ANGULO
Por Jorge Díaz Navarro
Impunes, los autores materiales e intelectuales
de la masacre estudiantil del 10 de junio de 1971
+ Virulento comunicado de los grupos guerrilleros contra el gobierno de entonces y el de hoy al que califica como un régimen mafioso, con instituciones corruptas que mantienen sometida a la población mexicana.
+ Una clase política copartícipe del crimen organizado. Un presidente producto de la imposición y el fraude. Ex presidentes cuyos crímenes contra el pueblo mexicano se mantienen en la impunidad y que hablan de sus acciones y enjuagues propios de organizaciones criminales.
+ Medios de comunicación que en su mayoría sólo cuidan sus privilegios, comercian con las noticias y se venden al mejor postor. Gobernantes y una clase política en general, que viven de la administración del poder a costa de la miseria del pueblo trabajador.
Del filósofo español Jorge Ruiz de Santayana (1863-1952) procede una frase que está escrita en el campo de concentración de Auschwitz: “El pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla”. Pero si esta frase es verdadera no lo es menos la de Hegel que advierte que: “La gran lección que nos enseña la Historia es que no aprendemos nada de ella”.
Para que no olvidemos nuestra historia y para que aprendamos de la misma, hoy dedicamos este espacio a rememorar la masacre del 10 de junio de 1971, mejor conocida como “La Matanza del Jueves de Corpus”
Ayer la denominada Coordinación Revolucionaria envió a este espacio su Manifiesto a la Nación No. 16 y en el que comienza diciendo que: Hoy vivimos tiempos de canallas.
Un estado mafioso, con instituciones corruptas que mantienen sometida a la población mexicana.
Una clase política copartícipe del crimen organizado.
Un presidente producto de la imposición y el fraude.
Expresidentes cuyos crímenes contra el pueblo mexicano se mantienen en la impunidad y que sin rubor alguno hablan de sus acciones y enjuagues propios de organizaciones criminales.
Medios de comunicación que en su mayoría sólo cuidan sus privilegios, comercian con las noticias y se venden al mejor postor.
Gobernantes y una clase política en general, que viven de la administración del poder a costa de la miseria del pueblo trabajador.
El comunicado en cuestión está signado por los grupos guerrilleros
Movimiento Revolucionario Lucio Cabañas Barrientos, MRLCB; Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo, TDR-EP; Organización Insurgente 1º de Mayo, OI-1M; Brigada de Ajusticiamiento 2 de Diciembre, BA-2D; y la Unidad Popular Revolucionaria Magonista, UPRM, quienes agregan que en México no hay un Estado de derecho, la justicia no existe, el gobierno viola sistemáticamente los derechos de la ciudadanía, reprime al pueblo con el ejército, los cuerpos policiacos y los grupos paramilitares, y cuando el pueblo demanda justicia, incluso dentro de los marcos legales de sus instituciones, sólo tiene como respuesta más represión.
En este contexto –dicen- hoy recordamos la brutal represión a una manifestación pacífica de estudiantes, cometida el 10 de junio de 1971 por “los halcones”, grupo paramilitar, que cumplía órdenes del asesino, entonces presidente, Luis Echeverría Álvarez, con el objetivo de desarticular el movimiento estudiantil y el movimiento político, que en diversos sectores de la sociedad se había desarrollado y estaba en ascenso.
Dejamos un momento el comunicado de los grupos guerrilleros para recordar los hechos históricos de ese Jueves de Corpus, cuando la Estación Normal del Metro de la Ciudad de México fue escenario de El Halconazo, nombre con el que se conoce la Matanza del Jueves de Corpus de 1971, llamada El Halconazo por la participación de un grupo de élite del Ejército Mexicano conocido como Los Halcones, es el nombre que se le da a los hechos ocurridos entonces cuando una manifestación juvenil en apoyo a los estudiantes de Monterrey, fue violentamente reprimida por un grupo paramilitar al servicio del estado llamado "Los Halcones". El presidente, Luis Echeverría Álvarez, se desligó de los hechos; pero nunca aclaró la situación que fue siempre negada oficialmente. De los hechos sangrientos nunca nadie se responsabilizó y mucho menos fue llevado ante la justicia.
Desde sus primeros días de gobierno, Luis Echeverría Álvarez anunció reformas de apertura democrática en el país. Inmediatamente permitió el regreso de algunos líderes del movimiento estudiantil de 1968 exiliados en Chile y la excarcelación de muchos otros presos desde hacía dos años (En abril de 1971 la prensa habló de próximas reformas educativas y pronto resurgieron en el ámbito político personajes como José Revueltas y Heberto Castillo, encarcelados dos años y medio atrás). Los estudiantes estaban entusiasmados y creyeron que habría oportunidades para regresar a las calles a manifestarse en contra del gobierno. El conflicto en la Universidad Autónoma de Nuevo León les dio una razón más para hacerlo: A finales de 1970 profesores y estudiantes de la universidad presentaron una ley orgánica que proponía un gobierno paritario y en marzo de 1971 llegó Héctor Ulises a la rectoría bajo esta nueva ley. El gobierno estatal, en desacuerdo, redujo drásticamente el presupuesto, lo que disgustó a los universitarios, y obligó al Consejo Universitario a aprobar un nuevo proyecto de ley que prácticamente suprimía la autonomía de la institución. Los universitarios comenzaron una huelga y se pidió solidaridad a las demás universidades del país. La Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional inmediatamente respondieron y los estudiantes convocaron a una manifestación masiva en apoyo a Nuevo León el día 10 de junio.
El 30 de mayo –señalan los resúmenes que se han realizado de los hechos- el gobernador de Nuevo León, Eduardo A. Elizondo Lozano, renunció como parte del programa de conciliación de la Secretaría de Educación Pública y el 5 de junio entró en vigor una nueva ley orgánica que resolvía el conflicto. Los estudiantes capitalinos, pese a ello, decidieron manifestarse, aun cuando las demandas no eran claras (el Comité coordinador de comités de lucha -CoCo- estaba dividido; había quienes pensaban que la marcha era inútil y sólo provocaría al gobierno, sin embargo, la mayoría la apoyó arguyendo que había muchos problemas más sin resolver). Se pedían desde 500 millas de mar territorial hasta efectividad en la apertura democrática prometida por Echeverría. Era, además, una oportunidad para que el gobierno mostrara que no sería represor como el anterior. Un grupo de choque entrenado por la Dirección Federal de Seguridad y conocido como “los halcones” atacó brutalmente a los estudiantes, que intentaron inútilmente esconderse de los jóvenes armados. La policía no intervino porque no tenía órdenes de hacerlo y permaneció como espectadora permitiendo la masacre. El número de muertos fue sin duda superior a 30.
Esa misma noche Luis Echeverría anunció una investigación sobre la matanza y afirmó que castigarían a los culpables. Alfonso Martínez Domínguez, regente de la ciudad, y Julio Sánchez Vargas, procurador general, negaron que hubiera halcones y los jefes policíacos culparon a los estudiantes de haber creado grupos extremistas dentro de su propio movimiento, quienes finalmente habrían atacado a sus compañeros. Pasó una semana hasta que Escobar aceptara que los había, pero no los involucró en la matanza. Martínez Domínguez entregó su renuncia a Echeverría el 15 de junio pues estaba convencido de que los manifestantes habían sido provocados, entre otras cosas, para que el gobierno tuviera un pretexto y se deshiciera de él.
El terrible saldo de la manifestación desanimó a muchos estudiantes, pero también propició que se radicalizaran otros más, quienes más tarde formarían parte de las organizaciones guerrilleras urbanas. Los estudiantes en 1971 demandaban especialmente la democratización de la enseñanza, el control del presupuesto universitario por los alumnos y profesores y que éste representara un 12% del PIB, así como libertad política donde obreros, campesinos, estudiantes e intelectuales gozaran de libertades democráticas reales y controlaran el régimen social; Educación de calidad para todos, en especial para campesinos y obreros, y mayor importancia y respeto a la diversidad cultural mexicana; Estricta apertura democrática, apoyo a la vida política sindical de los obreros y fin de la represión por parte del gobierno. Estas y otras expresiones de la oposición empezarían a canalizarse años después a través de la Reforma Política de 1977, impulsada desde las entrañas del régimen y que terminaría con la razón de ser de las guerrillas y la clandestinidad política.
