la minería es regulada por varios niveles de gobierno. El gobierno federal, a través de la Secretaría de Economía (SE), otorga concesiones para usufructuar los minerales del subsuelo a empresas mineras de exploración. Sin embargo, más allá del otorgamiento de estos derechos, no está claro si el gobierno federal de México desempeñó algún papel activo en asegurar que la operación de Blackfire haya cumplido con lo estipulado en la legislación mexicana en cualquier otro aspecto.
Aparentemente, el Gobierno del Estado de Chiapas se está responsabilizando del monitoreo y la regulación de la operación minera. En particular, el estado de Chiapas estuvo íntimamente involucrado en los acuerdos sobre la infraestructura necesarios para poder implementar la operación minera, al igual que en el monitoreo del cumplimiento [por parte de la empresa] de la regulación ambiental.

Finalmente, una empresa minera como Blackfire debe llegar a acuerdos con los gobiernos locales y municipales sobre los derechos de explotación de la superficie. Si no lo hace, Blackfire no puede explotar la mina. En este caso, las autoridades municipales y los ejidos tuvieron que “negociar” con Blackfire con respecto a los beneficios y protecciones que se otorgarían a las comunidades locales como resultado de la operación de la mina. Encontramos que este proceso fue llevado a cabo en secreto y de manera que ha generado sospechas y, en última instancia, dejó muy desprotegidos a los integrantes de las comunidades además de otorgarles muy pocos beneficios por la explotación de la mina de Blackfire.
5 Idem. 6 Idem.


Segunda parte: La regulación y los beneficios para la comunidad por la operación de la mina de Blackfire

A. Breve descripción del sitio de la mina

El primer día de su viaje, la delegación visitó el sitio de la mina. La mina Payback se ubica en el kilómetro 45 de la carretera Chicomuselo-Barrio de San Ramón en el ejido Grecia. El sitio de la mina Payback es parecido a una cantera, tiene una extensión de aproximadamente 15,000 metros cuadrados y está dividido en dos áreas principales de extracción. La mina se encuentra a una altura de 1,419 metros sobre el nivel del mar. La vegetación boscosa ha sido removida para exponer las vetas de barita. Sin la capa superior del suelo, el impacto visual es el de un paisaje profundamente dañado (ver abajo la imagen del sitio de la mina).

B. Historia de las regulaciones relativas a la mina de Blackfire
Blackfire adquirió el derecho a explotar dicha propiedad en el ejido Grecia de parte de Caracol, una empresa minera mexicana, aproximadamente en 2005. La delegación no revisó en detalle los derechos y acuerdos que Caracol hubiera negociado previamente, si es que existieran.

La mina de Blackfire está ubicada parcialmente en el ejido Grecia, en la frontera del mismo y parcialmente en el ejido Nueva Morelia. Para que la mina pudiera operar, Blackfire tenía que adquirir los derechos sobre la superficie del suelo del ejido Grecia y a su vez la anuencia de Nueva Morelia para construir un camino de acceso, así como las instalaciones necesarias para un mínimo de procesamiento de la materia pétrea al pie de la montaña.

Desde finales de 2007 hasta junio de 2008, Blackfire “negoció” una serie de acuerdos con el ejido Grecia. El gobierno del estado de Chiapas firmó estos acuerdos. Sorprendentemente, estos acuerdos parecen no haberse hecho públicos. Es más, no queda claro si las comunidades de Grecia y Nueva Morelia fueron representadas de manera apropiada en sus pláticas con Blackfire.

La delegación se reunió con las comunidades de Nueva Morelia y Grecia para poder escuchar de primera mano sus expectativas con respecto a los beneficios que debían gozar de la operación de la mina y lo que realmente recibieron.
C. Los beneficios para el ejido Nueva Morelia
Con respecto a Nueva Morelia, aparentemente no hubo ninguna consulta o muy pocas con la comunidad antes de que se iniciara el desarrollo de la mina. Nadie pudo informar a la delegación sobre ningún acuerdo escrito a que se haya llegado con la comunidad.
A la delegación se le informó que Blackfire compró varias parcelas, pero aparentemente nunca se consultó con la comunidad, aun cuando la legislación mexicana estipula que la compra de una parcela debe ser aprobada por el ejido.
Muchos habitantes del ejido Nueva Morelia informaron a la delegación acerca de promesas hechas a la comunidad sobre beneficios sustanciales en la infraestructura comunitaria, incluyendo la apertura y revestimiento de caminos, instalaciones para atención médica y dinero en efectivo.

Sin embargo, no hubo ninguna evidencia de que la comunidad hubiera recibido algún beneficio sustancial de la mina que estableció Blackfire. Los miembros de la comunidad declararon que Blackfire construyó y utilizó un largo camino que atravesó Nueva Morelia, y luego procedió a la extracción de barita de las orillas del mismo, en contradicción con el acuerdo de que no se realizaría ninguna actividad minera en Nueva Morelia.

El 12 de febrero de 2010, fue presentada una denuncia popular ante las autoridades ambientales mexicanas en contra de Blackfire por parte de representantes de las comunidades Nueva Morelia, La Lucha, San Francisco las Palmas y otros en el municipio de Chicomuselo. La denuncia fue presentada ante la delegación en el estado de Chiapas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) por la contaminación, afectación y destrucción del medio ambiente en el municipio de Chicomuselo. Esto se hizo después de que se presentara una denuncia popular por parte de un empleado de SEMARNAT el 21 de enero de 2009, en que manifestaba su inconformidad con respecto al camino de acceso, pues constituyó un cambio no autorizado en el uso de terrenos forestales para el aprovechamiento del material pétreo para extraer minerales.
D. Los beneficios para el ejido Grecia

La situación en Grecia, el ejido donde está ubicada la mina, es un poco más complicada. Cuando la delegación se reunió con la comunidad de Grecia, se nos informó que, al igual que en el caso de Nueva Morelia, no se había consultado lo suficiente a los habitantes con respecto al proyecto de la mina, antes de que empezaran los trabajos en ella. Aun cuando en general los miembros de la comunidad —algunos de los cuales ocupaban puestos de responsabilidad— declaraban que tenían conocimiento de que se habían firmado acuerdos entre la comunidad de Grecia, Blackfire y el gobierno estatal, nadie tenía en su poder ninguna copia de los mismos. Después de pedírselas varias veces, se nos informó que no podíamos tener copias de estos acuerdos.

A los ejidatarios de Grecia se les informó que la mina iba a dar como resultado una mejoría en los caminos, la construcción de un tanque de agua, una clínica médica y una escuela para la comunidad además de la entrega de dinero en efectivo. Los miembros de la comunidad compartieron el punto de vista unánime de que en realidad recibieron muy pocos de dichos beneficios. El tanque de agua fue construido pero en general se considera que la obra no es de una calidad aceptable. Hubo mejorías mínimas en los caminos, de ninguna manera similares a lo que había esperado la comunidad. Aparte del tanque de agua y un tramo pequeño de camino mejorado, nadie en la comunidad de Grecia pudo identificar ningún beneficio tangible como resultado del desarrollo de la mina de Blackfire.


Un día después de que la delegación se reuniera con la comunidad de Grecia, consiguió copia de dos acuerdos entre Blackfire y la misma, con fecha de diciembre de 2007 y de junio de 2008, pero también de otros acuerdos, uno con fecha de junio de 2008 y otro de agosto de 2008 entre el ejido Grecia y el gobierno del estado. Todos estos documentos fueron firmados por autoridades del gobierno del estado. Estos acuerdos se encuentran en el Anexo 3.

