Muchos de los guatemaltecos que se convirtieron en refugiados fruto de su larga guerra civil siguen siendo hoy apátridas.
Por Óscar Gil-García*
Durante más de una década he dirigido investigaciones en La
Gloria, México, el mayor de estos asentamientos, cerca de la frontera de
Guatemala. Actualmente, debido a las estrictas leyes de naturalización, es
estimado que hasta 27,000 guatemaltecos a lo largo de México siguen siendo
apátridas. A su vez, muchos refugiados guatemaltecos han emigrado a Estados
Unidos, sólo para enfrentar políticas igual de draconianas.
En 2007, comencé un proyecto fotográfico-documental con mi
hermano, fotógrafo Manuel Gil. Nuestro objetivo era conocer los desafíos que
estas personas enfrentan como refugiados apátridas después de más de 30 años, y
el impacto que las políticas de inmigración tienen sobre sus familias. Esto es
lo que encontramos.
Apátridas en México
En 2014, Gaspar Félix Juan, un líder comunitario de La
Gloria, me pidió ayuda para obtener el estatus legal de varios guatemaltecos
apátridas en México. El fin de un programa de legalización (1995-2005) en
México para los refugiados que huyeron de la guerra civil de Guatemala dejó a
muchos sin documentos legales. Muchos de ellos viven en comunidades,
ex-asentamientos de refugiados, en todo el estado sureño de Chiapas. En
colaboración con la abogada mexicana Julia Torres, presentamos una queja al
gobierno mexicano en relación con el retraso prolongado en los procesos de
naturalización. Y también solicitamos la legalización de 26 demandantes.
María Miguel Pedro, una de las demandantes, tenía 86 años en
ese momento. Madre de cinco hijos y abuela de 40 nietos (todos nacidos en
México), ha permanecido apátrida en México durante más de 30 años. En 2016,
sufrió un derrame cerebral que la dejó paralizada y muda. La falta de
documentos legales limita su acceso al sistema de salud pública. Por lo tanto,
confía en su frágil marido de 90 años de edad (que sí tiene documentos
mexicanos) para obtener medicamentos asequibles.
Foto: Angel Pascual Francisco sentado.
Otro peticionario, Ángel Pascual Francisco, es padre de
cuatro hijos. Dos de ellos viven en Estados Unidos. Cuando le pregunté por qué
no se unió a ellos, dijo: “Tengo miedo de que me capturen ingresando a los
Estados Unidos, y como no tengo ningún documento que identifique mi origen
nacional, me da miedo que me envíen a Guatemala”.
Cuando se le preguntó qué era lo que alimentaba ese terror,
él respondió: “Cuando era pequeño vi a mi padre, a mi hermana (embarazada) y a
un hermano menor (de cinco años) asesinados en Guatemala”.
Este violento episodio continúa atormentando a Ángel, quien
sufre de ansiedad y depresión. Recibir documentación mexicana le permitiría a
Ángel viajar y buscar empleo en México sin temor a ser deportado a Guatemala.
Los exiliados guatemaltecos, a pesar de carecer de
documentos legales, han construido conexiones con sus cónyuges y familias
establecidas en México y Estados Unidos. En contraste con la usual cobertura
mediática que describe a los migrantes como una amenaza, nuestro trabajo
intenta representar a los exiliados guatemaltecos con un foco de dignidad.
Esperamos demostrar que, al igual que millones de migrantes en todo el mundo,
estas personas buscan un sentido de pertenencia en su nación receptora.
Estos retratos son parte de una historia más grande sobre la
compleja relación de México con las poblaciones indígenas y migrantes.
Desde su fundación, el gobierno mexicano promovió
activamente políticas de inmigración que favorecieron la entrada de inmigrantes
blancos de Europa. El gobierno mexicano también alentó la emigración durante el
siglo XX, impulsada por las políticas de Estados Unidos y la demanda de mano de
obra. Estas políticas de inmigración informaron cómo el gobierno mexicano
recibió refugiados guatemaltecos.
