Hace siete años, el 27 de noviembre del 2009, el defensor ambiental Mariano Abarca Roblero, miembro de la Red Mexicana de Afectados por la minería (REMA), fue asesinado a balazos por luchar contra la contaminación del agua en su municipio de Chicomuselo, Chiapas, causada por la minera canadiense Blackfire. Quienes le quitaron la vida fueron trabajadores de dicha empresa que en ese entonces extraía barita en la mina Payback en el ejido de Grecia y sentía sus intereses amenazados por la tenaz resistencia del pueblo de Chicomuselo a su proyecto de muerte, liderada por el querido activista de 49 años.
Año tras año, como Otros Mundos A.C./REMA, hemos denunciado la impunidad en la que permaneció este vil crimen, y, desgraciadamente, 2016 no será una excepción: siete años no bastaron al sistema judicial mexicano para condenar a sus autores.
El día de hoy, ningún responsable del asesinato, ni material ni intelectual, se encuentra en la cárcel. Desde el inicio del proceso de investigación, cuatro personas, todas exempleadas de Blackfire, fueron detenidas y luego liberadas: Ricardo Antonio Coutiño Velasco, sobrino del actual gobernador de Chiapas Manuel Velasco; Caralampio López Vazquez, contratado como guarda espalda del expresidente municipal de Chicomuselo, Raúl Fuéntes Gutiérrez, después de su liberación; Jorge Carlos Sepúlveda Calvo; Luis Antonio Flores Villatoro, quien había mandado a Mariano a la cárcel en 2009 después de haber interpuesto una demanda contra él a nombre de la empresa por haber bloqueado el paso de sus máquinas.
A pesar de la profunda tristeza que sentimos como compañeros de lucha de Mariano ante la violación de nuestro derecho a la verdad y a la justicia, aseguramos que no pararemos de buscar la condena de los autores materiales e intelectuales del crimen, por todos los medios, junto con sus familiares. Exigimos a las autoridades de procuración y administración de justicia del estado de Chiapas y de México que cumplan con su deber en lugar de obedecer a las presiones de los políticos corruptos y al poder corporativo. Así mismo, denunciamos la corrupción que gangrena el sistema político mexicano, así como el cabildeo ilegal operado por las empresas canadienses en nuestro país, que ha permitido que el expresidente municipal de Chicomuselo, Julio César Velázquez Calderón, se haga complice del asesinato de Mariano, recibiendo 20.000 dólares canadienses por parte de la Blackfire por ayudarla a desarrollar su proyecto minero.
Llamamos una vez más al presidente de la República Enrique Peña Nieto y al Gobernador del Estado de Chiapas Manuel Velasco Cuello, así como a las autoridades canadienses, al ministro de Relaciones exteriores y al ministro de Justicia de ese país, a que no dejen el asesinato de Mariano en la impunidad. Es tiempo de actuar, para que el asesinato de defensore/as de la biodiversidad, de los derechos humanos y de la vida que resisten al modelo extractivo en México y el mundo (Noé Vázquez Ortiz en Veracruz, Berta Cáceres en Honduras…), no se vuelva un método legal de las empresas para imponer sus proyectos.
Las autoridades deben poner un fin a la represión hacia los y las defensores/as orquestada por las empresas a lo largo del país. En la zona costa de Chiapas, el Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de Junio, miembro de la REMA, sufre de criminalización y de intentos de división por parte de la empresa “El Puntal” S.A. de C.V. por impedir el paso de sus maquinas hacia su mina de titanio “Casas Viejas”, por comprobar que está explotando de manera irregular. En el estado de Colima, la defensora Esperanza Salazar, también miembro de REMA, tuvo que huir ante serias amenazas de muerte tras largos años de lucha contra la minería. Estos son solo algunos ejemplos de la persecución que viven los y las defensore/as del agua, las montañas y la tierra en México por parte de las empresas y los gobiernos. Ya es tiempo que los gobiernos defiendan los derechos humanos antes de los intereses del sector privado para que estos actos no se repitan.
Exigimos justicia para el esclarecimiento del asesinato del compañero Mariano Abarca y justicia para su familia.
Exigimos la cancelación de las 99 concesiones mineras en Chiapas.
Exigimos el cierre definitivo de los actuales proyectos de explotación minera en el estado.
OTROS MUNDOS A.C./AMIGOS DE LA TIERRA MÉXICO
RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA)