Los electricistas debemos desplegar una acción múltiple que incluya cohesionar la resistencia y dinamizarla pero, ante todo, perfilar una salida decorosa y digna al conflicto en sus vertientes política, industrial, laboral, sindical y social. Los aspectos jurídicos son importantes pero deben ubicarse en el marco de la estrategia no en la unilateralidad y acciones individuales
Calderón sucesor de Carranza
“Quítense de mi vista antes de que los saque a patadas”: Carranza 1916, “Primero liquídence, después veremos”: Calderón 2009. El mismo lenguaje soez, la misma cerrazón. No extraña, son los mismos gobernantes. El gobierno neoliberal del PAN es sucesor del traidor Carranza.
Las recientes expresiones son de Fernando Gómez Mont, secretario de gobernación de Calderón. Las dijo ante una comisión del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) que acudió para participar en un supuesto diálogo “mediado” por Marcelo Ebrard, jefe del Gobierno del Distrito Federal.
No hubo tal diálogo. Gómez Mont recibió al SME como consecuencia de la gran manifestación realizada un día antes pero solamente para ratificar la postura oficial: no hay marcha atrás del gobierno respecto a desaparecer a Luz y Fuerza del Centro (LFC) con todas sus consecuencias, sin importarle la oposición del pueblo.
El Estado mexicano está respondiendo como lo que es, un aparato separado de la sociedad especializado en la opresión. La medida represiva los acuerpó.
Gobernadores, legisladores, jueces y presidentes municipales son partícipes de la agresión. Enrique Peña Nieto es, tal vez, el más agresivo al acusar a los electricistas de sabotaje debido a los apagones en el Estado de México que han afectado a la industria y a la población en general. De la “oposición” solamente Ebrard se ha manifestado, si bien de una manera muy superficial y limitada.
Entre tanto, el gobierno de Calderón mantiene una fuerte ofensiva a través de los medios con la intervención de los secretarios de energía, trabajo, hacienda y economía. Las secretarías de la defensa nacional y la de seguridad pública permanecen calladas pero posesionadas de todas las instalaciones eléctricas en la región central del país.
2,547 liquidados
La cerrazón política del gobierno se complementa con la presión a los trabajadores para que acepten las liquidaciones supuestamente cuantiosas. Según el propio gobierno van 5,437 electricistas (el 6% del total) que se han liquidado habiendo recibido un monto promedio de 435 mil pesos. También se han pagado 13 mil jubilaciones.
El caso de los jubilados es aparte porque tienen derecho a una jubilación adquirida con anterioridad. Sin embargo, no es la empresa (LFC) sino el gobierno
(secretaría de hacienda) la que hace los pagos asumiendo que LFC ya no existe.
Las liquidaciones son incompletas porque el gobierno les descontará los préstamos contraídos con la empresa, así como, los correspondientes impuestos. En cualquier caso, se trata de liquidaciones exiguas lo que revela el falso mito de salarios privilegiados.
¿Quiénes han optado por la liquidación? Seguramente los elementos políticamente más débiles, de salarios bajos, poca antigüedad y puestos no operativos. La desesperación determinada por la crisis económica, el chantaje propagandístico del gobierno y la poca claridad sobre una perspectiva política de solución al conflicto contribuyen a abandonar la lucha.
Los amparos y la controversia constitucional
La representación de facto del sindicato anunció que había contratado a Néstor de Buen para que los trabajadores interpongan amparos individuales. Se trata de un desacierto. Néstor es un abogado patronal, defensor de delincuentes, que cobra carísimo y se especializa en perder todos los casos.
También se ha sumado la Unión de Juristas de México, encabezada por Eduardo Miranda, que ha anunciado la realización de un análisis del decreto de extinción de LFC al que encontraron, una semana después, inconstitucional. En consecuencia, dicen que prepararán una Controversia constitucional contra la medida de Calderón.
La propuesta de Miranda tiene la limitación de que la Controversia corresponde interponerla a la mayoría de los legisladores, mismos que (incluidas las fracciones parlamentarias del PRD y del PT) “dudan”, “vacilan” e incluso se niegan a utilizar tal recurso, el propio jefe del GDF ha omitido referirse al asunto. Los diputados turnaron el asunto a comisiones con el deliberado propósito de congelarlo.
Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha propuesto la formación de una comisión de diputados que “investigue” el caso de LFC. Parecen chistes, así acostumbraban los regímenes priístas: “si quieres que no se resuelva un asunto, forma una comisión”, decían.
Obvia ilegalidad
El gobierno federal se comporta en la ilegalidad plena y no de ahora. En materia energética, la legalidad constitucional está rota desde 1992. En octubre de 2008, todos los partidos políticos avalaron la continuación de la ilegalidad al aprobar una contra-reforma energética lesiva a la nación. Los acontecimientos en LFC no son sino la aplicación práctica de las reformas a la legislación secundaria.
Pero la ilegalidad no es solamente en materia energética sino laboral. El gobierno, que “extinguió” a LFC mediante el uso de la fuerza policíaca y militar, mostró su carácter de Estado pero violentó asimismo el Pacto Político de la Nación.
Para el actual Estado, la Constitución no tiene ningún valor, todo su accionar está basado en la legislación derivada, de segundo y/o tercer nivel. Es el caso del decreto de Calderón (2009) para anular el decreto de Salinas de Gortari (1994).
Entre tanto, ningún abogado se ha avocado a preparar la respuesta al gobierno. Este va a “subsanar” la ilegalidad laboral en que ha incurrido al proceder a dar por terminadas las relaciones laborales en LFC pagando diversas sumas de dinero, sin haber seguido los procedimientos establecidos por la propia Ley Federal del Trabajo.
Es previsible que, de un momento a otro, el gobierno interpondrá un juicio de Conflicto Colectivo de Naturaleza Económica ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (Junta) para “legalizar” sus acciones. La Junta seguramente, en una sola sesión sumaria y prolongada, dará por aprobada la petición de la empresa (gobierno) y, bajo argumentos de “fuerza mayor”, derivados de quiebra financiera, dictaminará en contra del sindicato.
¿Porqué no se prepara la defensa, de suyo muy difícil, y se desvía la atención por asuntos como los amparos y al Controversia que, en el mejor de los casos, son recursos individuales que tendrían una duración muy larga e incierta.
Demagogia charra
Si la agresión al SME se lleva a cabo con la complacencia de diputados, senadores y gobernadores, también cuenta (y mucho) la alianza que mantiene el gobierno con el charrismo sindical.
Los charros del Congreso del Trabajo, de la CTM, de los maestros (SNTE) y de los petroleros (STPRM) apoyan a Calderón. Pero también los charros de la UNT, afiliados a la imperialista Confederación Internacional de Organizaciones y Sindicatos Libres (CIOSL) (ahora Confederación Sindical Internacional, CIS) y su brazo Regional en Latinoamérica, la ORIT, ahora CSA.
Napoléon Gómez Sada, ha destruido al sindicato minero-metalúrgico, es un delincuente y represor de los trabajadores desde la época del padre, con más de 50 años de dictadura sindical. Esas alianzas no le sirven al SME.
Francisco Hernández Juárez, ahora diputado del PRD, es un charro eternizado en el sindicato de telefonistas (STRM). Ante el conflicto declaró que habría que declarar una “huelga por solidaridad” con el SME. No solamente es una declaración de lengua sino una burla. El SME no está en una situación de huelga sino de “terminación de las relaciones laborales, individuales y colectivas”. Las huelgas por solidaridad, que jamás han ocurrido, se declaran cuando un sindicato ESTA en huelga, de acuerdo a lo que establece la legislación laboral. Es evidente que Hernández Juárez NO está dispuesto a ninguna huelga.
Su compañero de armas, Agustín Rodríguez, charro casi vitalicio del STUNAM también habla de la huelga cuando es el primero en impedirla sancionando a los trabajadores que se atreven a promoverla.
