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Una delegación de organizaciones no gubernamentales canadienses llegaron a Chicomuselo, Chiapas, para documentar actos de corrupción en México de la minera Blackfire Exploration, que realiza explotación de barita en el municipio de Chicomuselo, en la región de la Sierra, informó Gustavo Castro Soto, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA).
El vocero de la REMA explicó que la semana pasada una coalición de organizaciones no gubernamentales de Canadá presentaron una queja formal ante la Policía Real Montada de Canadá (RCMP), solicitándole que investigue a la minera Blackfire Explorations Ltd, con sede en Calgary, Alberta, y a su filial mexicana por presunta violación a la Ley sobre Corrupción de Funcionarios Públicos Extranjeros.
"En junio de 2009 Blackfire entregó documentación al Congreso de Chiapas, mostrando que había realizado una serie de pagos al Alcalde del municipio de Chicomuselo. Estos documentos están ahora en manos de la RCMP", señalaron en un comunicado las organizaciones civiles canadienses.
El acto de sobornar a un funcionario público extranjero es ilegal en Canadá. Esta Ley poco utilizada, y una de las pocas leyes en Canadá con alcance internacional. Bajo esta Ley cualquier persona declarada culpable podría ser encarcelada por un tiempo que no debe de exceder a los cinco años, indicó Gustavo Castro.
Agregó que una delegación de las organizaciones Vigilancia Minera de Canadá, Fronteras Comunes de Canadá, Trabajadores Unidos de la Industria Siderurgica, Consejo de Canadienses, Comité por los Derechos Humanos en América Latina, Red de Solidaridad Regional del Atlántico, Sierra Club Canadá, Apoyo Mutuo Misionario y Comité de Justicia Social, estarán en Chiapas del 20 al 27 de marzo para entrevistar para entrevistarse del 20 al 27 de marzo, con habitantes del ejido Grecia en el municipio de Chicomuselo, afectados por la explotación minera de la trasnacional Blackfire Exploration, y con autoridades del gobierno.
De acuerdo con las organizaciones canadienses, documentos de la empresa minera misma , indican pagos hechos por un total de 204,022.69 pesos mexicanos al alcalde del municipio de Chicomuselo, Julio César Velázquez Calderón, por servicios no oficiales en beneficio de de Blackfire México. La empresa también ha proporcionado al alcalde otros beneficios, como boletos de avión para él, su familia y sus asociados.
“La evidencia principal en este asunto es una declaración firmada por el gerente general de responsabilidad social de Blackfire México, Artemio Avila, quien también es director corporativo de Blackfire Canadá. Esta declaración se presentó ante el congreso de Chiapas el 15 de junio de 2009 e incluye una hoja de cálculo que detalla una serie de pagos de “recompensa” de entre 4,022.69 y 75,000 pesos, para el alcalde. La documentación también incluye estados de cuenta bancarios”, agregaron las ONG.