No hubo consulta. El Ejército se llevó secuestrados a los miembros del Gobierno hondureño, incluido su presidente, que fue expulsado a Costa Rica. La derecha, apoyada por el Supremo, aceptó su «renuncia» y nombró sustituto.
| TEGUCIGALPA
El Ejército hondureño hizo honor a su terrible historial y protagonizó un golpe de Estado contra el poder legítimo logrando así su objetivo de impedir la celebración de una consulta popular convocada para abrir las puertas a la refundación del país centroamericano.
Escasas horas antes de que se abrieran las urnas para la consulta habilitante de cara a un referéndum para establecer una Asamblea Constituyente, cuatro comandos de unos 200 soldados secuestraron al presidente, Manuel Zelaya, en su domicilio en la colonia de Tres Caminos, en Tegucigalpa, a donde había ido a pasar la noche por primera vez desde que estalló la crisis política, a mediados de la semana pasada. Algunas fuentes aseguraron que uno de los guardaespaldas del presidente fue acribillado a tiros.
El presidente fue trasladado a una base aérea desde la que fue embarcado en un avión con destino a San José, Costarrica.
Ocho ministros detenidos
No fue el único detenido. Ocho ministros fueron secuestrados, entre ellos la canciller, Patricia Rodas, capturada por soldados encapuchados cuando se hallaba en su residencia en compañía de los embajadores de Nicaragua, Mario Duarte, Cuba, Juan Carlos Hernández, y Venezuela, Armando Laguna.
Pese a que en un principio se incluyó a estos dos últimos entre los secuestrados, el embajador venezolano en Honduras, Armando Laguna, narró que aunque «en un principio fuimos retenidos y golpeados» por los soldados, éstos sólo se llevaron con destino a una base militar a Patricia Rodas, quien poco antes había reclamado en entrevista al canal Telesur el apoyo internacional contra la asonada y había llamado al pueblo hondureño a concentrarse ante el Palacio Presidencial.
Este último llamamiento fue secundado por miles de hondureños, que se concentraron frente a la sede, ocupada por centenares de soldados. Tras el secuestro del presidente, el Ejército ordenó interrumpir simultáneamente las emisiones de radio, que se sustituyeron con llamamientos a la población para que permaneciera en sus casas, intercalados con la programación de música marcial.
Ya entrada la mañana, el Ejército sacó los tanques a la calle. Grupos de personas trataban de impedir el paso de los convoyes militares improvisando barricadas con lo que tenían a mano.
Los helicópteros sobrevolaban la capital, donde eran visibles varias columnas de humo.
Diversas agencias aseguraron que la Policía trataba de reprimir las protestas, cada vez más multitudinarias, en torno al Palacio Presidencial. La primera dama de Honduras, Xiomara de Zelaya, contactó telefónicamente con la agencia Efe desde «las montañas del oriente» donde se hallaba escondida por temor a ser secuestrada. La compañera del presidente se había trasladado la víspera a la ciudad oriental de Catacamas, de donde es oriunda, para encabezar ayer la abortada «consulta popular».
El propio Zelaya narró desde San José que fue víctima de un secuestro brutal. «Me sacaron en pijama (...) aquí estoy, en Costa Rica, en pijama todavía, y sin calcetines», añadió.
Detrás del golpe
Los militares no están sólos y cuentan con el apoyo de la oligarquía y de sus representantes en el Parlamento y en la judicatura del país.
Convocado en sesión extraordinaria por la oposición derechista, el presidente del Congreso, Roberto Micheletti, fue nombrado presidente interino después de que los congresistas presentes aceptaran una supuesta renuncia de Zelaya, desmentida tajantemente por el destituido presidente desde su exilio en Costa Rica.
El Tribunal Supremo anunció en un comunicado hecho público por un diaro que autorizó «la detención del presidente Manuel Zelaya en defensa del imperio de la Constitución».
VENEZUELA
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, puso al Ejército en estado de alerta y advirtió de que cualquier acto violento contra la Embajada en Honduras o su embajador será respondido con «la guerra» .
Emplazamiento a EEUU para que «aclare que no está detrás» de la asonada militar
El presidente, quien horas antes de su secuestro y expulsión había dado por fracasado el intento de golpe de Estado por la negativa de EEUU a apoyarlo, llamó desde San José a la población a llevar a cabo una campaña de desobediencia civil pacífica contra el gobierno usurpador e instó a la comunidad internacional a que ponga todo su empeño en la restitución del orden y el Estado de Derecho.
Más en concreto, Zelaya exigió a la embajada de EEUU en Honduras que «aclare que no está detrás» de la asonada militar.
La Casa Blanca señaló, como no podía ser de otra forma, que no tiene nada que ver con el golpe de Estado. No obstante, la reacción equidistante del presidente de EEUU no pasó desapercibida. Barack Obama mostró su «gran preocupación» por las informaciones sobre el «arresto y expulsión» de Zelaya y apeló, salomónico o con una ambigüedad calculada, «a todos los actores políticos» de Honduras «a respetar las reglas democráticas y la ley».
Horas después, la secretaria de Estado de EEUU, Hillary Clinton, fue más contundente y afirmó que el desenlace de la crisis «viola los preceptos de la Carta Democrática Interamericana y debe ser condenado por todos».
En una reacción similar, la UE se olvidó de condenar textualmente el golpe de Estado, aunque sí condenó la «detención» de Zelaya y exigió su puesta en libertad inmediata.
Lejos de contemporizar, la Organización de Estados Americanos (OEA) condenó sin paliativos el golpe de Estado, al igual que el presidente de la Asamblea General de la ONU, el nicaragüense Miguel D' Escoto.
El presidente de Venezuela, Hugo Chaves, calificó el golpe de Estado de «troglodita» y alertó que «llegó la hora del pueblo» y de los movimientos sociales de ese país centroamericano.
Los gobiernos boliviano, argentino, brasileño y ecuatoriano denunciaron sin ambages la asonada militar.
La iglesia católica salvadoreña pidió ayer oraciones para que la paz vuelva a Honduras. El Partido Comunista de Chile exigió al Gobierno de Michelle Bachelet «un decidido apoyo al Estado de Derecho» en Honduras.