En 2005 se debate en México si los delitos cometidos en este hecho han prescrito o si pueden ser aún juzgados los responsables, ya que para algunos la responsabilidad de Echeverría nunca se aclaró por estar protegido por la ley.
El 29 de noviembre del 2006, se declara culpable a Luis Echeverría Álvarez, así como su formal prisión por estos hechos, revocando la decisión del 8 de julio que declaraba prescritos los delitos por genocidio.
En el 2009 Luis Echeverría es exonerado al no encontrarse suficientes pruebas en su contra.
El objetivo de desarticulación del movimiento político –dice el comunicado de las guerrillas que ahora retomamos- ha estado presente en tantas otras represiones y masacres ejercidas en contra del pueblo mexicano, por los gobiernos priístas y panistas (como la del 68, la de Aguas Blancas, El Charco, San Salvador Atenco, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, etc., etc.). Crímenes que aún siguen impunes. Lo que ha llevado a muchos luchadores sociales y militantes políticos a la lucha armada y a la clandestinidad para poder sobrevivir y contribuir a construir un movimiento social y político amplio y sólido que transforme al país.
Pero esto no es nuevo, ya que la corrupción, la injusticia, la represión y la impunidad, son características inherentes del sistema político mexicano y de los distintos gobiernos priístas y panistas. Sin embargo hoy, como manifestación de la crisis, se han exacerbado.
Porque la crisis actual del capitalismo, es precisamente la descomposición del sistema en todos los ámbitos: económico, político, social, moral, cultural, etc.
Mientras tanto, los procesos electorales siguen siendo para la promoción y la competencia personal o de grupos que sólo ven por sus privilegios e intereses ¿Y los de abajo? Esos no interesan, ni su parecer tampoco, porque al fin y al cabo no cuentan. ¿Interesan sus votos?, sí, pero sólo para aparentar que vivimos la democracia y maquillar el fraude en la elección y la imposición de los gobernantes y “representantes populares”.
No hay presupuesto para programas de beneficio social, éstos sólo existen en el discurso (sobre todo en tiempos electorales), pero sí lo hay para proporcionar un mayor ingreso y mejor equipo a las fuerzas militares. ¿Para qué? Para combatir al narcotráfico dice Calderón, pero en realidad es para reprimir al pueblo, tratar de contener la protesta popular y, sobre todo, para mantenerse en el poder.
Desde su inicio, el gobierno de facto ha criminalizado la lucha social y se ha destacado por el uso de la represión a las organizaciones sociales y políticas; por la persecución, el encarcelamiento, el asesinato y desaparición de luchadores sociales; por la reanudación de la guerra sucia y el terrorismo de Estado, con el que pretende mantener a la población en condiciones de zozobra e inseguridad que la paralicen e impidan se organice y manifieste políticamente.
