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+ Un niño de 14 años y otra persona de 30 que padecen derrames cerebral fueron torturados física y moralmente, para obligarlos a que dijeran que ahí había gente armada (guerrilleros) y delincuentes (narcotraficantes), colocándoles una camisa en la cara, a la cual le daban vuelta a manera de torniquete, para cortarles la respiración y golpeándoles los oídos para aturdirlos.
Bajo el expediente de una guerra sin cuartel al narcotráfico, el gobierno federal ha aprovechado para enmarcar en ese concepto delictivo a los movimientos sociales revolucionarios, o sea las llamadas guerrillas, y ha dispuesto que el Ejército los extermine en donde quiera que estén.
La semana pasada una partida militar incursionó en la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, Guerrero, con el expreso objetivo de dar con los campamentos del Ejercito Popular Revolucionario (EPR) y del Ejercito Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) y arrasarlos junto con los guerrilleros que ahí se encontraran.
Por supuesto que no hubo enfrentamientos y los soldados no pudieron dar con tales campamentos y guerrilleros, habida cuenta que en la actualidad la insurgencia ha cambiado de estrategia, al grado tal que las zonas intrincadas de las montañas y selvas ya no son lugares que lijan para esconderse o adiestrarse para posibles encuentros bélicos.
De acuerdo a reportes provenientes de vecinos de comunidades serranas, los soldados cometieron una serie de excesos contra indefensos campesinos, en su mayoría mujeres y niños, que fue preciso que la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum) y organismos civiles como el Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), y el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (Ccti), constataran la serie de atrocidades cometidas por los militares contra moradores serranos.
En su último comunicado la Codehum informó el lunes recabó quejas que presentaron ciudadanos en contra de elementos del Ejercito. Citó como ejemplo los casos de un menor de 14 años y otra persona de 30 años de edad que padece de un derrame cerebral, que fueron torturados física y moralmente, para obligarlos a que dijeran que ahí había gente armada (guerrilleros) y delincuentes (narcotraficantes), colocándoles una camisa en la cara, a la cual le daban vuelta a manera de torniquete, para cortarles la respiración y golpeándoles los oídos para aturdirlos.
Según el organismo defensor de los derecho humanos, las víctimas también recibieron patadas, piquetes con un cuchillo en el estómago y les daban toques eléctricos; asimismo, que al darse cuenta de estos acontecimientos, los varones huyeron al monte para protegerse.
La Codehum también relata en su reporte que los militares allanaron sus domicilios, que en total fueron diez casas, en las cuales se apoderaron de ropa, que se tomaron los jugos que tienen para su consumo, así como que cortaron la manguera que les surte de agua.
Según el documento los soldados llevaron en un costalillo ropa tipo militar y semillas de amapola, misma que esparcieron diciendo que ahí la habían encontrado. “Después golpearon a otros menores, uno de diez y otro de ocho años de edad, mientras que a una de las señoras le robaron tres mil pesos y su credencial de elector; asimismo, le poncharon las llantas de una cuatrimotor.
De acuerdo a las denuncias que recabó el organismo y que ya se hacen públicas en los medios de Guerrero, las victimas de los militares dijeron que éstos se retiraron el sábado, al enterarse que acudían personal de Derechos Humanos y organizaciones civiles.
Mientras tanto, el Tadeco y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, señalaron que en la comunidad denominada Puerto de las Ollas constataron que a las viviendas los militares causaron destrozos y las saquearon.
“La encargada de la tienda rural, una mujer de aproximadamente 30 años y en estado de embarazo relató cómo fue que saquearon y revolvieron la mercancía guardada en dicha tienda, con violencia, y dejando pérdidas al dañar cajas con víveres, a su vez, le gritaron, ofendieron, y agredieron físicamente empujándola violentamente entre ellos y contra las paredes de madera de la tienda”, relata el comunicado.
De igual forma, Derechos Humanos de Guerrero agrega que una habitante reportó que su hijo Omar García, de 14 años de edad, fue torturado el día martes 9 cuando arribaron los soldados, dándole toques eléctricos en el cuerpo vendado de ojos, tapado de la cabeza con bolsa de plástico, golpes en diversas partes del cuerpo, amenazas de castración, dejándolo en estado convulsivo por la tortura efectuada. “Cabe enfatizar que el joven aún herido huyó al monte con los demás hombres por temor a seguir siendo herido y torturado”, agregó el organismo.