El primer acuerdo firmado por Blackfire estipula que la empresa hará pagos grandes a la comunidad de Grecia, a saber, un primer pago de $100,000 M.N. y otros subsiguientes por la cantidad de $50,000 M.N. mensuales, con incrementos posibles una vez que la mina hubiera iniciado su producción. De acuerdo con el contrato de arrendamiento firmado 7 meses más tarde, este pago mensual de parte de Blackfire se aumentaría a $60,000 M.N.
Pocos habitantes de la comunidad tuvieron conocimiento de estos pagos o sabían a quién se habían hecho. Dada la cantidad de tratos secretos en torno a los acuerdos entre Blackfire y el ejido Grecia, la delegación considera que estos pagos provocan gran preocupación ante la posibilidad de que hubiera habido corrupción entre Blackfire y miembros del Comisariado Ejidal de Grecia, particularmente a la luz de lo que claramente ha ocurrido en Chicomuselo. Una cosa queda clara: nadie en Grecia pudo detectar que hubiera habido ningún beneficio para la comunidad a partir de estos pagos.
De hecho, en los propios acuerdos se estipula que los proyectos de infraestructura iban a ser realizados fundamentalmente por el gobierno del estado de Chiapas. Sin embargo, como se menciona antes, se efectuaron muy pocas mejorías en la infraestructura de la comunidad.

E. El papel del gobierno del estado de Chiapas

Finalmente, también queda claro que el gobierno del estado de Chiapas fue signatario de todos los acuerdos entre la comunidad y la mina. El gobierno del estado también asumió la responsabilidad por algunos trabajos de infraestructura que aparentemente tuvieron poco impacto positivo en las comunidades.

La delegación se reunió con autoridades de alto nivel del gobierno de Chiapas y les preguntó acerca de su papel en asegurar que las comunidades recibieran los beneficios de los que debían ser acreedoras. Se nos dijo que el gobierno de Chiapas había tenido un papel muy pequeño o nulo en el proceso y que los gobiernos locales tenían la responsabilidad de la negociación de tales acuerdos. Cuando se les señaló que estos interlocutores eran signatarios de los acuerdos, plantearon que sólo firmaron como “observadores”. Sostuvieron que su papel fue asegurar que se cumplieran correctamente todas las regulaciones relativas a la infraestructura.

La delegación tiene serias preocupaciones sobre la capacidad de rendición de cuentas de los diversos niveles de gobierno con respecto a los beneficios de los que debieran ser acreedoras las comunidades afectadas por la mina. En especial, diversos abogados en Chiapas informaron a la delegación que el gobierno de la entidad goza de gran impunidad. Como resultado, es casi imposible que las comunidades inicien una acción en contra del gobierno estatal por su responsabilidad en el incumplimiento del acuerdo de construcción de la infraestructura prometida.

Tercera parte: el deterioro ambiental causado por la mina

A. Las observaciones ambientales de la delegación
Como se mencionó antes, la delegación visitó al sitio de la mina y se encontró con una pequeña mina que comprendía dos excavaciones a cielo abierto ubicadas a una altura considerable en un extremo de un valle. La vegetación boscosa había sido removida con buldózer y la tierra en el sitio se había amontonado en depósitos que medían de 12 a 20 metros de alto con pendientes hacia abajo de entre 75 y 90 grados. El sitio se ubica en una zona montañosa en la que las pendientes de las colinas pueden ser de entre 45 y 60 grados. Estos factores llevaron a la Secretaría de Medio Ambiente y Vivienda del Estado de Chiapas (SEMAVI) a señalar que las condiciones podían provocar deslaves y derrumbes. Había fisuras visibles en la tierra rocosa que se había acumulado a los lados de las zonas excavadas.

La delegación escuchó a los habitantes de esta comunidad quienes expresaban su preocupación de que estas fisuras pudieran indicar que los montones de tierra eran inestables y podían, de presentarse lluvias fuertes, deslizarse hacia comunidades ubicadas cuesta abajo en el valle, aun cuando éstas se encontraran a varios kilómetros de distancia. Dada la actividad sísmica en esta zona (92 tremores en los primeros dos meses y medio de 2010), un terremoto de gran magnitud también podría significar un riesgo para las personas que viven cuesta debajo de la zona en que se encuentra la mina.
En el sitio de la mina, durante nuestro recorrido, se observaron varias cubetas que contenían sustancias no identificadas. Maquinaria abandonada (excavadoras y tractores con pala cargadora y brazo de retroexcavadora) permanecía en dos ubicaciones en el sitio. Blackfire también mantenía un área de almacenamiento a aproximadamente 7 kilómetros de la mina, y en el rincón nororiental del mismo se encontraban como seis tambos de 200 litros cada uno llenos de petróleo usado que se almacenaban al lado de filtros usados y trapos impregnados con aceite pesado (ver arriba imagen de cubetas llenas de petróleo).

No hubo indicios visibles de que Blackfire hubiera tomado medidas preventivas para mitigar cualquiera de los riesgos antes mencionados.
B. Las preocupaciones de la comunidad por los efectos ambientales
Se planteó una amplia gama de preocupaciones serias sobre cuestiones ambientales durante las reuniones de la delegación con los residentes de Chicomuselo y los ejidos de Grecia y Nueva Morelia.

En primer lugar, miembros de las comunidades expresaron su preocupación por la calidad del agua que utilizan para bañarse, para el riego, para el cuidado de los animales y para consumo humano. Se le informó a la delegación que desde la construcción de la mina, algunos arroyos que antes habían sido fuente de agua para consumo humano se habían secado. Otros arroyos y ríos han sufrido tal contaminación que si las personas se bañan en ellos, el agua les produce urticaria. Se le informó a la delegación que lavar la ropa en el río tampoco era posible ya.
Esta contaminación del agua aparentemente fue causada por el incremento de aluvión y lodo en los riachuelos y ríos como resultado de la erosión del suelo causada por la explotación de la mina. Esto concuerda con las observaciones de la propia delegación en el sitio de la mina. También se le informó a la delegación que la contaminación del agua ha matado a los peces de los arroyos.

En segundo lugar, se le informó en distintas ocasiones a la delegación que desde que se empezó a explotar la mina, el ganado ha ido muriendo más rápidamente en los pastizales río abajo. Los residentes de las comunidades reconocen abiertamente que ellos no son expertos ambientales y que no tienen pruebas científicas directas para fundamentar el planteamiento de que la muerte del ganado haya sido causada por la mina. Sin embargo, este hecho subraya otro tema planteado en varias ocasiones por los residentes locales: el hecho de que no se les otorgó ningún tipo de asesoría ni garantías con respecto al impacto ambiental de la mina. Es más, no tuvieron acceso alguno a asistencia de expertos cuando se vio que el problema pudo estar ligado a las actividades mineras.
En tercer lugar —y quizá lo más significativo— los residentes de las aldeas y los campesinos están preocupados ante la posibilidad de que ocurra un gran derrumbe al iniciar la temporada de lluvias en el mes de mayo o por un temblor fuerte. A la delegación se le informó que la temporada de lluvias de 2009 fue inusualmente ligera y que, como resultado, no había habido ningún derrumbe. Dada la cantidad de tierra superficial que han removido los operadores mineros y la aparente falta de firmeza de los montones de tierra acumulada, la delegación comparte las preocupaciones de la comunidad con respecto a la erosión del suelo y la posibilidad de un derrumbe.
Finalmente, la delegación se reunió con residentes del pueblo de Chicomuselo que expresaron su preocupación sobre las fisuras que han aparecido en los muros de sus casas como consecuencia del paso de camiones cargados de material pétreo propiedad de Blackfire.