Asimismo, desde que se impuso, el gobierno de Calderón ha cometido abusos, secuestros, desapariciones forzadas, y asesinatos en contra de comunidades indígenas, campesinos, colonos, obreros, mineros, maestros, estudiantes, luchadores sociales y periodistas honestos, ensañándose con éstos cuando se atreven a denunciar las arbitrariedades y violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno y sus instituciones
En resumidas cuentas, mientras la mayoría de los mexicanos vivimos en la miseria, unos cuantos viven en la opulencia. La clase política del país, empezando por el presidente ilegítimo, han llegado a tal grado de corrupción y cinismo que ya ni siquiera se preocupan por aparentar un interés por el país y por los mexicanos. Y cuando lo hacen es bajo presión de tragedias como la recién acontecida en el estado de Sonora, donde la muerte de 43 niños, durante el incendio de una guardería del IMSS “subrogada” a familiares de la esposa de Felipe Calderón, quedará registrada como una de las peores desgracias generadas por el desmantelamiento del estado, así como por la criminal negligencia, complicidad y solapamiento de funcionarios diversos -priistas y panistas- de los tres niveles de gobierno que tratarán por todos los medios de eludir responsabilidades, fabricar “chivos expiatorios” y tapar -con el fuero presidencial- el lodo de la corrupción y de la privatización a ultranza de los derechos sociales de que hemos sido despojados los mexicanos, bajo el régimen neoliberal. Y, ante esta desgracia, es de esperarse una nueva andanada de recriminaciones mutuas en la que se volverán a exhibir unos funcionarios a otros en su corrupción, sus fraudes y componendas. Pues descalificándose esperan deslindarse y conservar el poder para seguir viviendo del erario público.
Por todo lo anterior, se requiere acrecentar hoy más que nunca la lucha del movimiento social contra la corrupción y la impunidad de políticos y empresarios, principalmente del PRIAN, que se han enriquecido a costa del desmantelamiento del estado, del saqueo a la nación y de la sobreexplotación a la que ha sido sometido brutalmente el pueblo trabajador. Asimismo, se requiere acrecentar la lucha por la libertad inmediata e incondicional de todos los luchadores sociales, presos políticos del régimen en turno y la presentación de los desaparecidos políticos, porque ya no se trata de pedir o exigir a quienes sólo nos consideran para la explotación y el sometimiento, y ni siquiera cumplen con sus propias reglas. De ellos sólo podemos esperar más mentiras, más corrupción, más injusticia y más represión.
Estamos convencidos de que la transformación de la sociedad sólo puede ser resultado de la lucha del pueblo mexicano y, por tanto, de sus organizaciones sociales, políticas y revolucionarias… Y es todo por hoy, después estaremos con ustedes con más de esto y aquello.
soyatemono@yahoo.com.mx
La calle 10 de junio de 2009
Por Jorge Díaz Navarro
Impunes, los autores materiales e intelectuales
de la masacre estudiantil del 10 de junio de 1971
+ Virulento comunicado de los grupos guerrilleros contra el gobierno de entonces y el de hoy al que califica como un régimen mafioso, con instituciones corruptas que mantienen sometida a la población mexicana.
+ Una clase política copartícipe del crimen organizado. Un presidente producto de la imposición y el fraude. Ex presidentes cuyos crímenes contra el pueblo mexicano se mantienen en la impunidad y que hablan de sus acciones y enjuagues propios de organizaciones criminales.
+ Medios de comunicación que en su mayoría sólo cuidan sus privilegios, comercian con las noticias y se venden al mejor postor. Gobernantes y una clase política en general, que viven de la administración del poder a costa de la miseria del pueblo trabajador.
Del filósofo español Jorge Ruiz de Santayana (1863-1952) procede una frase que está escrita en el campo de concentración de Auschwitz: “El pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla”. Pero si esta frase es verdadera no lo es menos la de Hegel que advierte que: “La gran lección que nos enseña la Historia es que no aprendemos nada de ella”.
Para que no olvidemos nuestra historia y para que aprendamos de la misma, hoy dedicamos este espacio a rememorar la masacre del 10 de junio de 1971, mejor conocida como “La Matanza del Jueves de Corpus”
Ayer la denominada Coordinación Revolucionaria envió a este espacio su Manifiesto a la Nación No. 16 y en el que comienza diciendo que: Hoy vivimos tiempos de canallas.
Un estado mafioso, con instituciones corruptas que mantienen sometida a la población mexicana.
Una clase política copartícipe del crimen organizado.
Un presidente producto de la imposición y el fraude.
Expresidentes cuyos crímenes contra el pueblo mexicano se mantienen en la impunidad y que sin rubor alguno hablan de sus acciones y enjuagues propios de organizaciones criminales.
Medios de comunicación que en su mayoría sólo cuidan sus privilegios, comercian con las noticias y se venden al mejor postor.