De los partidos políticos no cabe esperar nada bueno. El propio PRD está mirando de lejos, el PT no pasa del discurso estruendoso tipo Muñoz Ledo (uno de los represores de los electricistas de la Tendencia Democrática en 1976) y Gerardo Fernández Noroña que flaco favor le hace al movimiento. Salvo el Lic. Manuel Barttlet, los priístas hacen que no ven ni oyen y, los demás, están abiertamente en contra. El mismo AMLO no pasa del diversionismo.
Resistencia activa
La gran marcha del 18 de octubre fue muy importante, especialmente, por la acción desplegada por las organizaciones sociales solidarias, incluidos sindicalistas, jóvenes y gente del pueblo en general. Pero una marcha no tiene efectos inmediatos. Sin embargo, debe aprovecharse el capital político acumulado y sacar las conclusiones correctas.
Es necesaria una nueva marcha, más aún, cientos, miles de marchas en la capital e interior del país. Los electricistas del SME se cuentan por decenas de miles y tienen el deber de volcarse en el tejido social de la sociedad organizados en brigadas. Volanteo, mítines, foros, festivales, todas las acciones al alcance deben desplegarse para afirmar la solidaridad en un contexto de división de opiniones entre la sociedad. Asumir una posición autocrítica es una necesidad.
La siguiente marcha no debe pasar del 30 de octubre. Por esa fecha, el gobierno acudirá a la Junta a interponer el Conflicto Colectivo de Naturaleza Económica, cuyo propósito es “legalizar” la terminación de las relaciones individuales y colectivas, lo que significa el despido de todos los electricistas.
Algunas organizaciones están llamando a la “huelga general”. ¿Hay condiciones? ¿Quiénes la van a hacer? En experiencias previas, ese llamado se desgastó hasta vaciarse de contendido, a la mera hora, nadie le entró. ¿Ahora sí? Si es el caso, debe prepararse debidamente, definiendo todos los aspectos organizativos.
El FTE estima que la Huelga solidaria del pueblo de México debe centrarse en la defensa de la industria eléctrica nacionalizada, con una duración limitada, esta vez de 1 día y debe ser una movilización activa con marchas, bloqueo de carreteras y avenidas, toma de edificios públicos, asambleas y mítines. A esta acción se le debe
poner fecha. El FTE propone que sea el 14 de noviembre, día en que el gobierno retirará su oferta supuestamente millonaria para reducir las liquidaciones a lo determinado por la Junta, es decir, conforme a la Ley.
¡A la acción electricistas!
A los electricistas del SME corresponde mantener cohesionada a la resistencia y resistirse a liquidarse hasta el límite de las posibilidades reales. Acudir al sindicato es importante pero lo es más tomar iniciativas propias y dinamizarse sin esperar instrucciones de una cúpula que se equivocó políticamente. No había necesidad de embarcarse en una aventura infantilista. Ahora es peor porque el sindicato no tiene representación legitimada, nadie tiene reconocida la personalidad jurídica. En momentos de emergencia se puede actuar sin la Toma de Nota pero, en los procesos jurídicos es necesaria.
Entonces, la estrategia debe considerar los aspectos jurídicos, industriales, técnicos, laborales, sindicales y sociales. Esta estrategia múltiple no está presente al interior del sindicato. Con o sin reconocimiento jurídico, lo más importante es formular colectivamente los probables escenarios y perfiles de una solución digna y decorosa que tiene como centro las alternativas industriales, en este caso, relacionadas con la industria eléctrica nacionalizada, específicamente en la región central.
¿Existen tales propuestas? Al momento no se conoce ninguna. Con toda responsabilidad podemos afirmar que no existen, el grupo de Esparza no conoce a la industria, por décadas se ha carecido de una política eléctrica propia.
Mirar en varias direcciones es fundamental porque el conflicto tenderá a complicare más aún. Los electricistas de base no pueden, ni deben, esperar a soluciones burocráticas porque no las hay. En el accionar múltiple deben, a un mismo tiempo, restablecer la normalidad sindical, fortalecer la resistencia y discutir colectivamente las alternativas de solución en un contexto altamente desfavorable y teniendo en contra al tiempo.