En respuesta a las preguntas sobre los peligros ambientales ocasionados por la mina, los funcionarios de Blackfire han asegurado que la barita no es tóxica y que en la mina no se utilizan sustancias químicas. Un estudio realizado por el gobierno de Alberta [Canadá] ha demostrado que “entre las impurezas asociadas con la barita se incluyen el óxido de aluminio, el arsénico, el bario, el calcio, el cobre, el flúor, el óxido de hierro (III), el plomo, el manganeso, el óxido de silicio, el sulfato de estroncio, el zinc, el cadmio, el mercurio o el radio”.7 No se sabe cuáles de estas impurezas, si es que hubiera algunas, estén presentes en la mina de barita de Blackfire. Es más, estudios previos han demostrado que los tiraderos de minas de barita han contribuido a incrementar el nivel del azufre en los sistemas locales de agua en la India.8
C. La clausura de la mina de Blackfire por la SEMAVI

El 7 de diciembre de 2009, la Secretaria del Medio Ambiente y Vivienda del Estado de Chiapas (SEMAVI) ordenó la clausura “temporal total” de la mina de barita operada por Blackfire El informe completo de SEMAVI se encuentra en el Anexo 4.
Los motivos expuestos para la clausura son un ecosistema extremadamente frágil en los altos de la Sierra Madre de Chiapas donde una mina a cielo abierto podría llevar a la deforestación y posterior erosión, las que a su vez causarán impactos de corto, mediano y largo alcances de los cuales la zona nunca se recuperaría. Entre ellos se encuentran los siguientes:

• un impacto de cambio climático debido a los cambios ocasionados en el suelo y la vegetación que lleven a la emisión de gases de efecto invernadero;
• la afectación de fuentes de agua que nacen de la superficie y del subsuelo al igual que la interrupción de los ciclos hidrológicos;
• pérdida de diversidad biológica; • mayor riesgo/amenazas/vulnerabilidades para las zonas ubicadas al pie del sitio en que se halla
la mina debido a la escorrentía pluvial llena de materiales, junto con el peligro causado por a la tierra saturada de líquido presente en las laderas de la montaña; • riesgo no sólo de afectar el medio ambiente sino también los asentamientos humanos en zonas dentro del área de influencia si es que hubiera un evento significativo en el futuro.

En una reunión con el subsecretario de gobierno del estado de Chiapas, la delegación supo que en algún momento del primer trimestre de 2010, Blackfire presentó una demanda legal ante los tribunales mexicanos para apelar la orden de clausura de la mina por parte de la SEMAVI.

También se nos informó que Brent Willis, presidente de Blackfire, se había reunido la semana anterior a nuestra visita con integrantes de la oficina del subsecretario, y que había pedido que se reabriera la mina. Esta misma autoridad gubernamental nos aseguró que no tenían la intención de permitir que se abriera la mina Payback en el futuro. Sin embargo, si el tribunal fallara a favor de Blackfire, el gobierno estatal se vería obligado a dejar sin efecto la orden de clausura. Debe notarse que los numerosos residentes de la comunidad con los que nos reunimos en el municipio donde está situada la mina expresaron con mucha vehemencia su exigencia de que se ordenara a Blackfire abandonar Chiapas para siempre.

Cuarta parte: los impactos sociales de la mina de Blackfire
A. Las preocupaciones de la comunidad por los impactos sociales
El asesinato de Mariano Abarca fue el más grave incidente que ocurriera en la comunidad en relación con la presencia de Blackfire; sin embargo, los residentes expresaron su preocupación por la manera en que la empresa ha dividido a la comunidad. Entre las preocupaciones planteadas están que • aproximadamente 50 personas de la comunidad fueron contratadas por la empresa como empleados, obreros o guardias de la mina. Algunas de estas personas también fungieron como parte de un grupo de choque para amedrentar a cualquier opositor a las operaciones de Blackfire;


• algunas autoridades han recibido pequeños pagos por parte de la empresa, mientras que la mayoría de los habitantes locales ha recibido poco o nada de ese dinero;
• existe una división cada vez mayor sobre la base de la religión, pues, por un lado están los católicos que cuestionan las operaciones de Blackfire y su impacto en las comunidades, y, por otro, la mayoría de los evangélicos respaldan a la empresa.
• También se registra una división cada vez mayor entre hombres y mujeres en la medida en que las autoridades públicas han informado que las mujeres que viven en situación de pobreza y reciben un pequeño subsidio gubernamental bimestral (de Oportunidades Mujeres) podrían perderlo si se oponen a la operación de la mina.
B. El activismo en contra de las minas y el asesinato de Mariano Abarca
Mariano Abarca Roblero, junto con otros miembros de la comunidad, se empeñó en crear conciencia sobre los efectos de la minería. Trabajó junto con la Red de Afectados por la Minería (REMA). Junto con otros, Mariano participaba en la investigación sobre la situación legal de la empresa, en la exigencia de beneficios para sus comunidades y en crear lazos con ejidatarios para denunciar la afectación de sus tierras por parte de la empresa. Mariano no fue miembro activo de la Iglesia católica, pero coordinaba con la parroquia local actividades educativas relacionadas con la lucha en contra de la minería.

Al no haber ninguna respuesta a las demandas de la comunidad con respecto a la empresa, los residentes locales empezaron a realizar una serie de bloqueos de caminos y manifestaciones con pancartas en el pueblo de Chicomuselo y sus alrededores para poner un alto al traslado de la barita hacia fuera de la zona.

Estos bloqueos fueron fundamentalmente el resultado de promesas incumplidas por parte de Blackfire. También fueron un recurso para obligar al cumplimiento de demandas relativas a la reparación de daños, como en el caso de habitantes del pueblo cuyas casas presentan grietas en los muros a causa del tránsito de camiones de carga pesados. Estas acciones empezaron a intensificarse a partir de junio de 2009.

En agosto de 2008, dos empleados de Blackfire golpearon a Mariano, uno de los activistas en contra de la mina con más alto perfil en Chicomuselo, y a uno de sus hijos. Los empleados llegaron a la casa de Mariano vestidos con chalecos de la empresa. Durante el incidente, con una pistola apuntaron a la cabeza de la esposa de Mariano.
El 17 de agosto de 2009, la policía de Chicomuselo detuvo a Mariano en la calle. Fue encarcelado sin justificación legal y acusado de ataques contra las vías de comunicación, asociación delictuosa, de atentar contra la paz pública y otros delitos. Fue liberado unos ocho días más tarde después de una campaña local e internacional de envío de cartas al gobernador de Chiapas.

El 23 de noviembre de 2009, Mariano interpuso una demanda administrativa en contra de Ciro Roblero Pérez y Luis Antonio Flores Villatoro, este último jefe de relaciones públicas de Blackfire. En su demanda, Mariano le planteó a la autoridad gubernamental que estos individuos habían proferido serias amenazas de muerte en contra de su persona. Afirmó que Ciro Roblero le había dicho que lo habían perseguido amenazando con hacerlo pedazos para que abandonara su campaña en contra de la mina. En estos documentos, Abarca señaló que si cualquier cosa le aconteciera, él responsabilizaba a la empresa minera canadiense Blackfire.

Dos días antes de la fecha en que la policía había programado iniciar formalmente su investigación sobre las amenazas en contra de Abarca, el 27 de noviembre de 2009, Mariano fue asesinado fuera de su casa y negocio sobre la calle principal de Chicomuselo. Fue baleado por la espalda por una persona que iba a pie (imagen de la esposa de Mariano en su tumba).

La delegación se reunió con don Orlando Vásquez, testigo ocular del asesinato. Don Orlando también sufrió una herida de bala en el momento del asesinato, pero no pudo identificar al asesino. Él estaba convencido de que Abarca fue asesinado debido a su activismo en contra de la mina de Blackfire. Poco tiempo después del asesinato, tres individuos fueron formalmente acusados del mismo. De acuerdo con el boletín de prensa del procurador de Justicia de Chiapas, estos individuos son: Jorge Carlos Sepúlveda Calvo (identificado en el boletín como el asesino material), Caralampio López Vázquez (acusado de ser cómplice) y Ricardo Antonio Coutiño Velasco (también identificado como cómplice).

