CONGRESO
NACIONAL SE NIEGA A DISCUTIR EL PROYECTO
DE LEY DE MINERIA
CON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES
La Coalición Nacional de Redes
Ambientales y Sociales contra la Minería a Cielos Abiertos y el Comité
Ambientalista del Valle de Siria, denunciamos la negativa del gobierno y
de
manera particular del Congreso Nacional, a escuchar y atender las
demandas de
la sociedad civil, con relación al proyecto de Ley de Minería.
Miedo a la transparencia y diálogo con el pueblo
La
Comisión de Minería, presidida por el diputado Donaldo Reyes Avelar, se
comprometió en mayo del 2011, ante representantes de más de 20
organizaciones
sociales y ambientales de todo el país, a discutir ampliamente los
contenidos
del proyecto de Ley, previo a su aprobación por el pleno de la Cámara
Legislativa.
Pero
durante los meses siguientes, lejos de cumplir con su palabra, este
parlamentario se dedicó a denigrar a los organizaciones ambientalistas,
expresando en reiteradas ocasiones que las denuncias sobre los daños
ocasionados
por las empresas mineras carecían de fundamento, exhibiendo
desconocimiento de los
sendos expedientes que existen en la Fiscalía del Ambiente, y en las
Secretarías
de Recursos Naturales y de Salud.
Para
muestra un caso: El 13 de diciembre del año 2011 se presentó reclamo
administrativo ante la Secretaria de Salud, solicitando “se declare
la zona del Valle de Siria en emergencia sanitaria, que se
atienda en forma inmediata a los afectados por metales pesados, se
proceda a
realizar nuevos análisis médicos y que
se considere el resarcimiento de daños y perjuicios”.
En
reiteradas oportunidades, nuestras organizaciones exigieron el dictamen
elaborado por la Comisión de Minería, y nuestra demanda fue desatendida
siempre
por su presidente, el diputado Donaldo Reyes Avelar, bajo
el argumento que el mismo no estaba
concluido aún.
A
finales de enero del 2012 y luego de una fuerte presión nacional e
internacional hacia la Presidencia del Congreso, el diputado Juan
Orlando
Hernández “autorizó” la entrega de
una copia del Proyecto a las organizaciones sociales. En esta ocasión
nuevamente
los diputados Donaldo Reyes Avelar y Rolando Dubón Bueso, se
comprometieron a
realizar un foro con amplia participación de las organizaciones sociales
y con
la presencia de los medios de comunicación como testigos.
Bajo
ese compromiso, nos dimos a la tarea de estudiar cuidadosamente el
proyecto de
Decreto y le comunicamos a la presidencia del Congreso y de la Comisión
de Minería
que teníamos serias divergencias con el dictamen parlamentario, y
propuestas alternativas,
porque bajo su redacción actual, la
nueva Ley de Minería, sería más lesiva, permisiva y entreguista que la
vigente.
Pese
a reiteradas solicitudes para reunirnos durante los últimos meses, la
Comisión
de Minería ha hecho oídos sordos a nuestras exigencias, demostrando que
su
palabra no tiene ningún valor, y la ausencia de compromiso con los
intereses del
pueblo; lo cual contrasta con la posición asumida cuando las demandas
son
hechas por el gremio minero nacional y los inversionistas extranjeros,
con
quienes al parecer, si están dispuestos a consensuar el contenido de la
nueva
Ley de Minería.
La intolerancia de los dictaminadores al
disenso con su posición es de tal gravedad, que el propio vicepresidente
de la
comisión, diputado Marcio Vega Pinto, denunció recientemente a Reyes
Avelar y Dubón Bueso, por haberlo
excluido de las reuniones de trabajo y aseguró que han sesionado en
secreto
fuera de Tegucigalpa, para elaborar el dictamen sin la participación de
algunos
miembros de la comisión.
Honduras al mejor postor
Mientras
el Congreso rehúye dialogar con las organizaciones sociales, el ministro
de la Recursos
Naturales (SERNA), Rigoberto Cuellar, junto al actual director de
DEFOMIN y ex
Fiscal Especial del Ambiente, Aldo Santos, viajaron a Canadá, para
promover las
“bondades del proyecto de Ley de Minería”,
en la convención anual de inversionistas mineros, realizada
recientemente en
Toronto.
La
SERNA también firmó un Acuerdo de Cooperación con el gobierno canadiense
y con
el Ministerio de Minas de Chile, para que les “asesoren” sobre los
contenidos y
las formas de implementación de la ley de minería.
Cerrar
las puertas a la participación ciudadana y abrir la puerta a gobiernos
extranjeros para que le den el visto bueno a la ley de Minería es un
acto que
viola la soberanía nacional, porque hace participes de la creación de
leyes
nacionales a gobiernos extranjeros.
Lo
antes expuesto, sólo nos confirma lo que siempre hemos sabido: “Que
existe un plan premeditado y calculado,
para cerrar las puertas, los oídos y los ojos al reclamo del pueblo y a
los
graves problemas que viven las comunidades donde hay proyectos mineros
en
marcha; mientras se abren las puertas a una nueva fase de destrucción
masiva de
nuestros recursos que con seguridad generaran mayor pobreza, agotamiento
de los
recursos naturales, enfermedades y muerte, por las decisiones de
funcionarios
inescrupulosos y desalmados, que al facilitar la entrega de nuestro
territorio
y nuestros recursos a las transnacionales mineras, están condenando a la
presente
y futuras generaciones”.
Reyes
Avelar y Rolando Dubón Bueso, se han confabulado con los funcionarios de
SERNA
y DEFOMIN, para cabildear una Ley de Minería lesiva a los intereses del
pueblo
Hondureño, lo que sin lugar a ninguna duda, dará paso a una mayor
conflictividad en nuestras comunidades, dispuestas a hacer lo que sea
necesario
para defender sus territorios, sus recursos y sus medios de vida, ante
el
despojo que significa la llegada de corporaciones transnacionales
mineras,
amparadas bajo la ley que estos personajes están dispuestos a aprobar, a
espaldas del pueblo Hondureño.
Como
organizaciones sociales, exigimos al Congreso Nacional, dejar a un lado
su
prepotencia, e iniciar un proceso abierto y transparente de
participación, en
el que la ciudadanía Hondureña tiene mucho que aportar.
Finalmente
queremos insistir en que nuestras comunidades han expresado su intención
de
defender sus recursos naturales frente a las explotaciones mineras,
forestales
e hidroeléctricas; por tanto: responsabilizamos al Congreso nacional y
al Poder
Ejecutivo de los conflictos que con seguridad surgirán, al aprobarse al
margen
de la voluntad popular, una ley de minería que desconoce y niega los
derechos
humanos básicos de nuestra población.
Tegucigalpa
M.D.C. 23 de abril del 2012
COALICIÓN NACIONAL DE
REDES
AMBIENTALES Y SOCIALES CONTRA LA MINERÍA A CIELO ABIERTO Y COMITÉ
AMBIENTALISTA
DEL VALLE DE SIRIA RESUMEN CASOS ENFERMOS DEL VALLE DE SIRIA