Un año antes de que la guerra en Guatemala terminara, el
gobierno mexicano anunció un programa de naturalización, pero no fue hasta 2001
que México redujo los requisitos para la entrada legal y proporcionó visas
temporales a los refugiados guatemaltecos. Sin embargo, las restricciones de
viaje y empleo de estas visas agravaron la pobreza entre los refugiados. La
investigación ha demostrado que la mala administración burocrática socavó el
programa de legalización de México. La salida de ONGs y agencias humanitarias
que apoyaban a los refugiados disminuyó la presión política sobre el Estado
mexicano para apoyar a los refugiados. De esta forma, el gobierno puso fin al
programa de legalización en 2005.
Pero la violencia y la inseguridad en Guatemala desde la
guerra siguen empujando a la gente a huir, y evitan que muchos de los que
huyeron durante la guerra regresen.
Estados Unidos también ha promovido medidas draconianas
contra la inmigración. Como declaró el Consejo Americano de Inmigración: “Se
han creado nuevas clases de ‘delitos’ que se aplican únicamente a los
inmigrantes (a través del estatuto jurídico). En definitiva, los propios
inmigrantes están siendo criminalizados (por delitos menores)”. Esto ha
impulsado una tasa desproporcionada de deportaciones de guatemaltecos. Varios
de los apátridas que conocimos durante nuestra investigación vivieron con la
amenaza de ser deportados, o se enfrentaron a una orden de deportación de EU.
Foto: Amalia Manuel Pedro y su familia. Autor: Manuel Gil.
Una de estas personas es Amalia Manuel Pedro. En 2006, Pedro
fue detenida en un allanamiento en el lugar donde trabajaba y fue acusada de
robo de identidad. Fue deportada de Estados Unidos a México. Su esposo y su
hijo, Gaspar Jr. se reunieron con ella en Chiapas, convirtiéndose ‘de facto’ en
deportados, ya que la deportación de facto se produce cuando los padres llevan
a su hijo con ellos cuando son deportados. Un estudio del Pew Hispanic Center
estima que algunos de los 500,000 niños nacidos en Estados Unidos registrados
en el Censo mexicano de 2010 habían acompañado a México a los padres enviados
por las autoridades de Estados Unidos.
Gaspar Jr. enfrentó obstáculos en la obtención de servicios
sociales en México. Esas dificultades han sido identificadas por otros jóvenes
ciudadanos estadounidenses que “pueden ser sujetos a mayores dificultades
económicas; una red social de seguridad más débil; dificultades en la escuela;
y, potencialmente, la amenaza de inestabilidad social y peligro físico”. La
situación de apátrida de Amalia, que está en curso, la hace vulnerable a otra
deportación de México.
Las políticas de Estados Unidos que crearon la situación de
Pedro, cada vez más informan la aplicación de prácticas policiales en las zonas
fronterizas en México. Y la fortificación de la frontera sur de México
dificulta las opciones disponibles para las personas que huyen de la violencia.
La política exterior estadounidense ha buscado reforzar las
medidas de seguridad bilaterales. Como resultado, México deportó a más de
165,000 personas de Guatemala, Honduras y El Salvador en 2015: el doble del
número de deportaciones de Estados Unidos a estos países.
El clima poco acogedor es aún más significativo para los
migrantes apátridas e indígenas. Mientras que nuestra petición para obtener
documentación mexicana para los 26 apátridas que huyeron del conflicto militar
guatemalteco fue aprobada a fines de 2016, su aspecto indígena todavía los
relega en la sociedad mexicana. Como resultado, varios de ellos todavía pueden
ser objeto de intimidación por parte de agentes de migración, entre quienes se
ha detectado que discriminan a indígenas y agravan las violaciones de derechos
humanos en México. Este estado hostil ha provocado a las organizaciones de
derechos humanos a pedir que se condicione la financiación estadounidense para
fortalecer las fronteras de México con el fin de proteger los derechos de los
migrantes.
Este artículo fue originalmente publicado en The
Conversation.
*Óscar Gil-García es catedrático de la universidad de
Binghamton en Nueva York, experto en migración internacional, con enfoque en
México, Centro América y EE.UU.