De acuerdo con este boletín de prensa gubernamental, los tres individuos mantenían una relación estrecha con Blackfire. López Vázquez era jefe de personal y seguridad de la empresa y trabajó como chofer y traductor de un ejecutivo de la misma. Sepúlveda Calvo trabajó como chofer de Blackfire, y Coutiño Velasco era dueño de un camión que alquilaba Blackfire como parte de su flota vehicular.9
Desde que se realizaran estas tres detenciones iniciales, tres hombres más han sido encarcelados. Blackfire ha rechazado cualquier responsabilidad en el asesinato de Mariano.

9 Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, “Esclarece Procuraduría de Chiapas homicidio de Mariano Abarca Roblero”, boletín de prensa, 8 de diciembre de 2009.
Informe de la Delegación Investigadora que visitó a Chiapas,
En enero de 2010, Walter Antonio León Montoya fue acusado formalmente de ser el autor intelectual del asesinato de Mariano. León Montoya es un ex diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y opositor político del gobernador actual de Chiapas, que es miembro del Partido de la Revolución Democrática (PRD). También encabeza una asociación de transportistas que tenía contratos con Blackfire. Actualmente se encuentra encarcelado.

El 17 de febrero de 2010 fue detenido y también acusado de la autoría intelectual del asesinato de Mariano, Horacio Culebro Borrayas, abogado de Blackfire en Chiapas.
A finales de marzo de 2010, Carlos Calderón Gallegos fue detenido, acusado de haber sido involucrado en el asesinato de Mariano. Calderón estuvo involucrado en la golpiza de Mariano en agosto de 2008.

Cuando la delegación se reunió con autoridades del estado de Chiapas, éstas expresaron su certidumbre de que se hubiera detenido a los responsables del asesinato; sin embargo, REMA y la familia Abarca exigen que la investigación siga. Han señalado nombres de individuos y específicamente han pedido que se investigue al jefe de relaciones públicas de Blackfire, el señor Luis Antonio Flores Villatoro, y a ocho personas más.

Tanto las comunidades como los abogados expresaron su preocupación debido a que en su opinión se estaba politizando la investigación del asesinato, lo que algunos creen ocasionará que no se haga justicia. REMA considera que los cargos en contra de León Montoya son una forma de venganza política.
Hubo consenso general entre los miembros de la comunidad de que Blackfire es la responsable de la espiral de violencia que estalló después de la construcción de la mina, violencia que culminó en el asesinato de Mariano Abarca. La familia Abarca, los residentes locales y los representantes de REMA fueron categóricos al exigir que se haga justicia, y al señalar que los canadienses responsables de este proyecto también debieran ser investigados.

Quinta parte: el contexto canadiense

A. El procesamiento legal y la reforma legislativa en Canadá
El caso de Blackfire evidencia que se necesita urgentemente una mayor regulación de las empresas canadienses extractoras de recursos naturales que operan fuera de las fronteras canadienses. El sector extractivo canadiense tiene alcances globales y, en años recientes, el proceder de varias compañías ha sido objeto de un escrutinio minucioso. Blackfire es sólo el ejemplo más reciente de una conducta irresponsable.
Las empresas mineras canadienses operan con casi total impunidad en todo el mundo. Este problema fue destacado por el Informe de la mesa redonda sobre la responsabilidad social empresarial y las industrias extractivas canadienses en los países en vías de desarrollo (Report of the National Roundtable on Corporate Social Responsibility [CSR] and the Canadian Extractive Industries in Developing Countries), publicado en marzo de 2007. Este informe señaló numerosas 10 http://otrosmundoschiapas.org/index.php/mineria/99-mariano-abarca.html.de recomendaciones, incluyendo que se legislara en el mismo sentido que propone el informe de la delegación.

La delegación dedicó un tiempo considerable a escuchar la opinión de activistas, abogados y miembros de las comunidades mexicanos acerca de la necesidad de justicia en la comunidad. Detectó gran preocupación ante la posibilidad de que Blackfire nunca tuviera que enfrentar cargos en el sistema judicial por las violaciones de los derechos ambientales y humanos en Chiapas. Fue particularmente importante para la delegación la enorme preocupación expresada por la familia de Mariano Abarca de que Blackfire debería responder ante las autoridades por el asesinato de Mariano, pues desde su punto de vista era Blackfire en última instancia la responsable de la violencia que inició con la instalación de la mina y que culminó en el asesinato de Mariano.
Aunque los sucesos en torno a Blackfire constituyen un caso extremo, es sólo un ejemplo del comportamiento irresponsable de parte de corporaciones canadienses en el escenario internacional. Para poner un alto a la impunidad con la que estas corporaciones operan, la delegación quiere hacer hincapié en tres iniciativas legales y de política pública que podrían servir para hacer que Blackfire y otras corporaciones similares se vean obligadas a rendir cuentas de sus acciones.

B. El procesamiento de Blackfire por violaciones a la Ley Canadiense sobre Corrupción
Antes de la visita de la delegación a Chiapas, un grupo de nueve organizaciones no gubernamentales canadienses le entregaron un expediente a la Real Policía Montada Canadiense (RCMP) en que se pedía que ésta formulara cargos en contra de Blackfire por violaciones a La Ley sobre Actos para Corromper a Autoridades Públicas Extranjeras. Una copia de esta denuncia se encuentra incluida en el Anexo 2. Esta denuncia hace énfasis en que existen pruebas fehacientes de los pagos hechos por Blackfire a Julio César Velásquez Calderón, el presidente municipal de Chicomuselo, por servicios extra oficiales a favor de Blackfire. La mencionada ley ha estado en vigor en Canadá desde 1998, pero rara vez se ha aplicado para formular cargos en contra de corporaciones canadienses que operan en el extranjero.

Debido a la falta de otra legislación canadiense vigente que asegure que corporaciones como Blackfire deban rendir cuentas por sus acciones, resulta imprescindible que la RCMP tome las medidas necesarias con base en esta información para investigar a fondo a los ejecutivos de Blackfire con respecto a estos pagos. Al conversar con los activistas en Chicomuselo, la delegación se dio cuenta de que el tema de la corrupción era extremadamente importante. Puesto que no se consultó a la comunidad antes de la apertura de la mina, el consenso general es que el proceso de aprobación para la apertura de la mina no tuvo bases sólidas. Es más, se mostró gran escepticismo acerca de la posibilidad de que autoridades mexicanas o los ejecutivos de Blackfire tuvieran que rendir cuentas alguna vez por la forma corrupta en que parece haberse llevado a cabo una parte importante del proceso de desarrollo de la mina.

C. La preocupación por un doble estándar que aparentemente opera en la embajada canadiense en México

La delegación se preocupó por un aparente doble estándar que las representaciones diplomáticas canadienses siguen a veces en un país extranjero, en este caso, México. La Embajada Canadiense en México, por ejemplo, financió y circuló Una carpeta informativa sobre la minería en México (An Information Kit about Mining in Mexico), que contiene sugerencias para empresas con el objeto de lograr penetrar sin conflicto en las comunidades que podrían ser impactadas por la presencia de una mina. El sitio web de la embajada menciona con orgullo una serie de servicios gratuitos ofrecidos a las empresas canadienses para ayudarlas a establecer operaciones e incluso sugiere que empleados de la embajada pueden apoyar a las compañías en la resolución de problemas. Sin embargo, como en el caso de Blackfire, cuando una empresa canadiense se comporta de manera irresponsable y la comunidad local afectada se ve en la necesidad de contactar a la embajada canadiense con una queja —como ocurrió dos veces en el caso de Blackfire— se informa a dicha comunidad que el asunto no es de la incumbencia de la embajada.

Durante la reunión de la delegación en la Embajada Canadiense en el Distrito Federal, preguntamos si Blackfire había recibido apoyo de la misma. No se nos dio una respuesta clara; sin embargo, el gobierno canadiense sí otorga amplia asistencia, consejos y, en algunos casos, financiamiento a las compañías mineras canadienses presentes en México. Haya sido o no el caso de Blackfire, la delegación cree que este tipo de apoyo debe condicionarse al cumplimiento del requisito concreto de que las corporaciones canadienses respeten los derechos humanos y ambientales de las y los ciudadanas(os) mexicanas(os).