Gobernantes y una clase política en general, que viven de la administración del poder a costa de la miseria del pueblo trabajador.
El comunicado en cuestión está signado por los grupos guerrilleros
Movimiento Revolucionario Lucio Cabañas Barrientos, MRLCB; Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo, TDR-EP; Organización Insurgente 1º de Mayo, OI-1M; Brigada de Ajusticiamiento 2 de Diciembre, BA-2D; y la Unidad Popular Revolucionaria Magonista, UPRM, quienes agregan que en México no hay un Estado de derecho, la justicia no existe, el gobierno viola sistemáticamente los derechos de la ciudadanía, reprime al pueblo con el ejército, los cuerpos policiacos y los grupos paramilitares, y cuando el pueblo demanda justicia, incluso dentro de los marcos legales de sus instituciones, sólo tiene como respuesta más represión.
En este contexto –dicen- hoy recordamos la brutal represión a una manifestación pacífica de estudiantes, cometida el 10 de junio de 1971 por “los halcones”, grupo paramilitar, que cumplía órdenes del asesino, entonces presidente, Luis Echeverría Álvarez, con el objetivo de desarticular el movimiento estudiantil y el movimiento político, que en diversos sectores de la sociedad se había desarrollado y estaba en ascenso.
Dejamos un momento el comunicado de los grupos guerrilleros para recordar los hechos históricos de ese Jueves de Corpus, cuando la Estación Normal del Metro de la Ciudad de México fue escenario de El Halconazo, nombre con el que se conoce la Matanza del Jueves de Corpus de 1971, llamada El Halconazo por la participación de un grupo de élite del Ejército Mexicano conocido como Los Halcones, es el nombre que se le da a los hechos ocurridos entonces cuando una manifestación juvenil en apoyo a los estudiantes de Monterrey, fue violentamente reprimida por un grupo paramilitar al servicio del estado llamado "Los Halcones". El presidente, Luis Echeverría Álvarez, se desligó de los hechos; pero nunca aclaró la situación que fue siempre negada oficialmente. De los hechos sangrientos nunca nadie se responsabilizó y mucho menos fue llevado ante la justicia.
Desde sus primeros días de gobierno, Luis Echeverría Álvarez anunció reformas de apertura democrática en el país. Inmediatamente permitió el regreso de algunos líderes del movimiento estudiantil de 1968 exiliados en Chile y la excarcelación de muchos otros presos desde hacía dos años (En abril de 1971 la prensa habló de próximas reformas educativas y pronto resurgieron en el ámbito político personajes como José Revueltas y Heberto Castillo, encarcelados dos años y medio atrás). Los estudiantes estaban entusiasmados y creyeron que habría oportunidades para regresar a las calles a manifestarse en contra del gobierno. El conflicto en la Universidad Autónoma de Nuevo León les dio una razón más para hacerlo: A finales de 1970 profesores y estudiantes de la universidad presentaron una ley orgánica que proponía un gobierno paritario y en marzo de 1971 llegó Héctor Ulises a la rectoría bajo esta nueva ley. El gobierno estatal, en desacuerdo, redujo drásticamente el presupuesto, lo que disgustó a los universitarios, y obligó al Consejo Universitario a aprobar un nuevo proyecto de ley que prácticamente suprimía la autonomía de la institución. Los universitarios comenzaron una huelga y se pidió solidaridad a las demás universidades del país. La Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional inmediatamente respondieron y los estudiantes convocaron a una manifestación masiva en apoyo a Nuevo León el día 10 de junio.
