Es como se expresaron esta mañana los del Frente de Trabajadores de la Energía al haber aprobado lPrivatización de TODAS las fuentes de energía.
Durante el mitín de está mañana se dijo que: "Al aprobarse las reformas al artículo 33 de la Ley de la Administración Pública Federal (LOAPF) relativas a la Sener, todos los partidos acordaron que ésta tendrá las atribuciones para “regular las fuentes alternas a los hidrocarburos”. En su momento señalamos que son las renovables y las no renovables, varias de ellas apenas en desarrollo y que todavía no se utilizan en México, pero que ya quedarán privatizadas, algunas de manera absurda.
Esas fuentes alternas son: el carbón, el uranio, el torio, el plutonio, el hidrógeno, el helio, el litio (elemento energía), el agua (ordinaria, pesada y tritiada), el vapor terrestre (geotermia), la energía oceánica (mareomotriz), el viento (y altos vientos), y la radiación del Sol."
Asi mismo dijeron que en su voracidad privatizadora, las comisiones del Senado incluyeron en el dictamen sobre la Ley para las Energías Renovables, también, a la biomasa e, incluso, a los “biocombustibles”, sin precisar si éstos serán a partir de caña de azúcar, maíz, trigo, cebada, palma de aceite, mostaza de Etiopía, o frutas (naranjas y manzanas) o, incluso, nopales y magueyes.
Se trata de la privatización porque las bases legaloides son las contrarreformas de 1992 a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE), mismas que permite la generación eléctrica privada a partir de cualquier fuente primaria. A la fecha, la CRE ha otorgado varios permisos a las transnacionales y sus prestanombres para la generación eoloeléctrica, a base del viento, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, así como diversos proyectos hidroeléctricos.
Esto empuja a los senadores a apoyar, unáminemente o por mayoría, el séptimo dictamen que han venido ocultando. La privatización de las fuentes de renovables de energía ya la lleva a cabo la CRE. Con el dictamen, serán explícitas las atribuciones de esta comisión encargada de otorgar los permisos privados.
Este decreto debe ser desechado pues es abiertamente privatizador e inconstitucional. Si los legisladores lo aprueban, “lograrán” violar flagrantemente a la Constitución.