El dictamen privatizador que viene
Las varias iniciativas de reforma a la legislación energética secundaria se han resumido en siete dictámenes que prepara el Senado. En secreto, a espaldas de la nación, las cúpulas partidarias consensúan sus acuerdos. En cinco de esos dictámenes está el veneno de la privatización. Las coincidencias están en la inconstitucionalidad de las leyes por reformar, la validación del Tratado de Libre Comercio, la afirmación a las contrarreformas legislativas previas, el aval al contratismo en Pemex, el fraccionamiento del proceso de trabajo petrolero y la certificación a la impunidad de la privatización energética furtiva.
Preparan privatización NO constitucional
“El proceso de dictaminación de la reforma ya se inició”, anunció el senador Francisco Labastida (PRI), el día de ayer 7 de octubre. Labastida declaró que las comisiones de Energía y Estudios Legislativos del Senado acordaron elaborar siete dictámenes sobre la reforma energética, que incluirán modificaciones a nueve (sic) leyes secundarias.
Por su parte, el senador Graco Ramírez (PRD), secretario de la comisión de energía expresó que “la semana que entra empezamos a ver los dictámenes, y en tres semanas podrían estar listos. En los próximos días nos entregarán varios dictámenes que revisaremos en las bancadas y en la Comisión de Energía”. ¿Nos “entregarán”? ¿Quiénes?
Esto es, mientras el país se les deshace en las manos, cuando el dólar se cotiza en más de 12.50 pesos (el nivel de 1976), en momentos en que se anuncia una catástrofe negada oficialmente derivada del salvajismo financiero norteamericano, los políticos del Estado mexicano piensan en culminar el atraco contra la nación para privatizar a Pemex.
Por supuesto, ya están listos para declarar que no se toca a la Constitución. Pero, como lo ha hecho el gobierno federal respecto a la crisis económica, señalando que México no se vería afectado, que la nuestra es una economía “solidísima”, los legisladores dirán que los dictámenes sobre la reforma energética son para el bien de Pemex y del país. No es así.
Se busca apoyar con petróleo al tsunami financiero
Labastida dijo que se buscará “que la caída en la producción petrolera no sea tan acelerada como ocurre. Cantarell declina 30 por ciento anual, y el yacimiento que está compensando su caída, empezará una caída acelerada en 2010 y 2011”. Esto es, para Labastida hay que sacar más petróleo y exportarlo inmediatamente. Con esos argumentos, que ya han sido hartamente rebatidos, el priísta anuncia la imposición compulsiva de la privatización de Pemex.
Detrás del PRI le sigue el FAP. Este acaba de tener un duro descalabro en las elecciones del estado de Guerrero, perdiendo uno de sus bastiones más importantes en el país, mismo que fue recuperado por el PRI. Las alianzas sin principios son comunes entre los partidos socialdemócratas pero, en el caso energético, tal alianza podría concluir en una seria traición a la nación.
Los siete dictámenes que se preparan
Los dictámenes que se preparan se refieren a las reformas a las leyes siguientes: 1- Ley Reglamentaria del Artículo 27 en el Ramo del Petróleo; 2- Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, artículo 33; 3- Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y reformas a las leyes relacionadas. 4- Ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos; 5- Ley de la Comisión Reguladora de Energía; 6- Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, y 7- Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía.
El FAP, en su iniciativa energética, propuso dos dictámenes, uno, rechazando totalmente la iniciativa de Calderón, apoyada por el PAN, consistente en las reformas a seis leyes secundarias, así como, el rechazo “parcial” a tres de las nueve leyes propuestas por el PRI.
¿Dónde quedaron esos dictámenes? Si bien, es sabido que los senadores han venido dictaminando en secreto, en ningún momento se ha conocido que los legisladores del FAP hayan hecho siquiera mención de lo que supuestamente defenderían. Por allí, precisamente, debieron de empezar. Dejarle la iniciativa a Labastida implica que las propuestas del FAP ni siquiera se consideren, todo quedará en los acuerdos internos entre las fracciones parlamentarias. Los legisladores del FAP, por supuesto, incumplen su papel.
Respecto a las leyes secundarias por dictaminar, se consideran a las 5 fundamentales, es decir, 1- Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 2- Ley Orgánica de Pemex, 3- Ley de la Comisión Reguladora de Energía, 4- Ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y 5- Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo. En estas leyes a reformar está contenido el veneno de la privatización.
Los restantes Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, una propuesta por el PVEM y, otra, por el PRI, y la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, que NADIE había propuesto, complementarían a las anteriores porque asumen la privatización furtiva expresada en éstas.
El veneno de la privatización
1- Funciones privatizadoras para la Sener
Lo que los senadores, y sus expertos, están preparando será un atraco contra la nación, en medio de la incertidumbre, desinformación, confusión y alarma por los graves efectos de la crisis financiera del imperialismo cuyos efectos en México ya son preocupantes y serán peores.