El FTE tiene propuestas y las estamos discutiendo con los compañeros, varios de ellos, miembros del Frente. Llamamos a los electricistas a mantener una resistencia activa y, especialmente, a discutir colectivamente la salida política al conflicto en sus tres vertientes básicas: industria, laboral y sindical. ¡Salud y Revolución Social!
Calderón sucesor de Carranza
“Quítense de mi vista antes de que los saque a patadas”: Carranza 1916, “Primero liquídence, después veremos”: Calderón 2009. El mismo lenguaje soez, la misma cerrazón. No extraña, son los mismos gobernantes. El gobierno neoliberal del PAN es sucesor del traidor Carranza.
Las recientes expresiones son de Fernando Gómez Mont, secretario de gobernación de Calderón. Las dijo ante una comisión del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) que acudió para participar en un supuesto diálogo “mediado” por Marcelo Ebrard, jefe del Gobierno del Distrito Federal.
No hubo tal diálogo. Gómez Mont recibió al SME como consecuencia de la gran manifestación realizada un día antes pero solamente para ratificar la postura oficial: no hay marcha atrás del gobierno respecto a desaparecer a Luz y Fuerza del Centro (LFC) con todas sus consecuencias, sin importarle la oposición del pueblo.
El Estado mexicano está respondiendo como lo que es, un aparato separado de la sociedad especializado en la opresión. La medida represiva los acuerpó.
Gobernadores, legisladores, jueces y presidentes municipales son partícipes de la agresión. Enrique Peña Nieto es, tal vez, el más agresivo al acusar a los electricistas de sabotaje debido a los apagones en el Estado de México que han afectado a la industria y a la población en general. De la “oposición” solamente Ebrard se ha manifestado, si bien de una manera muy superficial y limitada.
Entre tanto, el gobierno de Calderón mantiene una fuerte ofensiva a través de los medios con la intervención de los secretarios de energía, trabajo, hacienda y economía. Las secretarías de la defensa nacional y la de seguridad pública permanecen calladas pero posesionadas de todas las instalaciones eléctricas en la región central del país.
2,547 liquidados
La cerrazón política del gobierno se complementa con la presión a los trabajadores para que acepten las liquidaciones supuestamente cuantiosas. Según el propio gobierno van 5,437 electricistas (el 6% del total) que se han liquidado habiendo recibido un monto promedio de 435 mil pesos. También se han pagado 13 mil jubilaciones.
El caso de los jubilados es aparte porque tienen derecho a una jubilación adquirida con anterioridad. Sin embargo, no es la empresa (LFC) sino el gobierno
(secretaría de hacienda) la que hace los pagos asumiendo que LFC ya no existe.
Las liquidaciones son incompletas porque el gobierno les descontará los préstamos contraídos con la empresa, así como, los correspondientes impuestos. En cualquier caso, se trata de liquidaciones exiguas lo que revela el falso mito de salarios privilegiados.
¿Quiénes han optado por la liquidación? Seguramente los elementos políticamente más débiles, de salarios bajos, poca antigüedad y puestos no operativos. La desesperación determinada por la crisis económica, el chantaje propagandístico del gobierno y la poca claridad sobre una perspectiva política de solución al conflicto contribuyen a abandonar la lucha.
Los amparos y la controversia constitucional
La representación de facto del sindicato anunció que había contratado a Néstor de Buen para que los trabajadores interpongan amparos individuales. Se trata de un desacierto. Néstor es un abogado patronal, defensor de delincuentes, que cobra carísimo y se especializa en perder todos los casos.
También se ha sumado la Unión de Juristas de México, encabezada por Eduardo Miranda, que ha anunciado la realización de un análisis del decreto de extinción de LFC al que encontraron, una semana después, inconstitucional. En consecuencia, dicen que prepararán una Controversia constitucional contra la medida de Calderón.
La propuesta de Miranda tiene la limitación de que la Controversia corresponde interponerla a la mayoría de los legisladores, mismos que (incluidas las fracciones parlamentarias del PRD y del PT) “dudan”, “vacilan” e incluso se niegan a utilizar tal recurso, el propio jefe del GDF ha omitido referirse al asunto. Los diputados turnaron el asunto a comisiones con el deliberado propósito de congelarlo.
Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha propuesto la formación de una comisión de diputados que “investigue” el caso de LFC. Parecen chistes, así acostumbraban los regímenes priístas: “si quieres que no se resuelva un asunto, forma una comisión”, decían.
Obvia ilegalidad
El gobierno federal se comporta en la ilegalidad plena y no de ahora. En materia energética, la legalidad constitucional está rota desde 1992. En octubre de 2008, todos los partidos políticos avalaron la continuación de la ilegalidad al aprobar una contra-reforma energética lesiva a la nación. Los acontecimientos en LFC no son sino la aplicación práctica de las reformas a la legislación secundaria.
Pero la ilegalidad no es solamente en materia energética sino laboral. El gobierno, que “extinguió” a LFC mediante el uso de la fuerza policíaca y militar, mostró su carácter de Estado pero violentó asimismo el Pacto Político de la Nación.
Para el actual Estado, la Constitución no tiene ningún valor, todo su accionar está basado en la legislación derivada, de segundo y/o tercer nivel. Es el caso del decreto de Calderón (2009) para anular el decreto de Salinas de Gortari (1994).
Entre tanto, ningún abogado se ha avocado a preparar la respuesta al gobierno. Este va a “subsanar” la ilegalidad laboral en que ha incurrido al proceder a dar por terminadas las relaciones laborales en LFC pagando diversas sumas de dinero, sin haber seguido los procedimientos establecidos por la propia Ley Federal del Trabajo.
Es previsible que, de un momento a otro, el gobierno interpondrá un juicio de Conflicto Colectivo de Naturaleza Económica ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (Junta) para “legalizar” sus acciones. La Junta seguramente, en una sola sesión sumaria y prolongada, dará por aprobada la petición de la empresa (gobierno) y, bajo argumentos de “fuerza mayor”, derivados de quiebra financiera, dictaminará en contra del sindicato.
¿Porqué no se prepara la defensa, de suyo muy difícil, y se desvía la atención por asuntos como los amparos y al Controversia que, en el mejor de los casos, son recursos individuales que tendrían una duración muy larga e incierta.
Demagogia charra
Si la agresión al SME se lleva a cabo con la complacencia de diputados, senadores y gobernadores, también cuenta (y mucho) la alianza que mantiene el gobierno con el charrismo sindical.
Los charros del Congreso del Trabajo, de la CTM, de los maestros (SNTE) y de los petroleros (STPRM) apoyan a Calderón. Pero también los charros de la UNT, afiliados a la imperialista Confederación Internacional de Organizaciones y Sindicatos Libres (CIOSL) (ahora Confederación Sindical Internacional, CIS) y su brazo Regional en Latinoamérica, la ORIT, ahora CSA.
Napoléon Gómez Sada, ha destruido al sindicato minero-metalúrgico, es un delincuente y represor de los trabajadores desde la época del padre, con más de 50 años de dictadura sindical. Esas alianzas no le sirven al SME.
Francisco Hernández Juárez, ahora diputado del PRD, es un charro eternizado en el sindicato de telefonistas (STRM). Ante el conflicto declaró que habría que declarar una “huelga por solidaridad” con el SME. No solamente es una declaración de lengua sino una burla. El SME no está en una situación de huelga sino de “terminación de las relaciones laborales, individuales y colectivas”. Las huelgas por solidaridad, que jamás han ocurrido, se declaran cuando un sindicato ESTA en huelga, de acuerdo a lo que establece la legislación laboral. Es evidente que Hernández Juárez NO está dispuesto a ninguna huelga.
Su compañero de armas, Agustín Rodríguez, charro casi vitalicio del STUNAM también habla de la huelga cuando es el primero en impedirla sancionando a los trabajadores que se atreven a promoverla.
De los partidos políticos no cabe esperar nada bueno. El propio PRD está mirando de lejos, el PT no pasa del discurso estruendoso tipo Muñoz Ledo (uno de los represores de los electricistas de la Tendencia Democrática en 1976) y Gerardo Fernández Noroña que flaco favor le hace al movimiento. Salvo el Lic. Manuel Barttlet, los priístas hacen que no ven ni oyen y, los demás, están abiertamente en contra. El mismo AMLO no pasa del diversionismo.
Resistencia activa
La gran marcha del 18 de octubre fue muy importante, especialmente, por la acción desplegada por las organizaciones sociales solidarias, incluidos sindicalistas, jóvenes y gente del pueblo en general. Pero una marcha no tiene efectos inmediatos. Sin embargo, debe aprovecharse el capital político acumulado y sacar las conclusiones correctas.
Es necesaria una nueva marcha, más aún, cientos, miles de marchas en la capital e interior del país. Los electricistas del SME se cuentan por decenas de miles y tienen el deber de volcarse en el tejido social de la sociedad organizados en brigadas. Volanteo, mítines, foros, festivales, todas las acciones al alcance deben desplegarse para afirmar la solidaridad en un contexto de división de opiniones entre la sociedad. Asumir una posición autocrítica es una necesidad.
La siguiente marcha no debe pasar del 30 de octubre. Por esa fecha, el gobierno acudirá a la Junta a interponer el Conflicto Colectivo de Naturaleza Económica, cuyo propósito es “legalizar” la terminación de las relaciones individuales y colectivas, lo que significa el despido de todos los electricistas.
Algunas organizaciones están llamando a la “huelga general”. ¿Hay condiciones? ¿Quiénes la van a hacer? En experiencias previas, ese llamado se desgastó hasta vaciarse de contendido, a la mera hora, nadie le entró. ¿Ahora sí? Si es el caso, debe prepararse debidamente, definiendo todos los aspectos organizativos.
El FTE estima que la Huelga solidaria del pueblo de México debe centrarse en la defensa de la industria eléctrica nacionalizada, con una duración limitada, esta vez de 1 día y debe ser una movilización activa con marchas, bloqueo de carreteras y avenidas, toma de edificios públicos, asambleas y mítines. A esta acción se le debe
poner fecha. El FTE propone que sea el 14 de noviembre, día en que el gobierno retirará su oferta supuestamente millonaria para reducir las liquidaciones a lo determinado por la Junta, es decir, conforme a la Ley.
¡A la acción electricistas!
A los electricistas del SME corresponde mantener cohesionada a la resistencia y resistirse a liquidarse hasta el límite de las posibilidades reales. Acudir al sindicato es importante pero lo es más tomar iniciativas propias y dinamizarse sin esperar instrucciones de una cúpula que se equivocó políticamente. No había necesidad de embarcarse en una aventura infantilista. Ahora es peor porque el sindicato no tiene representación legitimada, nadie tiene reconocida la personalidad jurídica. En momentos de emergencia se puede actuar sin la Toma de Nota pero, en los procesos jurídicos es necesaria.
Entonces, la estrategia debe considerar los aspectos jurídicos, industriales, técnicos, laborales, sindicales y sociales. Esta estrategia múltiple no está presente al interior del sindicato. Con o sin reconocimiento jurídico, lo más importante es formular colectivamente los probables escenarios y perfiles de una solución digna y decorosa que tiene como centro las alternativas industriales, en este caso, relacionadas con la industria eléctrica nacionalizada, específicamente en la región central.
¿Existen tales propuestas? Al momento no se conoce ninguna. Con toda responsabilidad podemos afirmar que no existen, el grupo de Esparza no conoce a la industria, por décadas se ha carecido de una política eléctrica propia.
Mirar en varias direcciones es fundamental porque el conflicto tenderá a complicare más aún. Los electricistas de base no pueden, ni deben, esperar a soluciones burocráticas porque no las hay. En el accionar múltiple deben, a un mismo tiempo, restablecer la normalidad sindical, fortalecer la resistencia y discutir colectivamente las alternativas de solución en un contexto altamente desfavorable y teniendo en contra al tiempo.
El FTE tiene propuestas y las estamos discutiendo con los compañeros, varios de ellos, miembros del Frente. Llamamos a los electricistas a mantener una resistencia activa y, especialmente, a discutir colectivamente la salida política al conflicto en sus tres vertientes básicas: industria, laboral y sindical. ¡Salud y Revolución Social!