El 30 de mayo –señalan los resúmenes que se han realizado de los hechos- el gobernador de Nuevo León, Eduardo A. Elizondo Lozano, renunció como parte del programa de conciliación de la Secretaría de Educación Pública y el 5 de junio entró en vigor una nueva ley orgánica que resolvía el conflicto. Los estudiantes capitalinos, pese a ello, decidieron manifestarse, aun cuando las demandas no eran claras (el Comité coordinador de comités de lucha -CoCo- estaba dividido; había quienes pensaban que la marcha era inútil y sólo provocaría al gobierno, sin embargo, la mayoría la apoyó arguyendo que había muchos problemas más sin resolver). Se pedían desde 500 millas de mar territorial hasta efectividad en la apertura democrática prometida por Echeverría. Era, además, una oportunidad para que el gobierno mostrara que no sería represor como el anterior. Un grupo de choque entrenado por la Dirección Federal de Seguridad y conocido como “los halcones” atacó brutalmente a los estudiantes, que intentaron inútilmente esconderse de los jóvenes armados. La policía no intervino porque no tenía órdenes de hacerlo y permaneció como espectadora permitiendo la masacre. El número de muertos fue sin duda superior a 30.
Esa misma noche Luis Echeverría anunció una investigación sobre la matanza y afirmó que castigarían a los culpables. Alfonso Martínez Domínguez, regente de la ciudad, y Julio Sánchez Vargas, procurador general, negaron que hubiera halcones y los jefes policíacos culparon a los estudiantes de haber creado grupos extremistas dentro de su propio movimiento, quienes finalmente habrían atacado a sus compañeros. Pasó una semana hasta que Escobar aceptara que los había, pero no los involucró en la matanza. Martínez Domínguez entregó su renuncia a Echeverría el 15 de junio pues estaba convencido de que los manifestantes habían sido provocados, entre otras cosas, para que el gobierno tuviera un pretexto y se deshiciera de él.
El terrible saldo de la manifestación desanimó a muchos estudiantes, pero también propició que se radicalizaran otros más, quienes más tarde formarían parte de las organizaciones guerrilleras urbanas. Los estudiantes en 1971 demandaban especialmente la democratización de la enseñanza, el control del presupuesto universitario por los alumnos y profesores y que éste representara un 12% del PIB, así como libertad política donde obreros, campesinos, estudiantes e intelectuales gozaran de libertades democráticas reales y controlaran el régimen social; Educación de calidad para todos, en especial para campesinos y obreros, y mayor importancia y respeto a la diversidad cultural mexicana; Estricta apertura democrática, apoyo a la vida política sindical de los obreros y fin de la represión por parte del gobierno. Estas y otras expresiones de la oposición empezarían a canalizarse años después a través de la Reforma Política de 1977, impulsada desde las entrañas del régimen y que terminaría con la razón de ser de las guerrillas y la clandestinidad política.
En 2005 se debate en México si los delitos cometidos en este hecho han prescrito o si pueden ser aún juzgados los responsables, ya que para algunos la responsabilidad de Echeverría nunca se aclaró por estar protegido por la ley.
El 29 de noviembre del 2006, se declara culpable a Luis Echeverría Álvarez, así como su formal prisión por estos hechos, revocando la decisión del 8 de julio que declaraba prescritos los delitos por genocidio.
En el 2009 Luis Echeverría es exonerado al no encontrarse suficientes pruebas en su contra.
El objetivo de desarticulación del movimiento político –dice el comunicado de las guerrillas que ahora retomamos- ha estado presente en tantas otras represiones y masacres ejercidas en contra del pueblo mexicano, por los gobiernos priístas y panistas (como la del 68, la de Aguas Blancas, El Charco, San Salvador Atenco, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, etc., etc.). Crímenes que aún siguen impunes. Lo que ha llevado a muchos luchadores sociales y militantes políticos a la lucha armada y a la clandestinidad para poder sobrevivir y contribuir a construir un movimiento social y político amplio y sólido que transforme al país.
Pero esto no es nuevo, ya que la corrupción, la injusticia, la represión y la impunidad, son características inherentes del sistema político mexicano y de los distintos gobiernos priístas y panistas. Sin embargo hoy, como manifestación de la crisis, se han exacerbado.
Porque la crisis actual del capitalismo, es precisamente la descomposición del sistema en todos los ámbitos: económico, político, social, moral, cultural, etc.