El procedimiento a seguir será el iniciado por Labastida, Graco y otros senadores en diciembre de 2006 que los llevó, el 17 de abril de 2007, a aprobar por 94 votos a 0 (cero) la iniciativa de reformas y adiciones nada menos que al artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. La propuesta de entonces, es la misma que presentó el PAN, luego el PRI y, posteriormente, el FAP. Hay evidente coincidencia.
Las reformas propuestas se refieren a las atribuciones que tendría la secretaría de energía (Sener). Entre otras, se indica “Promover la participación de los particulares en las actividades del sector … Otorgar y revocar concesiones, permisos y autorizaciones en materia energética … Regular todas las fuentes energéticas alternas a los hidrocarburos”.
Estas propuestas, en las que hay coincidencia (el FAP propone “vigilar” la participación de los particulares pero no niega a ésta) son inconstitucionales. El párrafo cuarto del artículo 27 constitucional indica que las actividades del sector energético “corresponden a la nación” mediante el dominio directo; el párrafo cuarto del artículo 28 señala que, tanto en el caso del petróleo como de la electricidad, se trata de actividades estratégicas; y, el párrafo cuarto del artículo 25 establece que las actividades “estratégicas” serán llevadas a cabo por el Estado de manera exclusiva. Además, el párrafo sexto del artículo 27 establece que en materia de hidrocarburos, y de energía eléctrica, NO se otorgarán concesiones ni contratos a los particulares.
De manera que, el dictamen que se hará respecto a ésta ley contraviene a la Constitución. En términos constitucionales, la Sener no tiene que “promover” la participación de los particulares, ni otorgar concesiones ni permisos privados, ni tampoco regular a las fuentes alternas de energía. Estas son el carbón, el uranio, la geotermia, el agua, la energía de los océanos, el viento y el Sol, es decir, TODAS, aunque varias ni siquiera están desarrolladas y menos utilizadas en el país.
2- Privatización vía contratismo en Pemex
En la anterior ley, también se le otorgan a la Sener, las atribuciones para “Determinar la plataforma de producción petrolera y el ritmo de reposición de las reservas” y “Determinar las reservas de hidrocarburos”. Estas funciones son actualmente de Pemex, al suprimírselas a la paraestatal se motiva modificar la Ley Orgánica de Pemex.
Lo que más interesa a los privatizadores es separar a Pemex del Estado mediante rl otorgamiento de la llamada “autonomía de gestión”, que incluye a la presupuestal. El PAN tergiversa gruesamente el concepto pero, entre éste partido, el PRI y el FAP, hay coincidencia. El FAP propone, incluso, que esa autonomía se extienda a todas las entidades del sector, algunas sumamente endeudadas y con carencia de recursos propios.
Otro aspecto de interés es el gobierno corporativo para Pemex, en el cual también hay coincidencia de todos los partidos. La discusión está en la integración del Consejo de Administración. El PAN propone la incorporación de 4 consejeros “independientes”, que el PRI llama “profesionales” y el FAP “ciudadanos”. Nadie objeta a estos “consejeros”, la diferencia está en si son nombrados por el Ejecutivo federal, como propone el PAN, o sin son ratificados por el Senado, como proponen el PRI y el FAP. Estos creen que los senadores son garantía de “algo”. Al momento no hay acuerdo pero se trata de algo menor y meramente formal.
Al PRI y al PAN les interesa, también, mantener en el Consejo a 5 consejeros designados por los charros del sindicato petrolero. El FAP propone que sean 2 trabajadores sindicalizados. La discusión no ha concluido pero se torna irrelevante si se enfatiza el número, lo importante sería que no estuvieran los charros pero, eso, nadie lo ha propuesto.
De mucha importancia es lo relacionado con los contratos que Pemex puede realizar, contraviniendo la Constitución. Todos están de acuerdo en que haya contratos. El FAP “por prudencia”, según declaró uno de sus “expertos”, no eliminó el contratismo solamente propuso que se diera “preferencia” (sic) a contratistas “de nacionalidad mexicana”.
Para que no se oiga a privatización, cuya fea palabra molesta los oídos de todos los legisladores, no hay aún acuerdo al respecto. El PAN propone abiertamente a los contratos de riesgo, aunque jamás menciona esa otra fea palabra; el PRI dice que no pero termina proponiendo ese tipo de contratos e, incluso, el mismo FAP que los niega pero no es congruente.
