LA RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA) EXIGE JUSTICIA ANTE EL ASESINATO DEL COMPAÑERO BERNARDO VAZQUEZ SANCHEZ EN OAXACA.
El Centro Mexicano de Justicia Ambiental con
sede en la ciudad de León, Guanajuato, miembro de la
coordinación nacional de la RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA exige
justicia sobre el asesinato de Bernardo Vasquez y suscribe en todas sus
partes el siguiente comunicado:
Dr. Raúl Plascencia Villanueva, Presidente de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, México.
Senadora Rosario Ibarra
de la Garza, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del
Senado, México.
Diputado Manuel Cadena Morales , Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Cámara de Diputados, México.
Dr. Alejandro Poiré Romero, Secretario de Gobernación, México.
Lic. Gabino Cue Monteagudo, Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca
Lic. Manuel de Jesús López López , Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca.
Lic. Oscar Cruz López, subsecretario de gobierno y desarrollo político. Correo Electrónico Oficial.
Lic. Manuel de Jesús López López, Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca.
Lic. Emanuel Castillo Ruiz . Coordinador General de Asuntos jurídicos del Estado de Oaxaca.
Mtra. Eréndira Cruz Villegas, Comisionada para los Derechos Humanos del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Oaxaca
Dr. Heriberto Antonio García , Defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.
Diputado Manuel Cadena Morales , Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Cámara de Diputados, México.
Dr. Alejandro Poiré Romero, Secretario de Gobernación, México.
Lic. Gabino Cue Monteagudo, Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca
Lic. Manuel de Jesús López López , Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca.
Lic. Oscar Cruz López, subsecretario de gobierno y desarrollo político. Correo Electrónico Oficial.
Lic. Manuel de Jesús López López, Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca.
Lic. Emanuel Castillo Ruiz . Coordinador General de Asuntos jurídicos del Estado de Oaxaca.
Mtra. Eréndira Cruz Villegas, Comisionada para los Derechos Humanos del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Oaxaca
Dr. Heriberto Antonio García , Defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.
El Centro Mexicano de Justicia Ambiental con
sede en la ciudad de León, Guanajuato, miembro de la
coordinación nacional de la RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA exige
justicia sobre el asesinato de Bernardo Vasquez y suscribe en todas sus
partes el siguiente comunicado:
LA RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA) EXIGE JUSTICIA ANTE EL ASESINATO DEL COMPAÑERO BERNARDO VAZQUEZ SANCHEZ EN OAXACA.
BASTA DE CONDUCTAS CRIMINALES Y COMPLICIDADES ENTRE MINERA CANADIENSE Y FUNCIONARIOS LOCALES Y ESTATALES
Regresaban a su ciudad de San José del Progreso, Ocotlán, Oaxaca, después de un dialogo para obtener respuesta a la problemática creada por la empresa minera con funcionarios del gobierno del Estado de Oaxaca, cuando fueron atacados por sicarios en el crucero de Santa Lucía, Ocotlán y Bernardo Vázquez S. fue asesinado con armas de fuego.
La Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) exige al gobierno del Estado y al gobierno federal de México justicia ante este artero asesinato de un activista comunitario más; cuya voz, en este caso, fue representar la justa demanda de poner alto a las violaciones al derecho cometidas por la empresa minera canadiense Fortuna Silver Mines, lo mismo que a la corrupción aceptada por el Presidente Municipal de San José del Progreso (Alberto Mauro Sánchez) y la presunta connivencia de funcionarios estatales.
Solicitamos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, lo mismo que Legisladores Federales del Congreso, tome cartas en asunto y promuevan la investigación del asesinato y del intento de asesinato, cometido contra estos ciudadanos oaxaqueños, pues los crímenes previos de Bernardo Méndez Vásquez y de Bety Cariño, vinculados con el nefasto binomio de las empresas mineras y la corrupción gubernamental estatal han quedado impunes.
Volvemos a exigir a los funcionarios del Estado que cumplan su obligación de investigar a fondo, e impartir justicia. La credibilidad se agota y su oportunidad de demostrar que son capaces de impartir justicia pronta vuelve a estar en entredicho.
La opinión pública está cada día más informada de la frecuente conducta ilícita de empresas mineras, lo mismo que de la complicidad de funcionarios gubernamentales con esas empresas, y cada día también crece la justa demanda de poner fin a esa conducta y a la impunidad que la propicia y prolonga.
¡Pongamos un alto a la impunidad juntando nuestras voces!
¡Fuera la Minera Fortuna Silver Mines de San José del Progreso, Oaxaca!
Coordinadores Nacionales de la Red Mexicana de
Afectados por la Minería