Mientras tanto, los procesos electorales siguen siendo para la promoción y la competencia personal o de grupos que sólo ven por sus privilegios e intereses ¿Y los de abajo? Esos no interesan, ni su parecer tampoco, porque al fin y al cabo no cuentan. ¿Interesan sus votos?, sí, pero sólo para aparentar que vivimos la democracia y maquillar el fraude en la elección y la imposición de los gobernantes y “representantes populares”.
No hay presupuesto para programas de beneficio social, éstos sólo existen en el discurso (sobre todo en tiempos electorales), pero sí lo hay para proporcionar un mayor ingreso y mejor equipo a las fuerzas militares. ¿Para qué? Para combatir al narcotráfico dice Calderón, pero en realidad es para reprimir al pueblo, tratar de contener la protesta popular y, sobre todo, para mantenerse en el poder.
Desde su inicio, el gobierno de facto ha criminalizado la lucha social y se ha destacado por el uso de la represión a las organizaciones sociales y políticas; por la persecución, el encarcelamiento, el asesinato y desaparición de luchadores sociales; por la reanudación de la guerra sucia y el terrorismo de Estado, con el que pretende mantener a la población en condiciones de zozobra e inseguridad que la paralicen e impidan se organice y manifieste políticamente.
Asimismo, desde que se impuso, el gobierno de Calderón ha cometido abusos, secuestros, desapariciones forzadas, y asesinatos en contra de comunidades indígenas, campesinos, colonos, obreros, mineros, maestros, estudiantes, luchadores sociales y periodistas honestos, ensañándose con éstos cuando se atreven a denunciar las arbitrariedades y violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno y sus instituciones
En resumidas cuentas, mientras la mayoría de los mexicanos vivimos en la miseria, unos cuantos viven en la opulencia. La clase política del país, empezando por el presidente ilegítimo, han llegado a tal grado de corrupción y cinismo que ya ni siquiera se preocupan por aparentar un interés por el país y por los mexicanos. Y cuando lo hacen es bajo presión de tragedias como la recién acontecida en el estado de Sonora, donde la muerte de 43 niños, durante el incendio de una guardería del IMSS “subrogada” a familiares de la esposa de Felipe Calderón, quedará registrada como una de las peores desgracias generadas por el desmantelamiento del estado, así como por la criminal negligencia, complicidad y solapamiento de funcionarios diversos -priistas y panistas- de los tres niveles de gobierno que tratarán por todos los medios de eludir responsabilidades, fabricar “chivos expiatorios” y tapar -con el fuero presidencial- el lodo de la corrupción y de la privatización a ultranza de los derechos sociales de que hemos sido despojados los mexicanos, bajo el régimen neoliberal. Y, ante esta desgracia, es de esperarse una nueva andanada de recriminaciones mutuas en la que se volverán a exhibir unos funcionarios a otros en su corrupción, sus fraudes y componendas. Pues descalificándose esperan deslindarse y conservar el poder para seguir viviendo del erario público.
Por todo lo anterior, se requiere acrecentar hoy más que nunca la lucha del movimiento social contra la corrupción y la impunidad de políticos y empresarios, principalmente del PRIAN, que se han enriquecido a costa del desmantelamiento del estado, del saqueo a la nación y de la sobreexplotación a la que ha sido sometido brutalmente el pueblo trabajador. Asimismo, se requiere acrecentar la lucha por la libertad inmediata e incondicional de todos los luchadores sociales, presos políticos del régimen en turno y la presentación de los desaparecidos políticos, porque ya no se trata de pedir o exigir a quienes sólo nos consideran para la explotación y el sometimiento, y ni siquiera cumplen con sus propias reglas. De ellos sólo podemos esperar más mentiras, más corrupción, más injusticia y más represión.
Estamos convencidos de que la transformación de la sociedad sólo puede ser resultado de la lucha del pueblo mexicano y, por tanto, de sus organizaciones sociales, políticas y revolucionarias… Y es todo por hoy, después estaremos con ustedes con más de esto y aquello.
soyatemono@yahoo.com.mx
La calle 10 de junio de 2009