La actual legislación minera mexicana promueve y justifica el despojo a la nación de casi todos los recursos minerales y su entrega al capital transnacional, a cambio del saqueo generalizado y la depredación ambiental. “Rescatar” a la minería nacional implica su nacionalización. Lograrla es tarea del pueblo organizado y movilizado, ningún candidato ni partido político lo hará.
¿Reformas a la ley minera?
En San Luis Potosí, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y otras partes, diversas comunidades han sido afectadas por la explotación minera transnacional, principalmente canadiense y norteamericana. En varias partes del país se ha organizado la resistencia. En algunos casos, la respuesta de las corporaciones ha sido violenta y criminal.
En la ciudad de México, “colectivos opositores a la megaminería tóxica en el país buscarán que los candidatos a la Presidencia de la República y al Congreso se comprometan a modificar la ley minera –principal instrumento que permite el despojo de las tierras de los pueblos, ejidos y comunidades y legaliza el saqueo de nuestros recursos– para terminar con los privilegios de las empresas concesionarias, en su mayoría extranjeras, una vez que asuman sus cargos” (Díaz A., en La Jornada, 21 abr 2012).
Se dijo que “buscarán tres cambios fundamentales en la legislación: que en el artículo sexto se elimine el carácter de utilidad pública a la actividad minera, se consulte a los pueblos y comunidades de la región antes de otorgar concesiones y se apliquen impuestos a las empresas concesionarias.
Señalaron que “este carácter de utilidad pública lleva a que, si los dueños legítimos de un territorio no están de acuerdo con la actividad minera, se proceda con la ocupación temporal, la expropiación forzosa u otras formas de despojo”.
Mencionaron que “esta actividad privada sólo efectúa un pago simbólico de entre cinco y 111 pesos por hectárea concesionada (al año), sin pagar ningún otro impuesto”.
También dijeron que “según datos de la Secretaría de Economía (SE), el año pasado hubo una producción de 5 mil millones de dólares y pagaron 50 millones de dólares por concepto de concesiones, es decir, uno por ciento”.
Ley minera lesiva a la nación
La actual legislación minera es completamente antinacional, en favor del capital. Es la forma jurídica para la entrega impune de los recursos minerales a las corporaciones transnacionales.
Modificar esa ley es una necesidad. Lo que señalan los afectados es correcto. Pero es necesario ir al fondo del asunto. No es suficiente hacerle reformas a la actual legislación minera.
La ley secundaria debe ser abrogada en su totalidad y sustituirla por una nueva.
Si en lo inmediato fuera posible reformarla sería un avance. Actualmente, el gobierno federal otorga concesiones mineras a cuanta transnacional lo solicita. Primero les ofrece os datos geológicos de la región indicándoles la información sobre la oportunidad de los proyectos, sin importar dónde se localicen, afectando manantiales, bosques, flora y fauna, así como a las propias poblaciones.
Las concesiones se otorgan con solo pedirlas. La propia Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha reportado que las corporaciones pagan una ínfima cantidad, eluden el pago de impuestos y, en cambio, obtiene exorbitantes ganancias al extraer los minerales y comercializarlos en el extranjero, principalmente, los metales preciosos.
Cuando el gobierno otorga concesiones mineras procede a la expropiación de los terrenos “por causa de utilidad pública”, despojando a sus legítimos poseedores. Ese despojo ocurre sin que los poseedores se enteren, obviamente jamás son consultados. De esta manera, las transnacionales mineras pasan literalmente sobre comunidades enteras.
La expropiación “por causas de utilidad pública” es la consecuencia del otorgamiento de concesiones privadas. Es importante suprimir esa figura expropiatoria, también es importante que exista la consulta pública, así como el pago de impuestos, derechos y aprovechamientos.
Sin embargo, más importante es eliminar las causas. En materia minera y metalúrgica NO debe haber concesiones privadas. Tampoco es suficiente que las transnacionales paguen impuestos o derechos por otros conceptos. Las corporaciones tienen capacidad para hacerlo y siempre será en forma magra, incomparable con las ganancias obtenidas.
¿Por qué se otorgan concesiones mineras? Precisamente, porque la propia Constitución política del país lo permite. La ley minera, varias veces reformada regresivamente, especialmente durante el salinato, no es sino el instrumento privatizador basado en lo dispuesto constitucionalmente. Actualmente, no existe el dominio de la nación sobre los minerales. Además, con la privatización de la tierra, se incluye también la privatización de las aguas, los bosques y los recursos minerales.
Fue Pancho Villa, en el contesto de la expedición punitiva de Pershing, luego de la invasión villista a Columbus, quién propuso por vez primera la nacionalización de la minería.
Eso es lo correcto y el FTE de México ha recogido tal propuesta y la promueve en términos precisos.
Esta nacionalización tiene tres banderas principales:
1- La propiedad colectiva de la nación sobre todos los recursos minerales y su aprovechamiento social,
2- Una política minero- metalúrgica independiente que implique la utilización racional de los recursos minerales, con arreglo a un plan estratégico en la materia y,
3- la integración del proceso de trabajo mineralúrgico, a través de un solo organismo público de alcance nacional, bajo el control obrero de la producción y la vigilancia social que empieza por la consulta pública e incluye la socialización de la renta minera nacional.