Más aún, el PAN, el PRI y el FAP proponen que haya contratos SIN licitación, con el pretexto de la excepcionalidad, para que sean otorgados por invitación o adjudicados de manera directa. En NINGUN caso se rechazan los inconstitucionales contratos, la diferencia está en las modalidades y procedimientos administrativos. Para salvar sus diferencias, los senadores están pensando en definir un capítulo “especial” donde NO prohibirán los contratos sino, solamente, los sujetarían a supuestas reglas. Eso es inconstitucional y significa privatización.
Todos los partidos declararon a los medios que “no habrá contratos de riesgo y se propondrá un nuevo modelo de contratos”. Ya acordaron al respecto y, en ningún caso, se oponen a los contratos, solamente proponen un modelo donde podrían caber todos.
Están pendientes, las propuestas del PAN para que los particulares puedan participar en la refinación del petróleo crudo, el transporte, distribución y almacenamiento de productos petrolíferos y petroquímicos, así como la utilización del sistema nacional de ductos. El PRI está de acuerdo en la participación de terceros en esas actividades pero, a través de la multitud de filiales en que pretende dividir a Pemex. El FAP no está de acuerdo en ninguno de esos casos.
3- Proceso de trabajo petrolero fragmentado
Lo que hará Pemex no será lo indicado por la Constitución sino lo que “abarca” la industria petrolera, definida en términos de las propuestas del Tratado de Libre Comercio (TLC) y afirmado por las contrarreformas de 1992 a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE) y, de 1995, a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo (LRRP), que ahora se reafirman. En eso hay coincidencia de todos los partidos.
De esta manera, en el dictamen sobre la LRRP que se prepara, la privatización de la llamada petroquímica “secundaria” continuará y lo relativo a la distribución, transporte y almacenamiento de gas natural, y distribución y transporte de gas LP por medio de ductos, también. Esto significa AVALAR al TLC en materia de energía y petroquímica, así como, a la privatización eléctrica y petrolera en marcha.
En la LRRP, el PAN propone fraccionar más aún a la industria petrolera, lo mismo el PRI pero a través de las filiales de Pemex. Seguramente, acordarán seguir la vía de los contratos. Precisamente, en lo concerniente al contratismo, hay acuerdo de todos.
Respecto a los permisos privados a los particulares, también hay acuerdo. Todos proponen que, Pemex, “estará obligado a prestar a terceros el servicio de transporte y distribución por medio de ductos”. El PAN propone que la Sener establezca “la regulación en materia de exploración y explotación de hidrocarburos”. En esto coincide el PRI.
4- La privatización furtiva se declara impune
Con base en lo anterior, la concreción de la privatización estaría a cargo de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), que haría la “regulación” de todas las fuentes de energía alternas a los hidrocarburos, además, de las actividades de generación eléctrica y las del gas natural.
El PAN propone que esta Comisión se encargue de “regular” la privatización de la refinación del petróleo crudo, el almacenamiento, transporte y distribución de productos petrolíferos y petroquímicos e, incluso, de agrocombustibles. El PRI, a través de las filiales de Pemex, prefiere que sea mediante contratos con terceros.
Sin embargo, todos coinciden en que la CRE siga otorgando permisos privados a las transnacionales. Reiteramos que, al 10 de septiembre de 2008, la CRE ha otorgado 736 permisos vigentes a los particulares, lo que significa que el 48.3% de la generación eléctrica, total a nivel nacional, ya es privada. Esto significa la desnacionalización de la industria eléctrica de los mexicanos pero a NINGUN partido les dice NADA.
Al respecto, el FAP propone únicamente que la CRE “presente un informe” de los permisos otorgados. ¿De qué sirve ese informe si de lo que se trata es que no otorgue permisos? Más aún, los otorgados deben cancelarse por inconstitucionales. Pero, NADIE, dice nada.
5- Regulación (privatización) de los hidrocarburos
En la quinta Ley, el dictamen que se prepara se refiere a la Comisión del Petróleo, según la llama el PAN, Comisión Nacional Reguladora del Petróleo según el PRI y, ahora, Comisión Nacional de Hidrocarburos. El FAP no propone ninguna Comisión, sino un Consejo Nacional de Energía para participar en las actividades de planeación energética.
De acuerdo al PAN y al PRI, ésta Comisión determinaría la plataforma de producción de petróleo crudo y el ritmo de reposición de las reservas, cuantificar las reservas, proponer los parámetros técnicos para la los proyectos de inversión en exploración y producción de hidrocarburos, otorgar permisos (sic) para exploración y explotación de hidrocarburos.
Estas facultades, independientemente del nombre de la Comisión, significan “autorizar” la privatización del petróleo de los mexicanos. Los senadores se aprovecharán de lo “acordado” en el artículo 33 de la Ley de la Administración Pública, con relación a las atribuciones de la Sener, en
las cuales TODOS los partidos están de acuerdo. La Sener, simplemente, delegaría sus atribuciones en dicha Comisión.
Análisis:FTE