-Peña Nieto aplica la Ley, utiliza a las Instituciones y a la fuerza pública, para acallar y reprimir la inconformidad social.
-Su mano-dura que ha puesto ante manifestantes durante su gobierno, hay que recordarlo.
Redacción
La aplicación interpretativa y casuística de la Ley, el uso excesivo de la fuerza pública y la falta de legislación en diversos rubros del quehacer público, hace de la administración del Gobernador Enrique Peña Nieto un gobierno autoritario, que utiliza a las instituciones discrecionalmente, para reprimir y acallar manifestaciones de inconformidad social.
El caso más notable fue la toma a sangre y fuego de calles e inmuebles del Frente por la Defensa de la Tierra, el 3 de mayo del 2005 en el Municipio de San Salvador Atenco, que alcanzó dimensiones internacionales y cuya secuela aún no concluye.
Pero no es el único episodio que la historia reciente registra, puesto que las fuerzas de la Agencia Estatal de Seguridad, participaron en otros actos de abuso de poder, de excesiva violencia policíaca, contra diversos grupos de la sociedad.
Junto a la represión violenta de la policía, se registraron hechos presuntamente amparados por la Ley, como el desalojo de los comerciantes de la explanada del Mercado Juárez y el Pasaje Terminal en la ciudad de Toluca en el 2007, con saldo rojo, detenidos y consignados, entre ellos, Gerardo Sotelo, líder de la organización “Jorge Jiménez Cantú”, bajo “delitos fabricados” y quien por cierto, desapareció misteriosamente el lunes 7 de los corrientes.
La represión a los vecinos del Barrio de Tlacopa, la detención y consignación de los principales impulsores del movimiento en contra del proyecto de instalar una Terminal de Autobuses alterna en el corazón de una zona urbana, bajo la figura de “ataques a las vías de comunicación”, tipificada por el cierre parcial de algunas vialidades.
La aplicación caprichosa y casuística de la Ley en este caso, se establece al contrastarlo con el frecuente cierre de las avenidas del Centro Histórico de la ciudad, por contingentes de Antorcha Campesina, de UPREZ y de otras organizaciones, que no solamente toleran las autoridades, sino que hasta abanderan a los grupos de manifestantes con patrullas de la ASE.
La detención y consignación de Everardo Lovera, dirigente de los productores de maíz del norte del estado. Un luchador social que primero defendió el paso libre de los trabajadores del campo en la autopista de cuota de Atlacomulco a Toluca y después, denunció la inexistente adquisición de tractores, como uno de los compromisos del Gobernador Enrique Peña Nieto, cuando las agencias solamente los prestaron para el evento y así lo documentó el líder maicero, a quien acusaron de daño en los bienes, por haber derribado una bardita sin utilidad, a un lado de una caseta de cobro.
Algunas protestas de los estudiantes de la Normal de Tenería en Tenancingo en demanda del cumplimiento de convenios; de concesionarios y operadores de transporte público de la zona orienta exigiendo la entrega de concesiones; de taxistas de siete municipios de la zona norte en contra de la complicidad de la Secretaría del Transporte con los “taxis pirata”, son detenidas en las carreteras, en puntos estratégicos, para impedir su arribo a la capital del estado, por grupos de la Policía Estatal fuertemente armados.
Estas actuaciones selectivas de aplicación de la ley y el uso de la fuerza pública, son prueba de un ejercicio de gobierno inequitativo y desigual.
Se violan las garantías individuales bajo el argumento de “preservar el Estado de Derecho”; se usan las instituciones en contra de la sociedad y se emplea a la fuerza pública para reprimir libertades que la Constitución consagra a los mexicanos.
Recientemente, el 7 de mayo, ocurrió en Ecatepec la agresión de elementos de la ASE a padres de familia y a estudiantes con capacidades diferentes, del Centro de Atención Múltiple, cuando negaron la reinstalación como Director de ese plantel, al profesor Agustín Estrada Negrete, debido a sus preferencias sexuales.
Estrada Negrete fue blanco de la discriminación de sus compañeros y de las autoridades educativas del estado, al aparecer en obras de teatro del género transexual y participar en manifestaciones del movimiento gay. Fue obligado a tomar un “año sabático” para realizar sus estudios y al concluir el permiso, fue rechazado con humillación pública.
Por la agresión policiaca, un grupo de madres de familia y alumnos discapacitados de esa escuela, se manifestaron frente a Palacio de Gobierno en Toluca, donde nuevamente fueron objeto de una brutal represión por parte de un centenar de granaderos y el profesor Estrada Negrete y su abogado, Jaime López Vela, fueron detenidos bajo el cargo de “ataques a las vías de comunicación”.
Agustín Estrada Negrete fue consignado con celeridad al Penal de Almoloya de Juárez y recluido en una celda donde fue violado por varios reclusos ante la mirada contemplativa de los custodios. Después de tres días obtuvo su libertad bajo fianza, sin encontrar eco a sus denuncias en la Procuraduría de Justicia y en la Comisión de Derechos Humanos. Mucho menos prospera su reclamación para ser reinstalado en la Dirección de una escuela que, además, construyó por propia iniciativa y con la colaboración de padres de familia y los alumnos a quienes atienden.
Los CAM 33 y 34 en Ecatepec, permanecen custodiados por elementos de la ASE y los alumnos cuyos padres de familia respaldaron al Director y fueron víctimas de la represión, fueron dados de baja en un acto de discriminación y de represión.
Un gobierno que reprime a la sociedad, que viola la Constitución, que coarta la libertad de expresión, que utiliza a las Instituciones y a la fuerza pública contra los ciudadanos, no preserva el estado de Derecho. Impone el autoritarismo y viola el principio de equidad que es base sustantiva del Derecho.
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