El comunicado del organismo ombudsman refiere que “Se recabó la denuncia de civiles armados y encapuchados jugando pelota con los militares sin ser de la comunidad. A pesar de encontrarse armados no fueron molestados por los militares. Los habitantes dijeron que iban con los militares para señalar gente”
Por otra parte, en la comunidad de Las Palancas, según los organismos un hombre de 30 años de edad que sufre secuelas de un derrame cerebral desde hace 2 años, mostró tortura y golpes, así como piquetes de agujas debajo de las uñas de los dedos de la mano, golpes con ambas palmas de mano en sus oídos, le cubrieron rostro con bolsa de plástico, golpes en las sienes, costillas, amenazas de toques eléctricos en pezones”, tortura a la que fue sometido por los soldados.
Un civil de aproximadamente 50 años –sigue diciendo el comunicado de los organismos de Derechos Humanos- fue perseguido en las afueras del poblado, en repetidas ocasiones siendo balaceado y logrando huir ileso, posteriormente, al regresar al lugar rescató 6 casquillos de arma de la que le dispararon”.
A su vez, el pastor y secretario del Consejo de Administración Ejidal, Modesto Rauda Wences atestiguó que su hermano fue herido y balaceado teniendo que huir.
“Cabe remarcar que en las dos comunidades se constató el hecho de la ausencia de casi todos los hombres ante la llegada de elementos del Ejército”, dice el informe de los organismos.
“Conforme a lo anterior comprobamos que con esta acción anticonstitucional del Ejercito mexicano fueron suspendidas ilegalmente las garantías constitucionales de los ciudadanos y en particular no se respetaron las garantías constitucionales, señalan los organismos civiles que el pasado fin de semana visitaron las comunidades allanadas por militares.
Como es de advertirse pues, las acciones del ejercito no son todas dignas de encomio, sino que altamente censurables por los salvajes procedimientos de tortura que emplea para obtener información o para cometer actos de rapiña y otros ilícitos tipificados como delitos graves en el marco normativo peal de del país y de las entidades federativas
+ Un niño de 14 años y otra persona de 30 que padecen derrames cerebral fueron torturados física y moralmente, para obligarlos a que dijeran que ahí había gente armada (guerrilleros) y delincuentes (narcotraficantes), colocándoles una camisa en la cara, a la cual le daban vuelta a manera de torniquete, para cortarles la respiración y golpeándoles los oídos para aturdirlos.
Bajo el expediente de una guerra sin cuartel al narcotráfico, el gobierno federal ha aprovechado para enmarcar en ese concepto delictivo a los movimientos sociales revolucionarios, o sea las llamadas guerrillas, y ha dispuesto que el Ejército los extermine en donde quiera que estén.
La semana pasada una partida militar incursionó en la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, Guerrero, con el expreso objetivo de dar con los campamentos del Ejercito Popular Revolucionario (EPR) y del Ejercito Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) y arrasarlos junto con los guerrilleros que ahí se encontraran.
Por supuesto que no hubo enfrentamientos y los soldados no pudieron dar con tales campamentos y guerrilleros, habida cuenta que en la actualidad la insurgencia ha cambiado de estrategia, al grado tal que las zonas intrincadas de las montañas y selvas ya no son lugares que lijan para esconderse o adiestrarse para posibles encuentros bélicos.
De acuerdo a reportes provenientes de vecinos de comunidades serranas, los soldados cometieron una serie de excesos contra indefensos campesinos, en su mayoría mujeres y niños, que fue preciso que la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum) y organismos civiles como el Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), y el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (Ccti), constataran la serie de atrocidades cometidas por los militares contra moradores serranos.
En su último comunicado la Codehum informó el lunes recabó quejas que presentaron ciudadanos en contra de elementos del Ejercito. Citó como ejemplo los casos de un menor de 14 años y otra persona de 30 años de edad que padece de un derrame cerebral, que fueron torturados física y moralmente, para obligarlos a que dijeran que ahí había gente armada (guerrilleros) y delincuentes (narcotraficantes), colocándoles una camisa en la cara, a la cual le daban vuelta a manera de torniquete, para cortarles la respiración y golpeándoles los oídos para aturdirlos.
