El atentado se produjo el pasado sábado cuando alrededor de 300 campesinos debatían sobre la tenencia y la demarcación territorial de la mina de Winchumayo y la mina de Valencia en el distrito de Ayapata, ambas en la provincia de Carabaya, en Perú. Los pobladores del sur de la nación latinoamericana desde hace años luchan por reivindicar su propiedad en las minas.
El ataque de un grupo de encapuchados armados contra una asamblea campesina en el marco de un litigio de tierras donde se ubican yacimientos mineros en Puno, sureste andino de Perú y frontera con Bolivia, dejó un saldo de al menos 10 muertos y varios heridos, informaron el domingo fuentes policiales.
Los hechos se produjeron el pasado sábado cuando alrededor de 300 campesinos debatían sobre la tenencia y la demarcación territorial de las minas de Winchumayo localizada en el distrito puneño de Ituata y la mina de Valencia en el distrito de Ayapata, ambas en la provincia de Carabaya, la catedral de la minería informal en el sureste de la nación latinoamericana.
Según el ministro de Interior, Octavio Salazar, en declaraciones a un medio local "hay cinco heridos", pero dijo que no podía confirmar fallecimiento alguno.
Contraria a la versión oficial pobladores del lugar han confirmado las muertes a la prensa local y han suministrado los nombres de los fallecidos en el apartado caserío de Chacayaje, distrito de Ituata.
Según Leoncio Huamaní Condori, habitante de la zona, alguno de los fallecidos son Jorge Beltrán, Cristóbal Ramos, Ricardo Cámac y Gabriel Barraza.
El jefe policial de Puno, general Oracio Antonio Wivin, citado por El Comercio, se mostró cauto y señaló: "La versión relacionada a los muertos no podemos afirmar ni negar".
"Estamos a la espera de los fiscales penales para hacer las investigaciones del caso", agregó.
Cabe resaltar que el atentado ocurrió en una zona del Perú donde sus pobladores luchan por reivindicar su propiedad desde hace años, situación que ha presentado dificultades porque los yacimientos están en distritos con problemas territoriales.
El pasado mes de junio los campesinos del sureste de esa nación realizaron una huelga , en rechazo a una serie de decretos gubernamentales, como la derogatoria de la ley de aguas, que declara a ese recurso como patrimonio nacional y establece las prioridades de su uso, y la anulación de las concesiones mineras en esa región.