Trasnacionales mineras: violencia y saqueo a cambio de “limosnas”
Indígenas de la Sierra Norte de Puebla permanecen en “alerta” ante el posible regreso de la minera de origen chino JDC Minerals, que obtuvo la concesión de las autoridades mexicanas para la explotación de 100 hectáreas de su territorio; no así la aprobación de la comunidad nahua que en noviembre de 2012 logró expulsar a los empresarios. Ésta es una de las 392 concesiones otorgadas por la Secretaría de Economía en Puebla. La Auditoría Superior de la Federación documentó que en el sexenio de Calderón el pago por derechos mineros significó sólo el 2.2 por ciento de las ganancias de las trasnacionales. En tanto, la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México indica que la recaudación impositiva, puesta en vigor en enero pasado, es insuficiente. La minería se ha convertido en un sector de saqueo, daños ambientales y división social, señalan defensores ambientalistas
Tlamanca, Zautla, Puebla. Les dieron 24 horas para salir; ése fue el ultimátum. La población de esta comunidad nahua había acordado que, una vez transcurrido el tiempo de tolerancia, cerrarían caminos. Nadie, en lo absoluto, proveería de alimentos a los empresarios chinos que habían llegado 3 meses atrás para extraer el oro de la región.
El repudio se leía en pancartas, se escuchaba en los gritos que clamaban la expulsión de los mineros; en el rostro de miles de hombres y mujeres que marcharon por algunos kilómetros desde el centro de la comunidad de Tlamanca a la entrada de la empresa JDC Minerals, el 22 de noviembre de 2012.
“Nos reunimos unas 8 mil personas de las 32 comunidades del municipio”, recuerda Esteban González Hernández, habitante de esta localidad y uno de los impulsores a la oposición del proyecto minero.
Esteban, quien trabaja en el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural como promotor en agricultura, relata a Contralínea que, en un principio, los empresarios se instalaron con cierto sigilo en la construcción de la vieja mina La Lupe, abandonada a mediados del siglo pasado. Los pobladores veían a ingenieros recoger muestras de tierra y rocas. Nadie informaba nada.
Poco a poco se fueron acercando a la autoridad local (actualmente destituida): Felipe García Martínez, juez de paz suplente. Intentaron convencerlo de que con su proyecto se traería progreso a la zona; caminos, agua potable, empleo y hasta un hospital.
La irrupción de JDC Minerals
Los representantes de JDC Minerals interrumpían las asambleas comunitarias para presentación de diapositivas, donde mostraban los “beneficios” y la inversión que traerían, así como el panorama de un proyecto extractivo responsable con el medio ambiente. Sólo algunos les creyeron.
La evidencia de que su propuesta tenía mucho de engaño fue la deforestación de uno de los cerros de Tlamanca. “Mucha gente empezó a decir: ‘no estamos nuevos, sabemos cuánto tarda un árbol en crecer y los árboles de nuestro cerro no los vas a tener en 1 año, van a ser fácil unos 20 o 25 años y ya no habrá agua’”, recuerda Esteban.
El proceso de expulsión duró 3 meses; inició el 27 de octubre de 2012 y culminó el 22 de noviembre tras decidirlo en varias asambleas comunitarias, donde los impulsores y autoridades exponían los efectos de la minería en el medio ambiente y la salud humana.
—¿Hay riesgo de que regrese la minera?
—Todavía. Sí, pensamos que va a regresar. Aunque está suspendido [el proyecto], no se tiene la seguridad porque la concesión está vigente para 50 años, apenas tiene 2 o 3 años que la han autorizado. Entonces, tanto tiempo de vigencia permite que en cualquier momento regrese.
Ricardo Abad Rojas, juez de paz adjunto de Tlamanca, recuerda: “Simbólicamente clausuramos a la empresa; ya habíamos escuchado toda su mentira. Les metimos presión porque se elaboró un acta en la que el pueblo pedía que se fueran. El documento especificaba que tenían 24 horas para abandonar el lugar.
“Se acerca con nosotros el encargado de personal de la mina y nos dice: ‘Señores, he visto que el asunto está muy feo; de forma personal voy a renunciar: yo me retiro, la empresa también me mintió como contratista, me dijo que ya contaba con los permisos de Sagarpa [Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación], Profepa [Procuraduría Federal de Protección al Ambiente]’. No se había otorgado el uso de suelo”, relata Ricardo.