Esto es, debe procederse a la expropiación del capital minero-metalúrgico y sin indemnización, toda vez que el capital se ha adueñado en plan de conquista de los recursos naturales mineros desde hace 500 años.
La tares no es sencilla pero es necesaria. Medidas aisladas podrían significar un avance relativo pero el patrimonio colectivo siempre quedaría en manos de las corporaciones. La consulta local es limitada porque el gobierno en turno y las transnacionales siempre empiezan dividiendo a las comunidades y reprimiéndolas, en la indefensión total.
La resistencia contra la minería transnacional no se puede realizar con éxito en el aislamiento porque se fragmenta la lucha, mientras el capital actúa unificadamente a nivel nacional. Es necesario articular tal resistencia con una visión nacional, organizándonos territorialmente, en una lucha entrelazada enmarcada en un programa común.
Candidatos privatizadores
Las elecciones presidenciales dan motivo para varias cosas pero no para recuperar la soberanía mineralúrgica. Nadie pretende expropiar al capital. El candidato del PRI ya anunció que va por la privatización de Pemex y de la industria eléctrica nacionalizada. La candidata del PAN es privatizadora dogmática a priori.
“El candidato presidencial del PRD-PT- MC, Andrés Manuel López Obrador, se pronunció por el rescate de la industria minera nacional y mantener el petróleo como propiedad de la nación” (Notimex, en La Jornada, 21 abr 2012).
¿Qué quiere decir AMLO con “rescatar” a la industria minera nacional? ¿Expropiarla? ¡Jamás! AMLO es incapaz de tocar al capital transnacional. Lo ha dicho reiteradamente. Para este candidato, lo privatizado ya está privatizado y así seguirá.
El mismo 18 de marzo anterior, aniversario de la expropiación petrolera dijo que “respetará” los contratos petroleros ya otorgados. Lo dijo sabiendo que se trata de contratos anticonstitucionales, por tratarse de contratos para la exploración y producción de hidrocarburos, otorgados a transnacionales.
En materia eléctrica, el 50% de la capacidad de generación total a nivel nacional está a cargo de transnacionales con infraestructura industrial totalmente privada. La privatización incluye al viento y al agua, a través de 670 permisos privados otorgados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE). ¿Se expropiarán las 28 centrales privadas, con 75 unidades generadoras? ¿Se expropiarán a las demás centrales y centralitas fraudulentas? AMLO ni lo piensa.
“Su compromiso será poner al 100 por ciento todas las plantas generadoras de energía eléctrica”, acaba de declarar. ¿A qué plantas se refiere? Las que opera la CFE han venido envejeciendo y su factor de capacidad está abajo del 100% así operasen con la mayor eficiencia. Las plantas nuevas son privadas. ¿De qué serviría que operen a su máxima capacidad si no son nuestras y, más bien, son las causantes de la desnacionalización eléctrica con todas sus nefastas consecuencias?
En el caso de la minería, la “recuperación” nacional implica, precisamente, la nacionalización o, al menos “estatización”, de la industria mineralúrgica. Pero AMLO no plantea ese “rescate” ni siquiera ha explicado qué entiende por “recuperar” a la minería “nacional”.
No es lo mismo la minería “nacional” que la minería “de la nación”. La primera significaría la “mexicanización” de la minería, a cargo del capital nacional, privado y/o estatal; la segunda, implicaría rescatar el dominio de la nación sobre la minería y su explotación a cargo exclusivo del Estado.
Aún con sus limitaciones, la “mexicanización” o “estatización” implicaría la cancelación de las actuales 25 mil concesiones mineras otorgadas a las transnacionales o, al menos, una parte. Sin embargo, AMLO ha reiterado que de ganar la elección presidencial “no expropiará” a ningún sector.
La “recuperación” de la que habla AMLO, entonces, no pasa de una expresión mediática. De manera que carece de sentido pedirles a los candidatos que reformen correctamente a la actual legislación minera. De hacerlo, sería para agravar más la situación.
Nacionalización de la minería y la metalurgia
La alternativa que propone el FTE de México es la articulación de las luchas locales en un movimiento nacional por la nacionalización de la minería y la metalurgia, en un accionar político independiente. Los partidos políticos electoreros, todos, han dado innumerables muestras de traición a la nación. En el actual proceso electoral no hay prácticamente nadie que garantice la defensa de la misma. Esta tarea corresponde al pueblo organizado y movilizado, especialmente a los trabajadores mineros, quienes tienen la desgracia de seguir secuestrados en sus propias organizaciones sindicales, cada vez más corroídas por el charrismo sindical.
Promover la lucha en el plano legal es solamente una de las formas. Otras vertientes se relacionan con la política mineralúrgica independiente, el proceso de trabajo mineralúrgico, la acción organizada a nivel nacional y la práctica política basada en la independencia de clase. Es decir, necesitamos de la lucha entrelazada en los planos jurídico, técnico, social, organizativo y político a escala nacional e internacional.