La delegación sabía de la existencia de un informe sobre el caso Blackfire preparado por el consejero político de la Embajada canadiense durante un viaje a Chiapas a principios de 2010. Cuando la delegación pidió una copia del informe, se nos respondió que esto no era posible, pues el documento era de carácter reservado y confidencial.
D. Proyecto de Ley C-300, Ley sobre la responsabilización de las empresas con respecto a sus actividades mineras, petroleras y de explotación de gas en los países en desarroll.

El Proyecto de Ley C-300, presentada por el miembro del parlamento John McKay (del Partido Liberal, representante del distrito Scarborough-Guildwood), es una importante propuesta legislativa que sería un instrumento que avanzaría en el proceso de obligar a las corporaciones mineras canadienses a rendir cuentas por acciones irresponsables en tierras extranjeras.

En lo fundamental, la iniciativa plantea que el apoyo del gobierno canadiense para las empresas en los sectores minero, petrolero y de explotación del gas natural debe ser condicionado a los estándares de la responsabilidad social empresarial con respecto de los derechos humanos y ambientales. Esto incluye el apoyo financiero y político brindado a través de los comisionados para el comercio, las relaciones exteriores, Desarrollo de Exportaciones Canadá y el Plan de Pensiones Canadiense. La legislación toma como base las recomendaciones de la antes mencionada Mesa redonda sobre la responsabilidad social empresarial en las industrias extractivas. De acuerdo con esta legislación, las denuncias contra corporaciones como Blackfire podrían presentarse ante el Ministro de Comercio Internacional y Relaciones Exteriores [de Canadá].

La iniciativa ordena al ministro atender cada denuncia siempre y cuando no sea frívola, y determinar si la compañía viola los estándares o no. Todo ello sería publicado en la Gazette (Gaceta). Sin embargo, a las empresas privadas como Blackfire no se les podría imponer una sanción financiera como las que propone la iniciativa, la cual rescindiría todo apoyo de los contribuyentes (sea a través de la inversión del Plan de Pensiones Canadiense, la garantía de préstamos por parte de Desarrollo de Exportaciones Canadá, alguna póliza de seguro contra riesgos políticos, o cualquier otra fuente pública) a compañías que, según fallo judicial, hayan sido sancionadas por haber violado los estándares internacionales de derechos humanos y reglamentos relevantes en tanto no cumplan con los mismos.

Aun cuando no sea perfecta, la Iniciativa C-300 podría promover un ambiente que ayudaría a que empresas como Blackfire deban rendir cuentas a Ottawa, por lo que creemos que dicha iniciativa amerita ser promulgada por el parlamento.
E. Proyecto de Ley C-354, la Ley sobre la Promoción y Protección Internacionales de los Derechos Humanos

Esta iniciativa, presentada en las últimas dos sesiones del parlamento por el miembro del parlamento por el Nuevo Partido Demócrata, Peter Julian, crearía una nueva causal que facultaría a los tribunales federales canadienses para atraer y fallar en casos de demandas por violaciones al derecho internacional cometidas fuera de Canadá.
Específicamente, la legislación permitiría a personas que no son ciudadanos canadienses demandar a cualquier individuo en Canadá por violaciones de los derechos humanos, ambientales o laborales básicos cuando los hechos ocurran fuera del país. La iniciativa también ordenaría a los jueces del Tribunal Federal cerciorarse de que ese Tribunal sea el foro apropiado para juzgar estos casos antes de permitir que dicha demanda proceda.
Hoy en día, existen pocos mecanismos efectivos concretos para asegurar que se respeten los derechos humanos, laborales y ambientales. La Ley sobre la Promoción y Protección Internacionales de los Derechos Humanos (IPPHRA, por sus siglas en inglés) desempeña esta función en el caso de las víctimas de violaciones de derechos humanos en el ámbito internacional cuando en el país en el que dichas violaciones ocurren no existe un foro para exigir que se cumplan.

El principal modelo en el cual se basa la Iniciativa C-354 se encuentra en Estados Unidos. Se trata de la Ley sobre la Petición de Reparación de Daños de parte de Extranjeros (Alien Tort Claims Act, o ATCA por sus siglas en inglés), que permite a los extranjeros presentar demandas civiles ante los tribunales estadounidenses. No se ha recurrido a esta ley durante muchos años, pero, desde 1980, se han presentado muchas demandas ante los tribunales estadounidenses buscando la reparación de daños por una amplia gama de violaciones de los derechos humanos, incluyendo el genocidio, crímenes de lesa humanidad, asesinatos extra judiciales, casos de esclavitud, tortura, detención indebida y violaciones de derechos ambientales.

La IPPHRA permitirá a las víctimas de abusos contra sus derechos humanos exigir en Canadá la indemnización de parte de quienes han cometido estas violaciones. Por ejemplo, en el caso de Blackfire, la IPPHRA le permitiría a la familia de Mariano Abarca demandar a Blackfire por su participación en la muerte del activista. De manera similar, las comunidades locales podrían interponer una demanda en contra de Blackfire por la violación de derechos ambientales a raíz de la instalación y operación de la mina.

La IPPHRA les permitiría a los jueces fallar que el demandado debe pagar daños y perjuicios, con el objetivo de prevenir una conducta abusiva similar por parte de otros en el futuro. El simple riesgo de tener que pagar la reparación de daños constituiría un ejemplo para potenciales violadores de derechos como Blackfire, y dejaría en evidencia que tal conducta es tan costosa en lo personal como inaceptable en lo social.
Además de cualquier pago monetario que determinaran los tribunales, estos casos serán importantes para las víctimas y sus familias. Durante su desarrollo, los demandantes tienen la oportunidad de contar sus experiencias ante un tribunal y el derecho al careo con los que hayan violado sus derechos. El juicio mismo crea un registro oficial de los abusos perpetrados contra las víctimas.

EL Informe de la Delegación Investigadora que visitó a Chiapas, México del 20 al 27 de
presentación de estas demandas civiles por daños y perjuicios puede empoderar a las víctimas y darles un medio para combatir este trato aborrecible.
En general, el gobierno canadiense se presenta como defensor de los derechos humanos en el escenario internacional. Canadá ha sido vanguardia en la creación de muchas instituciones de derechos humanos en la ONU y otras partes, pero ha dado pocos pasos concretos hacia la creación de foros jurídicos legítimos con poder para remediar significativamente los daños infligidos a las víctimas de violaciones de derechos humanos.

Es importante que las corporaciones y otros actores no estatales canadienses respeten los derechos humanos y laborales y los estándares ambientales internacionales. Las Iniciativas C-300 y C-354 tienen por objeto aminorar la tendencia de parte de algunas empresas a no tomar en cuenta los derechos humanos básicos en aras de la competencia en ultramar en jurisdicciones en donde los derechos humanos, los estándares ambientales y los derechos laborales no son suficientemente protegidos.

En resumen, para mantener nuestro lugar en la comunidad internacional, es imprescindible que el gobierno canadiense exija a las corporaciones canadienses comportarse de manera responsable en las comunidades donde deseen hacer negocios. Tanto la Iniciativa C-300 como la 354 ayudarían a asegurar que las corporaciones canadienses respeten los principios básicos de los derechos humanos al operar en el extranjero. Hace mucho tiempo ya que el gobierno canadiense debió haber actuado con respecto a estas propuestas.