Según el organismo defensor de los derecho humanos, las víctimas también recibieron patadas, piquetes con un cuchillo en el estómago y les daban toques eléctricos; asimismo, que al darse cuenta de estos acontecimientos, los varones huyeron al monte para protegerse.
La Codehum también relata en su reporte que los militares allanaron sus domicilios, que en total fueron diez casas, en las cuales se apoderaron de ropa, que se tomaron los jugos que tienen para su consumo, así como que cortaron la manguera que les surte de agua.
Según el documento los soldados llevaron en un costalillo ropa tipo militar y semillas de amapola, misma que esparcieron diciendo que ahí la habían encontrado. “Después golpearon a otros menores, uno de diez y otro de ocho años de edad, mientras que a una de las señoras le robaron tres mil pesos y su credencial de elector; asimismo, le poncharon las llantas de una cuatrimotor.
De acuerdo a las denuncias que recabó el organismo y que ya se hacen públicas en los medios de Guerrero, las victimas de los militares dijeron que éstos se retiraron el sábado, al enterarse que acudían personal de Derechos Humanos y organizaciones civiles.
Mientras tanto, el Tadeco y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, señalaron que en la comunidad denominada Puerto de las Ollas constataron que a las viviendas los militares causaron destrozos y las saquearon.
“La encargada de la tienda rural, una mujer de aproximadamente 30 años y en estado de embarazo relató cómo fue que saquearon y revolvieron la mercancía guardada en dicha tienda, con violencia, y dejando pérdidas al dañar cajas con víveres, a su vez, le gritaron, ofendieron, y agredieron físicamente empujándola violentamente entre ellos y contra las paredes de madera de la tienda”, relata el comunicado.
De igual forma, Derechos Humanos de Guerrero agrega que una habitante reportó que su hijo Omar García, de 14 años de edad, fue torturado el día martes 9 cuando arribaron los soldados, dándole toques eléctricos en el cuerpo vendado de ojos, tapado de la cabeza con bolsa de plástico, golpes en diversas partes del cuerpo, amenazas de castración, dejándolo en estado convulsivo por la tortura efectuada. “Cabe enfatizar que el joven aún herido huyó al monte con los demás hombres por temor a seguir siendo herido y torturado”, agregó el organismo.
El comunicado del organismo ombudsman refiere que “Se recabó la denuncia de civiles armados y encapuchados jugando pelota con los militares sin ser de la comunidad. A pesar de encontrarse armados no fueron molestados por los militares. Los habitantes dijeron que iban con los militares para señalar gente”
Por otra parte, en la comunidad de Las Palancas, según los organismos un hombre de 30 años de edad que sufre secuelas de un derrame cerebral desde hace 2 años, mostró tortura y golpes, así como piquetes de agujas debajo de las uñas de los dedos de la mano, golpes con ambas palmas de mano en sus oídos, le cubrieron rostro con bolsa de plástico, golpes en las sienes, costillas, amenazas de toques eléctricos en pezones”, tortura a la que fue sometido por los soldados.
Un civil de aproximadamente 50 años –sigue diciendo el comunicado de los organismos de Derechos Humanos- fue perseguido en las afueras del poblado, en repetidas ocasiones siendo balaceado y logrando huir ileso, posteriormente, al regresar al lugar rescató 6 casquillos de arma de la que le dispararon”.
A su vez, el pastor y secretario del Consejo de Administración Ejidal, Modesto Rauda Wences atestiguó que su hermano fue herido y balaceado teniendo que huir.
“Cabe remarcar que en las dos comunidades se constató el hecho de la ausencia de casi todos los hombres ante la llegada de elementos del Ejército”, dice el informe de los organismos.
“Conforme a lo anterior comprobamos que con esta acción anticonstitucional del Ejercito mexicano fueron suspendidas ilegalmente las garantías constitucionales de los ciudadanos y en particular no se respetaron las garantías constitucionales, señalan los organismos civiles que el pasado fin de semana visitaron las comunidades allanadas por militares.
Como es de advertirse pues, las acciones del ejercito no son todas dignas de encomio, sino que altamente censurables por los salvajes procedimientos de tortura que emplea para obtener información o para cometer actos de rapiña y otros ilícitos tipificados como delitos graves en el marco normativo peal de del país y de las entidades federativas