El hombre de oficio vidriero dice que no tiene estudios, como la mayoría de la población: “Ni la primaria concluida. Aprendí a leer y escribir en la escuela nocturna, cuando tenía 9 años y vivía en la Ciudad de México”.
Sin embargo, dice, “dentro de lo que alcanzo a comprender, sé que no quiero ver las cosas por un recurso inmediato, hay que ver el mañana no a cambio de dinero y sí de un buen patrimonio como lo es la tierra. No quiero que mis hijos tengan un Tlamanca muerto.
“Aquí la gente emigra porque el campo no da suficiente; aquí se cosecha frijol, maíz, durazno, manzanas. Soñamos con ser comerciantes de manzana y hay que cuidar la tierra”, comenta.
Los Indicadores sociodemográficos de la Secretaría de Desarrollo Social muestran que en 2010 se contabilizaron 10 mil 863 personas en este municipio, de las cuales, el 79.3 por ciento se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema. El 28 por ciento de su población no tiene acceso a la educación, en tanto que el 53.1 por ciento no cuenta con ningún servicio de salud.
Las concesiones en Puebla
Mientras los pobladores de Tlamanca buscaban la expulsión de los mineros, en los archivos del Sistema de Administración Minera (Siam), de la Secretaría de Economía, se mantenía el registro de la concesión a la empresa asiática JDC Minerals bajo el título “216 mil 370, en una superficie de 100 hectáreas y para la explotación de oro, plata, cobre y zinc”.
Datos del Siam indican que Puebla tienen concesionadas 211 mil 576 hectáreas mediante 392 títulos. En estas comunidades la mayoría de la población es indígena, vive en un “alto” grado de marginación y se dedica a la producción agrícola. La llegada de las trasnacionales ha significado división y afrenta.
El Estudio de la minería en México. Un estudio comparado con Canadá –publicado en noviembre pasado por la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México (CDPIM)– revela que el 4 por ciento del territorio indígena nahua que se encuentra en San Luis Potosí, la Sierra Norte de Puebla y el Norte de Veracruz (con una superficie de 948 mil 680 hectáreas) ha sido concesionado a la industria minera, es decir, 38 mil 313 hectáreas.
“Siguen abiertas las venas de América Latina”, dice Gustavo Castro, director de la organización ambientalista Otros Mundos, quien comenta a Contralínea que uno de los puntos a favor que tienen los pueblos es que cada vez hay mayor participación y resistencia ante la llegada de las empresas mineras, el despojo y la contaminación que estas producen.
“La minería es el megaproyecto de mayor concesión de territorio; por ello hay que construir resistencias, pero también alternativas de vida distintas, alternativas locales que les permita sobrevivir [a las comunidades indígenas] y desarrollar proyectos productivos; con esto los empresarios no podrán engañar a las poblaciones ofreciendo progreso y desarrollo”, agrega el ambientalista.
Los focos rojos
La defensa de su medio ambiente y recursos naturales provoca división entre éstos y aquellos que creen que con la llegada de las corporaciones también vendrá “el desarrollo”, prometido en los discursos de las explotadoras de metales preciosos.
Por ello, municipios poblanos también figuran como focos rojos en el conflicto minero.
En abril de 2013, Contralínea documentó la existencia de 35 conflictos en todo el país por la presencia de corporaciones mineras, de acuerdo con datos del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) y un análisis de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), entre ellos figuraba el provocado por la china JDC Minerals (edición 331).
OCMAL también registra en Puebla el conflicto en Tetela de Ocampo, donde la minera Frisco, del empresario Carlos Slim, ha ocasionado división y deterioro ambiental en esta comunidad. Este proyecto también fue denunciado en el marco del Encuentro de Pueblos en Resistencia contra el Modelo Extractivo Minero, llevado a cabo el 15 de marzo pasado.
Con él, también se denunció la problemática que ha dejado la minería en los municipios poblanos de Ixtacamaxtitlán, Zacatlán, Libres, Cuetzalan, Zacapoaxtla, Olintla, Tlatlauquitepec, Teziutlán y Huauchinango. Así como a nivel nacional, en estados como Colima, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Jalisco, Estado de México, Guerrero y Guanajuato.