Sexta parte: conclusiones y recomendaciones

La delegación ha llegado a las siguientes conclusiones:
A. La ausencia de beneficios para la comunidad
• La mina se instaló y se operó sin que hubiera una consulta sustancial con las comunidades afectadas.
• El proceso a través del cual Blackfire obtuvo la concesión para abrir la mina y el camino de acceso aparentemente fue llevado a cabo de manera altamente sospechosa.
• A pesar de que Blackfire sí negoció ciertos acuerdos con las comunidades, lo hizo de manera secreta con muy poca rendición de cuentas ante los residentes de las mismas.
• A pesar de que se hicieron promesas y se ofrecieron garantías sustanciales a las comunidades directamente afectadas por la instalación y operación de la mina de Blackfire, aquéllas no recibieron ningún beneficio o casi ningún beneficio de la operación de la misma.
• Existen pruebas fehacientes de pagos indebidos por parte de Blackfire al presidente municipal de Chicomuselo. Uno de los argumentos esgrimidos para justificar estos pagos fue que eran para eliminar el descontento local. También hubo acuerdos en los que Blackfire se comprometía a hacer pagos de grandes cantidades al ejido Grecia, pero cuyo destino hasta ahora es desconocido.
• El papel del gobierno del estado de Chiapas no es claro. Existe un serio problema de falta de rendición de cuentas con respecto a quién debería responsabilizarse de que las comunidades no se hayan beneficiado en absoluto de la mina.
B. La destrucción del medio ambiente causada por la mina
Informe de la Delegación Investigadora que visitó a Chiapas, México del 20 al 27 de
• A pesar de que a la delegación se le informó que el proyecto de la mina de Blackfire sólo podría avanzar después de una evaluación del impacto ambiental que causaría, dicha delegación no encontró ninguna evidencia de que se hubiera llevado a cabo una evaluación seria. Es más, no hubo evidencias de que las comunidades afectadas hayan sido consultadas en absoluto con respecto del posible impacto ambiental de la mina.

• Las comunidades afectadas opinan unánimemente que la apertura y operación de la mina ha provocado la contaminación del agua de la zona y que, a su vez, esto ha perjudicado a la salud tanto de habitantes como de animales domésticos y ganado.
• La mina a cielo abierto ha sido la causa de la remoción de cantidades significativas de suelo, lo que ha ocasionado su erosión, por lo que existe un riesgo serio de deslaves y escorrentía en el sitio de la mina.
• El transporte de la barita en grandes camiones de carga que atraviesan las pequeñas comunidades ha causado daños a caminos y edificios.
• En última instancia, la mina fue clausurada por el gobierno del estado de Chiapas debido a que coincide con muchas de estas preocupaciones ambientales.
C. La violencia y la división de la comunidad
• La construcción de la mina de Blackfire dividió a las comunidades locales de diferentes formas, todas ellas importantes: provocó división política, de género y religiosa.
• En última instancia, el desarrollo de la mina llevó a la resistencia civil, a bloqueos, a que los empleados se armaran y a la violencia.
• Los activistas en contra de la minería, particularmente Mariano Abarca, fueron objeto de amenazas de muerte, palizas y hostigamiento policíaco.
• La violencia culminó en el asesinato de Mariano Abarca. Todos los individuos a quienes se les han formulado cargos en el caso de su asesinato tienen relación con Blackfire.

• El consenso en la comunidad es que la empresa Blackfire es la responsable directa del asesinato de Mariano Abarca.
• La delegación opina que la violencia no habría estallado si Blackfire no hubiera establecido y abierto la mina en Chiapas. Como consecuencia, Blackfire debe asumir una parte de la responsabilidad de la violencia, incluyendo el asesinato de Mariano Abarca.
D. Conclusiones generales
• El consenso en Chiapas es que no debe permitirse que la mina de Blackfire vuelva a operar. De hecho, a la delegación se le dijo en repetidas ocasiones que se le debe prohibir a Blackfire establecer operaciones mineras en cualquier parte de Chiapas.
• Si se volviera a abrir la mina, habría una oposición aplastante de la comunidad, lo que plantea de nuevo la probabilidad de que volvieran a suscitar actos de violencia.
• La imagen de Canadá ha sido seriamente dañada no sólo en Chiapas, sino más ampliamente en México a raíz de las acciones irresponsables y ampliamente difundidas de la empresa minera canadiense Blackfire.
• La comunidad quiere que los gobiernos mexicano y canadiense exijan cuentas a los ejecutivos de Blackfire —incluyendo los que operan en Canadá— para que asuman su responsabilidad en lo que ha ocurrido en Chiapas.
La delegación recomienda lo siguiente con base en los resultados de su visita a Chiapas:
Con respecto a Blackfire Exploration:
• que Blackfire retire la demanda que ha presentado ante los tribunales chiapanecos para dejar sin efecto la orden de clausura de la mina emitida el 7 de diciembre de 2009 por parte de la Secretaría del Medio Ambiente y la Vivienda de Chiapas (SEMAVI);

• que Blackfire deje de formular amenazas a las autoridades públicas mexicanas como la de presentar una denuncia acogiéndose al Capítulo 11 del TLCAN, por lo que pediría US$800 millones como indemnización por la clausura de la mina Payback, como lo ha informado el servicio noticioso mexicano Milenio;

• que Blackfire informe públicamente sobre todos los pagos que se hayan hecho al Comisariado Ejidal del ejido Grecia, proporcionando los nombres y los números de cuenta correspondientes a cualquier transferencia bancaria hecha por la empresa desde que ocupara el sitio de la mina;

• que Blackfire actúe inmediatamente para indemnizar al ejido Nuevo Morelia por la construcción del camino de acceso de aproximadamente 7 kilómetros de largo sin haber hecho con anterioridad un estudio de impacto ambiental u obtenido la licencia correspondiente para operar con el nivel de emisiones atmosféricas involucradas. Varios ejidatarios de Morelia también proporcionaron a la delegación testimonios orales sobre ocasiones en que material pétreo descubierto durante el proceso de construir el camino de acceso con buldózer frecuentemente fue cargado a camiones y llevado para su procesamiento sin permiso del ejido;

• que Blackfire tome medidas inmediatas para establecer un fondo para crear la opción de esfuerzos para mitigar los daños de parte de terceros en el sitio de la mina previo permiso, y bajo la supervisión de autoridades de la SEMAVI.
• que Blackfire presente una disculpa pública por los actos de intimidación realizados por empleados de la empresa, con referencia especial al asesinato del activista ambiental Mariano Abarca Roblero, en cuyo caso varios de sus empleados han sido encarcelados mientras otros siguen prófugos;
• que Blackfire anuncie públicamente que va a reparar el daño hecho a las casas que han sido perjudicadas debido a las vibraciones excesivas ocasionadas por el tránsito de camiones pesados cargados con material pétreo que atravesaban el pueblo de Chicomuselo como ruta de acceso a la mina.
Con respecto al gobierno canadiense:
• que se presente ante el Parlamento de Canadá una moción de censura de todos los partidos sobre las actividades de Blackfire en Chiapas;
• que el gobierno inmediatamente anuncie el establecimiento de una oficina de Ombudsman con la capacidad de investigar las actividades mineras internas y en el extranjero y de imponer sanciones de ser necesario.
• La delegación opina que en tanto el Ministerio de Asuntos Extranjeros de Canadá y las embajadas canadienses otorgan consejos y asistencia a las empresas mineras canadienses en el extranjero, esa asistencia debe enfatizar vigorosamente la importancia de la responsabilidad social empresarial. Es más, si una empresa como Blackfire se comporta de manera irresponsable, todo tipo de apoyo o asistencia debe cesar.

• Dado que Canadá es un actor fundamental en las actividades mineras a escala mundial, existe una necesidad urgente de poner un alto a la impunidad empresarial con la que las compañías mineras canadienses operan. Como resultado, la delegación le propone firmemente al parlamento de Canadá que debata y promulgue las Iniciativas C-300 y C-354 lo antes posible.

Con respecto a la RCMP:

• que la RCMP lleve adelante una investigación a fondo de las relaciones de Blackfire con las autoridades municipales de Chicomuselo, de acuerdo con la demanda presentada ante la RCMP

Informe de la Delegación Investigadora que visitó a Chiapas, México del 20 al 27 de
por nueve organizaciones canadienses sobre violaciones a la Ley sobre Actos para Corromper a Autoridades Públicas Extranjeras.
Con respecto a las organizaciones de la sociedad civil de Canadá:
• que las organizaciones de la sociedad civil canadiense continúen con su monitoreo y declaraciones públicas sobre los acontecimientos que involucran a las comunidades de Chiapas afectadas por las actividades de Blackfire en esa entidad y sobre el impacto en las comunidades del municipio de Chicomuselo de la mina de barita a cielo abierto.

Informe de la Delegación Investigadora que visitó a Chiapas, México del 20 al 27 de
Anexo 1: Los participantes y el itinerario de la delegación canadiense
Los participantes
Rick Arnold es el coordinador de Common Frontiers-Canada (Fronteras Comunes, sección Canadá), una coalición multisectorial establecida hace 20 años para promover relaciones de comercio justo en las Américas. Rick nació en Venezuela y, después de mudarse a Canadá, siendo adolescente, se ha dedicado a trabajar para mejorar las relaciones norte-sur en el hemisferio. Fue director ejecutivo de una ONG internacional orientada al desarrollo comunitario en Mesoamérica de 1992 a 2000, y desde hace ocho años trabaja con Common Frontiers.

Mark Rowlinson es abogado laboral y trabaja en el Departamento Jurídico de la Oficina Nacional Canadiense de United Steelworkers (el Sindicato de Trabajadores del Acero). Mark obtuvo su licenciatura de la Universidad McGill, un diploma de posgrado en estudios del desarrollo de la Universidad de Ginebra, Suiza, su título como abogado de la Escuela de Derecho Osgood Hall, y su licencia como litigante en Ontario en 1994. Mark ha tenido la oportunidad de participar en varios casos internacionales sobre derechos laborales, incluyendo casos procesados en el marco del acuerdo paralelo laboral del TLCAN, y frecuentemente presenta ponencias sobre el derecho internacional, los derechos laborales y el comercio hemisférico. El Sindicato de Trabajadores del Acero es uno de los sindicatos más grandes de Canadá y ha luchado en contra de exigencias no razonables de empresas mineras tanto nacional como internacionalmente.
Dawn Paley es periodista y vive en Vancouver, Columbia Británica. Tiene una vasta experiencia en la redacción de artículos sobre las industrias extractivas en Centro y Sudamérica. Dawn representó a MiningWatch Canada (Observatorio de Minas, sección Canadá) como investigadora durante la misión de observación canadiense a Chiapas.


Itinerario

domingo, 21 de marzo de 2010:

• La delegación fue por tierra a la mina a cielo abierto de barita directamente de San Cristóbal de las Casas, llegando justo después del mediodía. Nos esperaban en el sitio de la mina, en la cima de la montaña, alrededor de 100 ejidatarios y habitantes de las aldeas localizadas al pie de dicha montaña, en el valle. Un número significativo de personas nos expresaron sus preocupaciones y enojo acerca del impacto negativo que este sitio tenía actualmente sobre sus vidas, ya que la empresa canadiense no había hecho ningún esfuerzo por mitigar este impacto. Hablaron de escenarios pesadillescos que podrían presentarse en el caso de que hubiera un derrumbe o deslave una vez que iniciara la época de lluvias, que normalmente sería dentro de unos dos meses.
• En el sitio de la mina, conocimos a varios ejidatarios de Nuevo Morelia que en un principio habían llegado a un acuerdo de que se construyera en sus tierras un camino de acceso para los camiones de carga de Blackfire, pero que descubrieron posteriormente que la compañía estaba llevándose la barita que se extraía durante la construcción del mismo. Cuando a Blackfire se le exigió una explicación al respecto, se negó a pagar el valor del material pétreo, así que la comunidad estableció un bloqueo del camino de acceso para exigir una compensación.

• Luego, fuimos al pueblo de Grecia, ubicado en una colina adyacente para hablar con los habitantes. Nos informaron que Blackfire no había cumplido con la mayoría de las promesas que había hecho, plasmadas en un acuerdo firmado con las autoridades públicas. Mientras algunos dijeron que no compartían las preocupaciones ambientales y de salud expresadas por las comunidades en el valle ubicadas al pie de la montaña en que se localiza la mina, otros podían ver que sus intereses de largo plazo serían atendidos si unieran esfuerzos con las otras comunidades afectadas para evitar un futuro desastre ecológico en la zona.


lunes, 22 de marzo de 2010:

• Nos reunimos con el párroco de Chicomuselo, el padre Eliazar, y con el Comité de Derechos Humanos “10 de Enero” de la parroquia. Hablaron de la creciente oposición en las parroquias de la región a esta y otras minas. También mencionaron intentos de silenciar a los dirigentes de la parroquia, incluyendo la contaminación de las hostias y del vino de consagrar usados en la comunión con una sustancia no identificada. A pesar de estos intentos de intimidación, se nos informó que iba en aumento la oposición de los parroquianos a la mina que querían que Blackfire se fuera de Chiapas y de México.
• Nos reunimos con la familia del activista ambiental asesinado Mariano Abarca Roblero; escuchamos su versión de los hechos previos a su asesinato y los acompañamos a colocar flores sobre la tumba de Mariano.

• Acudimos justo antes del mediodía a las oficinas municipales de Chicomuselo para hablar con el presidente municipal; sin embargo, se nos informó que todavía no llegaba a trabajar y que, cuando llegaba, ¡su agenda ya estaba llena!

• Fuimos a las oficinas de Blackfire en Chicomuselo para reunirnos con representantes de la empresa, pero no hubo respuesta cuando tocamos repetidamente al portón principal.
• Nos reunimos con dos de los amigos más cercanos de Mariano y sus familias para escuchar su versión de la vida de Mariano y su muerte trágica.

• Visitamos una vivienda familiar cuyos muros y un piso de granito exhibían grietas causadas por los camiones pesados cargados de material pétreo que pasaban llevando barita a la planta procesadora en Veracruz. La familia nos informó que otras casas vecinas en la misma calle habían sido afectadas de manera similar y que la empresa no había hecho ningún esfuerzo por ponerse en contacto con ellos a pesar de que se le había informado de los daños.


martes, 23 de marzo de 2010:

• Visitamos al periodista de Tuxtla Gutiérrez que había sido el primero en escribir en su diario sobre el involucramiento de Blackfire en la corrupción de las autoridades municipales de Chicomuselo.
• Acudimos a la Secretaría del Medio Ambiente y Vivienda de Chiapas, pero nuestra reunión fue pospuesta y no pudimos esperarla debido a que teníamos otra cita programada.
• Nos reunimos con autoridades clave de la secretaría gubernamental encargada de supervisar el caso de Mariano Abarca. Nos informaron que se habían reunido la semana anterior con el presidente de Blackfire en Canadá, Brent Willis, que les había pedido que se reabriera la mina. Nos explicaron que no era probable que abrieran la mina a menos que la demanda jurídica que había presentado Blackfire ante tribunales chiapanecos prosperara. También señalaron que el gobernador de Chiapas había declarado en una reunión en Chicomuselo que las actividades mineras en general no coincidían con los intereses de Chiapas






• Realizamos una conferencia de prensa, con una asistencia muy nutrida, al final del día en Tuxtla, en la que expusimos algunas de nuestras conclusiones iniciales de las muchas reuniones que habíamos realizado.

miércoles, 24 de marzo de 2010:

• La delegación se reunió con cinco abogados mexicanos para discutir acciones jurídicas que se podrían emprender no sólo en contra de Blackfire en México y Canadá, sino además en contra del presidente municipal de Chicomuselo, dadas las pruebas contundentes de prácticas corruptas tanto al inicio como al final del camino trazado por el dinero. Los abogados mexicanos también tenían el conocimiento de que Blackfire había presentado una demanda ante los tribunales de Chiapas para tratar de anular la orden de clausura por parte de la Secretaría del Medio Ambiente y Vivienda de la mina de barita. También discutimos la necesidad de proveer asesoría legal para las comunidades de Grecia y Nuevo Morelia para que pudieran nulificar cualquier obligación real o supuesta con Blackfire, dado que la empresa minera no estaba cumpliendo con los compromisos contractuales adquiridos.

jueves, 25 de marzo de 2010:

• Día de viaje de Chiapas al Distrito Federal. • Reunión vespertina con Alejandro Villamar de REMA en la que discutimos el panorama
general de las operaciones mineras canadienses en México.
viernes, 26 de marzo de 2010:
• Conferencia de prensa matutina con reporteros de La Reforma y CENCOS, una red de comunicación social.
• Reunión vespertina en la Embajada de Canadá en el Distrito Federal con Karim Amegan, consejero político. Le informamos al señor Amegan sobre los resultados más importantes de nuestra misión investigadora en Chiapas, y él nos habló de su viaje a Chiapas en enero.

sábado, 27 y domingo 28 de marzo de 2010:
• Los miembros de la delegación regresaron a Canadá.
Informe de la Delegación Investigadora que visitó a Chiapas, México del 20 al 27 de
Anexo 2: Demanda presentada ante la RCMP, pidiendo que se investigue a Blackfire por violaciones a Ley sobre Actos para Corromper a Autoridades Públicas Extranjeras (CFPOA por sus siglas en inglés)
George Prouse Anti-Corruption Unit Royal Canadian Mounted Police 7575-8th Street N.E. Calgary, AB P2E 8A2
Por correo electrónico: george.prouse@rcmp-grc.gc.ca


Estimado Sr. Prouse:
Los abajo firmantes piden que la RCMP investigue a Blackfire Exploration Ltd. y Blackfire Exploration Mexico S. de R.L. de C.V. con respecto al posible soborno de una autoridad pública extranjera en violación a la fracción 3(1) de la Ley sobre Actos para Corromper a Autoridades Públicas Extranjeras (“la Ley”).

Información de la empresa Blackfire Exploration Ltd (“Blackfire Canadá”) es una pequeña empresa privada canadiense dedicada a la exploración y la minería registrada como corporación bajo las leyes de la provincia de Alberta y con sede en Calgary, Alberta. La empresa es controlada por cuatro individuos: el señor Brent Willis, el señor Brad Willis, el señor Emiliano Ávila Canales, y el señor Artemio Ávila Cervera, que son a su vez los directivos de la corporación. Blackfire Canadá tiene su casa matriz en 4150, 825 8th Avenue SW, Calgary, Alberta, Canadá T2P 2T3.

De acuerdo con su sitio web, con dirección www.blackfireexploration.com, Blackfire Canadá realiza operaciones en México a través de una empresa subsidiaria 100 por ciento propiedad mexicana, denominada Blackfire Exploration Mexico S. de R.L. de C.V. (“Blackfire México”). El señor Emiliano Àvila Canales, el director y accionista que controla Blackfire Canadá, es también presidente y gerente general de Blackfire México. El señor Artemio Ávila Cervera, uno de los directivos de Blackfire Canadá, también funge como gerente general de responsabilidad social de Blackfire México.
Dado el hecho de que estos individuos son directores de la empresa y ejecutivos tanto en México como en Canadá, existe una vinculación estrecha entre la conducta ilícita que se alega a continuación y Canadá y la jurisdicción canadiense.
Acusaciones de soborno y corrupción en México.
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Informe de la Delegación Investigadora que visitó a Chiapas, México del 20 al 27 de
De acuerdo con un documento firmado por el señor Artemio Ávila Cervera, Blackfire México ha realizado pagos por un total de por lo menos $204,022.69 MN (el equivalente de aproximadamente Can$20,000 a la tasa de cambio actual) al señor Julio César Velázquez Calderón, el presidente municipal de Chicomuselo en el estado de Chiapas, México, por el concepto de servicios extra oficiales en beneficio de Blackfire México. La empresa también le ha otorgado al presidente municipal otras prebendas, incluyendo boletos de avión para él, su familia y sus asociados. Estos pagos y otras prebendas aparentemente se hicieron como respuesta a las exigencias del presidente municipal de “favores”.

Con base en la información en nuestro poder, estos pagos y la entrega de otras prebendas al señor Velázquez como una autoridad pública extranjera parecen ser violaciones de la fracción 3(1) de la Ley. Estos pagos no parecen cumplir con ninguno de las “provisiones excepcionales” enumeradas bajo la fracción 3(3) de la Ley, ni parecen caer bajo la categoría de “pagos de facilitación” señalados en la fracción 3(4) de la Ley.

Además, la información disponible sugiere que ejecutivos empresariales que controlan, operan y dirigen Blackfire Canadá tuvieron conocimiento de y incluso pueden haber dirigido a Blackfire México a que participara en el acto de sobornar una autoridad pública extranjera para el beneficio tanto de Blackfire México como de Blackfire Canadá.
La prueba fundamental en este asunto es una declaración firmada por el gerente general de la responsabilidad social de Blackfire México, el señor Artemio Ávila Cervera, que también es uno de los directivos de Blackfire Canadá. Esta declaración fue registrada ante el Congreso Estatal de Chiapas el 15 de junio de 2009 e incluye una hoja de cálculo que señala en detalle una serie de pagos como “recompensa” que van de $4,022.69 MN a $75,000 MN cada uno, hechos al señor Velázquez Calderón. La documentación también incluye estados de cuenta bancarios que corresponden a algunos de los pagos detallados en la hoja de cálculo.

Existen testigos que están dispuestos a presentar declaraciones bajo juramento con respecto a la relación entre el señor Velázquez Calderón y Blackfire México. A través de su vocero Gustavo Castro, la organización regional REMA-Chiapas ha indicado su disponibilidad para ayudar en realizar cualquier tipo de labor necesaria para identificar testigos y obtener los testimonios requeridos.

Por medio de la presente, las organizaciones abajo firmantes le pedimos a la RCMP que investigue a Blackfire Canadá, al igual que a sus directivos y ejecutivos, y que inicie cualquier procedimiento legal que pueda resultar apropiado. Nosotros prestaremos cualquier asistencia que podamos en una investigación de este tipo, incluyendo pero no limitándonos a, la identificación de testigos de los hechos y peritos en la materia y la entrega de documentación.

Para ayudarle en su investigación, anexamos aquí los siguientes documentos: • La investigación de los datos de la corporación Blackfire Exploration Ltd. • Blackfire Exploration, “Al C. Presidente del Honorable Congreso del Estado de Chiapas,” fechada el 15 de junio de 2009 [traducción al inglés y copia escaneada del original] • La hoja de cálculo que muestra los pagos hechos por Blackfire Exploration • Recibos de depósito fechados el 10 de marzo de 2008, el 2 de junio de 2008, el 1° de julio de 2008, el 9 de octubre de 2008 y el 4 de noviembre de 2008. • Isai López, “Por extorsionar a empresa minera canadiense, piden la destitución del presidente municipal de Chicomuselo”, El Heraldo de Chiapas, 24 de junio de 2009 [traducción al inglés y versión escaneada del original] Informe de la Delegación Investigadora que visitó a Chiapas, México del 20 al 27 de marzo de 2010

Copatrocinada por:
• Common Frontiers • Council of Canadians • United Steelworkers • Comité pour les droits humains en Amérique Latine • Sierra Club Canada • L’Entraide missionnaire • Atlantic Regional Solidarity Network • Social Justice Committee
ATENTAMENTE [original firmada por)
Jamie Kneen Coordinador de Comunicaciones y Relaciones Externas MiningWatch Canada